Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129284
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta a favor de David Darío Arias, con costas (art. 486 bis del CPP).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 129.284-RQ, caratulada: "Arias, David Darío s/ Recurso de queja en causa N° 75.964 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, el 27 de abril de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de David Darío Arias contra la decisión de ese mismo órgano que confirmó la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Martín que había condenado al nombrado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por hallarlo autor de los delitos de homicidio agravado por la causa en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego, los que concurren a su vez en forma material con robo calificado por el uso de arma de fuego (v. fs. 61/63 vta.).
Para así resolver, sostuvo que si bien se encontraba abastecido el requisito relativo al monto de pena, no ocurría lo propio con el vinculado a la índole de los agravios, en tanto los reclamos de la parte se dirigían a cuestionar temáticas de corte probatorio.
Luego, se abocó al tratamiento de los planteos federales (conf. "Strada", "Christou" y "Di Mascio", CSJN). En ese escenario, indicó que la defensa se había limitado a discrepar con el análisis de la prueba y los argumentos dados en el fallo para sostener la calificación de la condena; por tal motivo, entendió que no había logrado acreditar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso.
Destacó que la Sala había expuesto acabadamente los fundamentos que la parte no se había ocupado de controvertir, los que apuntalaron el razonamiento elaborado para desestimar la pretensión. Concluyó que bajo el ropaje de una cuestión federal se desarrollaron embates relativos a normas procesales, atacando aspectos vinculados a la valoración de la prueba, que por su naturaleza estaban relegados de la instancia federal (art. 15 ley 48) -v. fs. 61/63 vta.
II. Frente a ello, el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- dedujo queja (v. fs. 67/73).
Refirió que el a quo se extralimitó en sus facultades, resolviendo cuestiones de procedencia del recurso (v. fs. 69 y vta.).
Indicó que -contrariamente a lo afirmado en el auto denegatorio- el recurso extraordinario no portaba un planteo liso y llano de valoración probatoria discrepante, sino que se denunció la ausencia de una verdadera revisión amplia sobre la acreditación o no del elemento subjetivo del art. 80 inc. 7° del Código Penal, no a partir de una interpretación divergente de la prueba, sino por la ausencia probatoria y consecuente arbitrariedad. A ello adunó que la determinación de si se ha demostrado o no la relación directa e inmediata entre el derecho al recurso y lo resuelto en el caso, correspondía a esta Corte (v. fs. 69 vta.).
De seguido indicó que el órgano casatorio defendió su sentencia y se expidió de un modo genérico y dogmático, pues no indicó cuáles fueron los fundamentos que la parte no rebatió (v. fs. 70).
Denunció que en autos se efectuó una aparente valoración de los aspectos probatorios, puntualmente en torno a la subsunción de los hechos en la figura de homicidio agravado prevista en el art. 80 inc. 7° del Código Penal en relación con la falta de comprobación de la ultraintención típica subjetiva. Dijo haber expuesto que ninguno de los testigos cercanos al hecho pudieron observar la secuencia en la que se produjeron los disparos y la sustracción, no pudiendo reconstruir la mecánica del hecho de modo de deducir la ultraintencionalidad subjetiva contemplada por el art. 80 inc. 7°, entendida por la doctrina como un momento especial del ánimo que excede el dolo (v. fs. 70 y vta.).
Concluyó que el a quo vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en el marco de la garantía de la revisión amplia del fallo de condena (arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP) negándole la posibilidad de conocer argumentos válidos y coherentes por los cuales fuera subsumida su conducta en el art. 80 inc. 7° del Código Penal (v. fs. 72 y vta.).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis CPP).
Si bien de la reseña efectuada en el punto I se advierte que -tal como lo puso en evidencia el quejoso- el Tribunal revisor efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del art. 486 del Código Procesal Penal, el juicio negativo debe ser confirmado.
En rigor, el órgano casatorio desestimó el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley con fundamento en la falta de suficiencia y carga técnica necesaria de las pretensas cuestiones federales, por considerar que las críticas se limitaron a esbozar un criterio divergente con la valoración de la prueba sin refutar lo resuelto en el caso, omitiendo realizar una crítica razonada y precisa del decisorio atacado.
Frente a ello, las alegaciones de la parte no resultan eficaces a efectos de demostrar que los argumentos expuestos en el recurso extraordinario local (v. fs. 54/60) trascendieran de un mero criterio discordante con la valoración de la prueba ponderada para tener por acreditado el elemento subjetivo del tipo penal endilgado (art. 80 inc. 7° del Cód. Penal) y configuraran cuestiones de cariz federal desarrolladas con la carga técnica necesaria, vinculadas directamente con lo debatido y resuelto (v. sentencia de casación de fs. 41/51), para así sortear la inadmisibilidad decretada.
En ese escenario, cabe concluir que la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el a quo (conf. arts. 486 y 486 bis, CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta a favor de David Darío Arias, con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia