Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128655
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Víctor Gabriel Gallo, con costas (art. 486 bis , CPP).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.655-RQ, caratulada: "Gallo, Víctor Gabriel s/ Recurso de queja, en causa n° 75.648 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Víctor Gabriel Gallo, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Mercedes, que lo había condenado a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, por hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo en concurso ideal con abuso de arma calificado por cometerse para consumar el robo, procurar impunidad y contra un miembro de la fuerza policial por su función, en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal (v. fs. 30/34 vta.).
II. Frente a ello, el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- articuló recurso de queja (v. fs. 38/46 vta.).
En primer lugar, señaló el cumplimiento de los recaudos formales y reseñó los antecedentes relevantes de la causa (v. fs. 38/40 vta.).
Con respecto a la fundabilidad, alegó que el remedio fue erróneamente desestimado, toda vez que, si bien sus agravios no referían a la ley sustantiva, resultaba aplicable al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Christou" y "Di Mascio". Asimismo, tachó de arbitraria la denegatoria por fundarse aparentemente y mediante fórmulas genéricas y abstractas (v. fs. 40 vta./41 vta.).
En ese discurrir, expuso que el reclamo se hallaba en condiciones de acceder a conocimiento del cimero Tribunal, en tanto los planteos referían a la vulneración -por parte de la casación- al derecho a obtener una revisión del fallo por parte del Superior, en razón de que no se brindó acabada respuesta a los embates defensistas, a la vez que reiteró la violación a los principios non bis in ídem y culpabilidad por el acto (v. fs. 41 vta.).
Agregó que tal cuestión de naturaleza federal se vinculaba de manera directa con la solución del caso, que algunas de las infracciones federales fueron oportunamente planteadas en el recurso casatorio y otras, en cambio, se originaron con la decisión de aquella instancia, y -finalmente- recalcó la actualidad del gravamen (v. fs. cit./42).
De seguido, sostuvo que el a quo formuló una serie de consideraciones dogmáticas que no se condicen con las constancias de la causa, y defendió su propia interpretación restrictiva ingresando impropiamente en aspectos que exceden el juicio de admisibilidad conferido por el art. 486 del Código Procesal Penal, desnaturalizando su función. Al efecto, citó lo resuelto por este Cuerpo en P. 85.977 (v. fs. 42 vta./44).
Insistió en que la sede intermedia, pese a que los reclamos esbozados sobre la valoración de "la peligrosidad" y "el disparo del arma" como circunstancias agravantes poseían fundamentos claramente diferenciables, brindó una única respuesta que en sustancia no satisface la debida fundamentación que deben contener los pronunciamientos judiciales (v. fs. 44 vta.).
Adunó que el ensayo extraordinario detallaba que el órgano de mérito había incurrido en una doble valoración de una misma circunstancia, pues el juzgador consideró que "disparar el arma" configuraba una conducta típica -abuso de arma agravado- y una agravante del robo (v. fs. cit.).
En ese derrotero, postuló que la valoración de la peligrosidad a fin de agravar la sanción contrarió el principio de culpabilidad por el acto (v. fs. cit./45).
Finalmente, reiteró que la casación desestimó los planteos mediante la implementación de afirmaciones genéricas y dogmáticas, en contraposición a lo resuelto por esta Corte en P. 126.975-RQ, y requirió la declaración de inconstitucionalidad de las limitaciones contenidas en el art. 494 del digesto adjetivo (v. fs. 45/46).
III. La queja no prospera (art. 486 bis , CPP).
1. La Casación desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley pues juzgó que, ausentes los recaudos específicos del art. 494 del Código Procesal Penal, sólo la introducción de una cuestión federal suficientemente planteada lograría franquear el valladar objetivo, de conformidad con los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la Corte federal, situación que no observó en la especie (v. fs. 31 vta./32 vta.).
Así, básicamente, expuso que la defensa no consiguió demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que estimó comprometidas en tanto sus críticas se vinculaban con temáticas de índole procesal y de derecho común, impropias -por su naturaleza- de una eventual cuestión federal (v. fs. 32 vta.).
Asimismo, entendió que la parte no había efectuado un planteo suficiente en el marco de la doctrina de la arbitrariedad y recordó el carácter excepcional de la misma, con cita del precedente "Gobet" del cimero Tribunal (v. fs. 33 y vta.). En ese discurrir, razonó que el impugnante "se limitó a expresar su disconformidad con lo resuelto sin refutar de modo concreto y razonado el fundamento del decisorio en crisis" (fs. cit./34).
2. De lo reseñado no se advierte que el tribunal intermedio se haya excedido en el control de admisibilidad.
Antes bien, examinó los presupuestos del citado art. 494 pero, no hallándose reunido el monto sancionatorio allí descripto, pasó al análisis de las cuestiones de pretensa índole federal que entendió no debidamente articuladas en el caso, tópico sobre el cual se sustentó el juicio de admisibilidad negativo y que la defensa -en la presente vía de hecho- no controvierte eficazmente.
Ello pues dedicó sus esfuerzos a insistir en que el recurso extraordinario portaba embates de naturaleza federal, aptos -desde su óptica- para el ingreso a conocimiento de esta Corte.
Y es que cuando el remedio local sólo se sustenta en agravios de tal índole, sobrepasando las exigencias de admisibilidad de la ley ritual, deben hallarse exteriorizados con suficiencia los recaudos que permitirían sortear con éxito su acceso a la instancia prevista en la ley 48 (arts. 14 y 15), pues únicamente así los planteos son aptos para previamente ser resueltos por este Tribunal (conf. Ac. 100.210, resol. del 14-XI-2007; e.o.).
3. Por lo demás, cabe recordar que "el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN, Fallos t. 310:234), y más allá de su discrepancia, no se pone en evidencia la existencia de esos graves defectos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Víctor Gabriel Gallo, con costas (art. 486 bis , CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia