Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128800
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Leonardo Ezequiel Bueno, con costas (arts. 486, 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa 128.800-RQ, caratulada: "Bueno, Leonardo Ezequiel S/ Recurso de queja en causa N° 75.118 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV"
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 14 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de esa Sala que rechazó el remedio de la especialidad incoado contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 9 del Departamento Judicial Lomas de Zamora que había condenado a Leonardo Ezequiel Bueno a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con encubrimiento, éste último en calidad de autor (v. fs. 33/35 vta.).
Para así resolver, frente a la denuncia de errónea revisión de la sentencia en cuanto a la ausencia de fundamentación del quantum punitivo y a la incorrecta aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, luego de hallar cumplidos los recaudos de los arts. 482, 483, 484 y 486 del Código Procesal Penal, el a quo estimó que la pretensión defensista no abastecía los requisitos propios de la vía impugnativa prevista por el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 33 vta.).
En esa senda, recordó que la sanción impuesta al encausado era de nueve años de prisión, y que -además- no se vislumbraba elemento alguno que hiciera presumir la existencia de causa federal suficiente, arbitrariedad o gravedad institucional, toda vez que de su contenido se desprendían "cuestionamientos meramente dogmáticos" que no resultaban susceptibles de ser abordados a través del remedio de inaplicabilidad de ley.
Puso de resalto que tales extremos no se abastecían con la simple referencia a mandatos de raigambre constitucional como marco de una reiteración meramente dogmática de las objeciones formuladas en las instancias anteriores "sin ocuparse de realizar una crítica concreta y razonada del resolutorio cuya impugnación (…) pretende, sino que requieren por parte del recurrente, un fundamento expreso que permita verificar adecuadamente la acreditación de una causal federal suficiente que habilite la intervención de esta instancia, situación que en ‘sub lite’ no se advierte".
Razonó de seguido que tampoco se efectuó un planteo federal suficiente en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias sobre la que la parte edificó su queja, pues no evidenció la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales que se decían conculcadas, la argüida arbitrariedad y lo debatido y resuelto en el mismo (v. fs. 34).
A su vez, destacó que la parte no consiguió demostrar siquiera conjeturalmente que, según el prisma de la pretoriana jurisprudencia del máximo Tribunal, el fallo impugnado pueda subsumirse en un caso de arbitrariedad; toda vez que remarcó que "la mera introducción y el análisis dogmático de su contenido no resulta medio idóneo para dar sustento a la invocación de [tal] caso excepcional" (v. fs. cit.).
Sumó a lo expuesto lo dicho por la Corte federal en la causa "Gobet, Jorge Aníbal, C/ Telefónica de Argentina. ENTEL. Estado Nacional, S/ Accidente de trabajo" (v. fs. 34 vta.).
Como conclusión, afirmó que se mantenía en pie la aplicación de las exigencias contenidas en el art. 494 del Código Procesal Penal por cuanto el reclamo por el cual se invocaba la violación de garantías constitucionales no reunía la suficiencia y carga técnica necesarias que ese tipo de demandas tiene que evidenciar, ello en la medida que los hechos debatidos no tienen vinculación directa con un agravio federal. En efecto, expuso que no se demostró la relación directa e inmediata entre la cláusula constitucional invocada y lo debatido y resuelto en el caso como así tampoco que la decisión impugnada sea contraria al derecho invocado por el recurrente. En consonancia agregó que de los argumentos llevados a su conocimiento no se advertía que el recurrente refute, en forma concreta y razonada, los fundamentos otorgados en el pronunciamiento impugnado a partir de los que instaura su reclamo (v. fs. cit./35).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, articuló recurso de queja (v. fs. 39/47).
Liminarmente destacó que si bien la naturaleza del agravio expresado no se refiere a la ley sustantiva y el monto de la pena impuesta a su asistido es inferior al límite que requiere el art. 494 del Código Procesal Penal para acceder a la competencia apelada de esta Corte, resulta aplicable al caso la doctrina de los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 42).
Consideró que la decisión que origina la presente queja importa una negación de la competencia derivada de aquella doctrina, que priva a este Tribunal de ejercer el rol institucional básico de velar por la supremacía de la Constitución nacional y del bloque federal.
Tacho a la negativa de arbitraria, en tanto se la funda de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas "genéricas y abstractas" (fs. 42 vta.).
Expresó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal -por vía del recurso extraordinario- en atención a que: 1) los agravios postulados en la vía prevista por el art. 494 del Código Procesal Penal son de índole federal, pues se debatió en él que el Tribunal de Casación dictó una sentencia arbitraria en relación al monto de la pena e incumplió el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria, derecho cuya interpretación en su debida extensión fue puesta en juego; 2) las cuestiones federales se vinculan de manera directa con la solución del caso; 3) las mismas fueron oportunamente planteadas; y 4) el gravamen que la decisión origina es actual (v. fs. cit. y vta.).
Arguyó luego que tanto el límite que en razón del monto trae la normativa aludida como el correspondiente a la limitación en razón de la materia "debían ser inaplicados o declarados inconstitucionales frente a las normas federales que [citó]" (v.gr. 5, 31, 75 inc. 12, 116, 121, 124 y cc. de la Constitución nacional) a fin de tutelar los derechos a la no arbitrariedad de las sentencias, la defensa en juicio, el debido proceso y la doble instancia en materia penal (v. fs. 44).
De seguido sostuvo que el órgano intermedio "no sólo aplicó al caso dichas limitaciones de fuente local, sino que luego, para negar la concurrencia de los requisitos exigidos por la doctrina ‘Di Mascio’, formuló una serie de consideraciones dogmáticas e inaplicables" al caso (v. fs. 44 vta.).
Indicó que el Tribunal revisor defendió su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia, ingresando impropiamente en aspectos que exceden el mero examen de la admisibilidad formal del recurso, en tanto importan pronunciarse sobre el acierto o no del contenido de su propia sentencia, actitud que desnaturaliza la función que le asigna el art. 486 del Código Procesal Penal (v. fs. cit.).
En abono de su postura, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analice si ha incurrido en la arbitrariedad que la parte le atribuye pues esa labor resulta reservada al Tribunal superior.
Señaló que el remedio local no sólo portaba la fundamentación mínima requerida sino que también demostraba directamente su procedencia.
Concluyó de tal modo que la decisión en crisis negó de manera arbitraria la concurrencia en el caso de los requisitos que determinan la aplicación errónea de los límites que en razón de la materia impone el art. 494 del Código Procesal Penal, que han de ser inaplicados o declarada su inconstitucionalidad (v. fs. 46).
III. La queja no es de recibo, en tanto de lo reseñado se advierte que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la sede casacional basó la inadmisibilidad de la impugnación extraordinaria deducida.
En efecto, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo, en tanto se limitan a decir que en aquel medio recursivo se hallaban en juego cuestiones federales, que habían sido suficientemente planteadas y que las mismas guardaban relación directa e inmediata con la materia del juicio.
Para más, la parte centra su discordancia en la mera alegación de que el órgano intermedio resolvió a partir de afirmaciones dogmáticas y abstractas, que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
En definitiva, el autor de la queja no logra demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48), falencia sobre la que el auto denegatorio basó su respuesta, sin que la parte se esfuerce en rebatir.
En función de lo indicado, queda sin sustento -también- la mentada arbitrariedad que intentó endilgarle al decisorio en crisis.
Resta señalar que la denuncia de exceso por apartamiento de lo normado por el art. 486 del Código Procesal Penal, tampoco es de recibo.
Ello, en tanto, esta Suprema Corte tiene dicho que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad, y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; causa P. 125.455, resol. de 13-V-2015; P. 125.506, resol. de 3-VI-2015, P. 126.793, resol. de 15-VI-2016; P. 126.939, resol. de 28-IX-2016; P. 127.655, resol. de 21-XII-2016; P. 127.845, resol. de 29-III-2017; causa P. 128.008, resol. de 19-IV-2017; P. 127.870, resol. de 21-VI-2017).
En contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
IV. Por último, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal carece de virtualidad en la medida en que lo decidido no se funda, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se hallan exteriorizados de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Leonardo Ezequiel Bueno, con costas (arts. 486, 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia