Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129109
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja articulada a favor de Miguel Ángel Loza, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.109-RQ, caratulada: "Loza, Miguel Ángel s/ Recurso de queja en causa N° 75.008 del Tribunal de Casación, Sala II",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de mayo de 2017, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley deducidos contra su propio decisorio que, a su vez, desestimó el recurso de casación articulado frente al fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes que confirmó el auto dictado por el Juzgado de Garantías departamental que no hizo lugar a la eximición de prisión solicitada a favor de Miguel Ángel Loza (v. fs. 2/5 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, el señor defensor particular del nombrado doctor Martín Roberto Barcala Vadillo- articuló recurso de queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 70/78 vta.).
En primer lugar, efectuó una reseña de los antecedentes de la causa y recordó que en el recurso extraordinario había tildado de arbitraria la declaración de inadmisibilidad del recurso casatorio (v. fs. 71 vta./73). Asimismo, transcribió los argumentos expuestos en las vías de nulidad (v. fs. cit. y vta.) inconstitucionalidad (v. fs. 73 vta./74 vta.) e inaplicabilidad de ley (v. fs. cit./75 vta.), como así también el dispositivo de la decisión ahora impugnada (v. fs. cit.).
De seguido, efectuó diversas consideraciones respecto a la diferencia entre admisibilidad y procedencia del remedio, aludió al contenido del art. 486 del Código Procesal Penal y afirmó que el Tribunal de Casación Penal asimiló erróneamente el análisis de admisibilidad con el estudio de la suficiencia del medio judicial impugnativo que fuera empleado, soslayando de plano el hecho de que sólo se encuentra facultado para analizar los recaudos formales del recurso interpuesto, no así para evaluar la suficiencia técnica del mismo (v. fs. 76 y vta.). Aclaró que esto último implicaría estudiar la viabilidad o no del planteo de fondo, la cuestión federal alegada (v. fs. cit.).
Por último, citó el fallo de este Tribunal "Pradena Millán, Heriberto" y alegó que el órgano judicial encargado de realizar el análisis de admisibilidad del recurso interpuesto en el caso sobrepasó dicha potestad e ingresó al estudio de fundabilidad del mecanismo impugnativo empleado, facultad que se encuentra vedada para el propio órgano judicial que decidió desestimar el recurso (v. fs. 77/78).
III. La queja no prospera (art. 486 bis, CPP).
1. El Tribunal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad.
En cuanto al primero de los citados, señaló que las críticas esgrimidas por el recurrente lejos estaban de estructurarse de acuerdo a las disposiciones contenidos en los arts. 161, 168 y 171 de la Constitución provincial y 491 del Código Procesal Penal (v. fs. 4). En este carril, explicó que la naturaleza de los reclamos dirigidos contra la decisión de ese Tribunal reafirma que no han sido encuadrados en los taxativos supuestos que la Constitución de la provincia y el Código Procesal Penal establecen para el mencionado recurso (v. fs. cit. y vta.).
En segundo orden, y en lo vinculado a la vía de inaplicabilidad de ley, analizó la existencia de algún planteo federal y, en su caso, la suficiencia de su formulación, a fin de superar el obstáculo formal del art. 494 del Código Procesal Penal. Así, afirmó que si bien el recurrente había expresado la naturaleza constitucional de los agravios, no habían sido presentados con aptitud para abrir la instancia extraordinaria (v. fs. 4 vta.). Explicó que la defensa obvió el desarrollo de una crítica razonada y concreta de los argumentos expuestos para desestimar el recurso de casación, limitándose a sostener la afectación de derechos constitucionales ante la decisión adversa. En consecuencia, quedaba sin establecerse la relación directa e inmediata entre lo decidido en el fallo de ese Tribunal, del que la defensa se desentendió, y las garantías constitucionales invocadas en la articulación extraordinaria (v. fs. cit.).
Por último, aclaró que la vía extraordinaria de inconstitucionalidad se encontraba dirigida a cuestionar las limitaciones procesales establecidas por el art. 494 del Código Procesal Penal y, no habiendo sido las mismas un obstáculo para verificar la admisibilidad de los planteos constitucionales desarrollados, el remedio articulado carecía de contenido correspondiendo su desestimación (v. fs. 5).
2. Respecto a las vías extraordinarias de nulidad e inaplicabilidad de ley conforme la reseña efectuada precedentemente- se desprende que el motivo basal por el cual el órgano obturó el acceso a esta Suprema Corte radica por un lado- en la ausencia de una causal propia de la vía receptada en el art. 491 del Código Procesal Penal, y por el otro- en la insuficiencia del planteo federal respecto al carril del art. 494 del citado código.
Frente a ello, por un lado, la parte dirigió sus esfuerzos a efectuar una reedición textual de los planteos llevados en las mismas, lo que per se configura una técnica inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (arts. 486 y 486 bis del CPP).
Y, por el otro, denunció sin efectuar ningún desarrollo vinculado a la desestimación de las vías interpuestas- exceso en la jurisdicción, no observándose en el presente que el a quo hubiera avanzado más allá de las facultades conferidas en el marco del art. 486 del Código Procesal Penal.
Cabe agregar que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal extremos respecto de los cuales se expidió el a quo- es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P.125.455, resol. de 13-V-2015, P. 125.523, resol. de 20-V-2015, P. 125.506, resol. de 3-VI-2015, P. 125.630, resol. de 17-VI-2015, P. 125.577, resol. de 17-VI-2015, e.o.).
Por último, se aprecia respecto al recurso extraordinario de inconstitucionalidad- que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la sede casacional basó la inadmisibilidad de la impugnación extraordinaria deducida.
IV. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja articulada a favor de Miguel Ángel Loza, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia