Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128819
En la ciudad de La Plata, a 23 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.819, "Torres, Martín s/ Recurso de queja en causa n° 75.755 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de marzo de 2017, desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de ese mismo órgano que rechazó el remedio de la especialidad deducido frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 de Lomas de Zamora que condenó a Martín Torres a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión con efracción y escalamiento en grado de tentativa -causa n° 4.379/6- y homicidio agravado en grado de tentativa en concurso real con robo simple en grado de tentativa -causa n° 4.327/6- (v. fs. 107/110).
El señor defensor particular del nombrado -doctor Lucas Tornini- articuló queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 225/231 vta.). Por resolución del 21 de noviembre de 2018, este Cuerpo admitió la misma y concedió la vía extraordinaria en trato (v. fs. 233/235 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 297/300 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 301, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso deducido, la defensa particular del imputado Martín Torres planteó tres motivos de agravio.
I.1. Por el primero, denunció la inobservancia de los arts. 210 y 3 del Código Procesal Penal por "absurdo" en la valoración de la prueba (v. fs. 94).
Sostuvo que la casación arbitrariamente se desligó de los fundamentos esgrimidos por esa parte, al considerar que los elementos subjetivos que requiere el tipo penal se encontraron presentes al confirmar la sentencia de primera instancia.
Expuso que el señor Monteperto, único testigo presencial del hecho, corroboró la existencia del contacto físico existente entre la víctima y el imputado, pero entendió que en el caso no pudo acreditarse con la precisión necesaria e inequívoca que la intención del acusado fue dar muerte a la víctima, no siendo posible determinar la existencia de un dolo homicida. Indicó que, de los testimonios ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal, no se pudo obtener un relato claro, conteste y objetivo del cual podría extraerse que Torres hubiera tenido la intencionalidad de cegar la vida del señor Bueno (v. fs. 95).
Afirmó que el gravamen estaba determinado no sólo por la existencia de prueba subjetivamente insuficiente, sino por la valoración que de ella se efectuó, arribándose a una infracción inaceptable de las reglas de la sana crítica (v. fs. 95 y vta.).
Alegó que no se pudo acreditar con certeza la faz subjetiva del injusto endilgado debiendo por ello descartarse el dolo homicida.
I.2. Por el segundo, postuló la errónea aplicación del art. 80 inc. 8 del Código Penal y la inobservancia del principio in dubio pro reo (v. fs. 89 y vta.).
Consideró que la agravante del inc. 8 del art. 80 del digesto sustantivo no procedía, toda vez que la intención del imputado fue la de huir para no ser aprehendido y no la de matar (v. fs. 99).
Cuestionó que el tribunal intermedio haya tenido por probada la ultrafinalidad específica del tipo, que es la de conocer que se trataba de un efectivo policial; ello a partir del móvil en el que arribó y por su vestimenta.
En definitiva, estimó que no se hallaba acreditado el elemento subjetivo requerido de causarle la muerte por su condición de policía. De ahí que solicitó que se califique el hecho como constitutivo de homicidio simple en grado de tentativa.
I.3. Por último, alegó la errónea valoración de circunstancias atenuantes de la sanción, conforme los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 100). Entendió violentado también el principio de proporcionalidad con relación al monto de pena impuesto (v. fs. 100 vta.).
Señaló que se plantearon dos atenuantes (entre ellos el buen concepto vecinal) y que no fueron tenidos en cuenta para reducir la sanción.
Asimismo, estimó que no podía valorarse como circunstancia agravante la nocturnidad, desde que no se acreditó que haya sido utilizada en aprovechamiento del encausado a los fines de ingresar a la obra en construcción.
En definitiva, indicó que el juzgador no valoró adecuadamente los aspectos atenuantes de la pena específicamente mencionados por esa defensa y sobrevaloró cuestiones que no tenían que ver directamente con el hecho en cuestión (v. fs. 101).
Concluyó que la pena de quince años aplicada resultaba excesiva en orden a las valoraciones mencionadas.
Peticionó que se revoque la sentencia impugnada, se acoja el cambio de calificación o subsidiariamente se reduzca la sanción impuesta (v. fs. 100 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso articulado (v. fs. 297/300 vta.). Coincido con lo dictaminado.
III.1. El Tribunal de Casación, teniendo en cuenta que el recurrente se quejó de la valoración probatoria efectuada en la instancia de mérito respecto del hecho I, recordó que el sentenciante tuvo por acreditado que "...el día 29 de marzo de 2014, siendo las 02.20 horas aproximadamente, dos sujetos de sexo masculino, identificados como Daniel Alejandro Coquian -ajeno a este pronunciamiento- y Martín Torres, mayores de edad, mediante el empleo de la fuerza, forzando una chapa, ingresaron a la obra en construcción de dos plantas, sita en la calle Gamarra sin número esquina San Martin de la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, con el fin de apoderarse ilegítimamente de herramientas existentes en el lugar, no logrando su designio por razones ajenas a su voluntad en virtud de que alertado de la presencia de los sujetos se hizo presente en el lugar personal policial en móviles identificables, siendo que el oficial de policía Maximiliano Bueno ingresó a la obra en construcción en búsqueda de los sujetos y subió a la terraza de la misma donde Martín Torres, con el fin de lograr su impunidad para sí y para Coquian, no habiendo logrado la comisión del delito antes descripto y con la clara intención de darle muerte, empujó al efectivo policial Maximiliano Bueno desde las alturas, intentando los sujetos darse a la fuga a pie del lugar, no logrando sus designios por razones ajenas a su voluntad; siendo Torres y Coquian finalmente aprehendidos en circunstancias en que huían por una casa lindera" (fs. 77 y vta.).
Señaló que dichas conclusiones se hallaban debidamente motivadas y encontraban adecuado respaldo en las diversas piezas probatorias analizadas. Al respecto encontró que tanto la determinación del hecho, como la participación responsable del encausado hallaban suficiente y racional sustento en la valoración armónica y conjunta del material convictivo que a tales efectos había sido relevado por la primera instancia y que determinaron un plexo probatorio suficiente para otorgar certeza, tanto respecto de los ilícitos como de la autoría responsable del encausado.
Afirmó que el tribunal de grado desarrolló un camino lógico y razonado para acreditar los extremos vinculados a la tentativa de homicidio investigada, fundando las conclusiones a las que arribó en las constancias obrantes en autos y en el texto expreso de la ley, dando con ello adecuado cumplimiento a la obligación que emerge de los arts. 106, 210 y 373 del Código Procesal Penal.
Explicó que el sentenciante fundamentó su imputación en un vasto plexo probatorio integrado por los testimonios de los policías que concurrieron al lugar, Leandro Emiliano Dickinson, Juan Daniel Condori, y del vecino Alejandro Damián Monteperto; el acta de procedimiento que dio inicio a la causa; las placas fotográficas por las que se observó el lugar donde cayó el policía Maximiliano Bueno; las aportadas por la defensa y las que ilustraban los elementos secuestrados; el precario médico que daba cuenta de las heridas sufridas por la víctima; el reconocimiento médico que describía las lesiones; y la pericia médica que llegó a las mismas conclusiones de acuerdo a lo manifestado por el policía Dickinson que manifestó que a la fecha del debate Bueno continuaba postrado en la cama (v. fs. 78 y vta.).
Se remitió -por razones de brevedad- a las declaraciones antes mencionadas aclarando que en tanto fueron prestadas durante el debate oral, ello formaba parte de las específicas facultades del órgano de juicio, como directa consecuencia de los principios de oralidad e inmediación. De seguido las analizó y explicó que "...el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada a ellos por la ley, en tanto encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, por lo que no es posible por la vía casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano, lo cual no se ha logrado comprobar en el sub lite " (fs. 79 y vta.).
De este modo, y en razón de como quedara fijada la materia infraccionaria del hecho recurrido, entendió que los argumentos del quejoso resultaban claramente insuficientes para desbaratar la calificación legal efectuada en el juicio de subsunción ensayado -homicidio agravado en grado de tentativa-, el cual resultaba plenamente sostenible a partir de la modalidad del hecho recreada con los datos aportados por el conjunto del plexo probatorio valorado.
III.2. Ante esa respuesta el recurrente reitera los mismos agravios. Es decir, insiste en señalar que con los elementos probatorios reunidos no podía arribarse a la certeza de la imputación formulada respecto del delito contra la vida, en particular en cuanto a la presencia del dolo homicida.
Ese modo de proceder da cuenta de una técnica ineficaz, puesto que es sabido que deben rebatirse mediante una prolija crítica -como condición de suficiencia impugnativa conforme art. 495 en función del art. 15 de la ley 48- todos y cada uno de los argumentos en que se apoya aquel (Fallos 310:1147 y 1465; 312:587; 315:325 y 323:1261, entre otros), carga que aquí se ve claramente incumplida, dada la reedición en el recurso extraordinario en examen, de similares argumentos a los ya respondidos por Casación.
III.3. Por lo demás se aprecia que los embates de la parte -como fueron formulados- refieren a cuestiones relativas a la determinación de los hechos y la valoración de las pruebas que no son propias del ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo supuestos excepcionales, que si bien fueron denunciados no se observan en el caso (doctr. art. 494, CPP; conf. causas P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 105.012, sent. de 15-VI-2011; P. 102.300, sent. de 30-XI-2011; P. 97.262, sent. de 28-XII-2011; P. 110.446, sent. de 18-IV-2012; P. 109.534, sent. de 3-V-2012; P. 109.476, sent. de 22-VIII-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 113.916, sent. de 20-III-2013; P. 119.412, resol. de 21-VIII-2013; P. 112.724, resol. de 30-X-2013 y P. 117.588, resol. de 5-III-2014).
La parte alegó de modo genérico el vicio de "absurdo" en la prueba ponderada, pero las diversas aseveraciones esgrimidas no evidencian en lo resuelto la existencia de un error grave y manifiesto (conf. causas P. 75.987, sent. de 8-VI-2005; P. 75.863, sent. de 21-V-2008; P. 92.582, sent. de 9-IV-2008; P. 79.778, sent. de 23-IV-2008; P. 98.546, sent. de 12-X-2011 y P. 108.476, sent. de 29-V-2013) que permita descalificar el pronunciamiento atacado.
Las críticas ensayadas no pasan de ser -además de la ya señalada reedición- una opinión personal discrepante con el criterio sustentado por el sentenciante para concluir en el modo en cómo ocurrieron los hechos y la participación del encausado en el mismo, que desoye los fundamentos dados.
Y como es sabido, el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014 y P. 117.680, resol. de 26-III-2014).
En definitiva, la técnica empleada por el recurrente imposibilita conmover la sentencia impugnada lógicamente estructurada sobre el extremo puesto en jaque.
IV.1. En lo que atañe al tramo relativo a la calificación legal por la agravante prevista en el inc. 8 del art. 80 del Código Penal, los desarrollos de la parte no trascienden de una esquemática oposición a la administración del plexo probatorio efectuado por el a quo para concluir en la calificante del homicidio. De ahí que este agravio tampoco prospera.
IV.2. Sobre el punto, el Tribunal de Casación indicó que no podía argumentarse en el caso que no se encontrara acreditado el dolo homicida, pues -si bien resultaba claro que más allá del fracaso de la empresa, los hechos fijados por el a quo ilustraban el contexto en que tuvo lugar la caída del funcionario policial desde varios metros de altura-, descartaba lo accidental del evento o la intención de ayuda del imputado alegada por la defensa. Además, puntualizó que coetáneamente con la caída de Bueno, Torres se incorporó y corrió intentando huir del lugar. "No hay fisura en el desarrollo lógico de las motivaciones del fallo, y las críticas que trae el recurrente respecto de esta cuestión no logran rebatir la decisión incriminante del tribunal de grado, sin que las consideraciones que la defensa trae con relación a que un tercer sujeto, que huyó en una camioneta, bien pudo participar en el hecho, merezcan ser atendidas. Ello porque tal circunstancia no se verifica de las pruebas producidas en el debate ni de las incorporadas por lectura al mismo y por ello mismo no logran desacreditar, ni mínimamente, el razonamiento explicado por el tribunal a quo " (fs. 80 vta.).
Asimismo, rechazó la pretensión del impugnante de aplicarse al caso el principio in dubio pro reo , toda vez que ningún pasaje del pronunciamiento permitía vislumbrar duda en el ánimo del sentenciante sobre las circunstancias en que se produjo la caída del oficial de policía (v. fs. cit.).
Por otro lado, confirmó que la decisión de encuadrar la conducta del imputado como homicidio agravado por tratarse la víctima de un funcionario policial en ejercicio de sus funciones en grado de tentativa resultaba ajustada a las circunstancias comprobadas en la causa abasteciendo la plataforma fáctica fijada los requisitos típicos, tanto en el aspecto objetivo como en el subjetivo del delito reprochado.
Señaló que el tipo contenido en el art. 80 inc. 8 del Código Penal "...requiere, en su aspecto subjetivo, no solo que el sujeto activo conozca la condición de miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias de la víctima, sino que además requiere que el sujeto activo se encuentre motivado por esa específica calidad" (fs. 81).
Expuso que los juzgadores de mérito explicaron cómo se tuvo por acreditada la "ultrafinalidad" requerida por la figura en trato, dado que indicaron que Torres sabía y conocía el carácter de funcionario policial de Bueno, ya que este último arribó al lugar en un móvil policial identificable, con balizas encendidas y estaba correctamente uniformado. Agregó que al desarrollar la primera y segunda cuestión describieron las circunstancias en que Bueno ingresó a la obra en construcción para aprehender a Torres y al otro sujeto que lo acompañaba (v. fs. 81 y vta.).
En consecuencia, apreció que los elementos de prueba invocados por los jueces resultaban suficientes para poner de manifiesto que el designio de causarle la muerte a Bueno estuvo regido por su condición de policía, dejando sentado que en este aspecto tampoco podía tener aplicación la duda beneficiante ya que ningún pasaje del pronunciamiento permitía vislumbrar siquiera mínimamente duda en el ánimo del juzgador (v. fs. 81 vta.).
IV.3. De la lectura del fallo y de la reseña efectuada se aprecia la justificación de la cual deriva la resolución final. El tribunal intermedio se ocupó de responder el embate llevado ante esa instancia y efectuó un juicio crítico de las circunstancias ponderadas en la instancia de grado para tener por correctamente acreditado el encuadre legal puesto en crisis.
En esa tarea, tuvo por probado el dolo homicida a partir de descartar que la caída de la víctima fue accidental o que el imputado intentó ayudarla, cuando coetáneamente a la misma, Torres se incorporó y corrió a los fines de huir. Y la "ultraintención" la tuvo por corroborada a partir de que el encausado conocía que Bueno era funcionario policial, desde que había arribado al lugar del hecho en un móvil de la policía, con las balizas encendidas y uniformado.
Frente a este razonamiento, el recurrente no hace otra cosa que reeditar el agravio llevado ante el revisor sin otro argumento que el desarrollado en el remedio casatorio (art. 495, CPP).
En definitiva, los extremos acreditados, individualizados y explicitados por el Tribunal de Casación para concluir en el encuadre cuestionado, no fueron debidamente rebatidos por la parte, toda vez que además del déficit apuntado, no se hace cargo -y por tanto se desentiende- de los fundamentos dados que dan cuenta de lo contrario (art. 495 cit.).
V.1. El agravio vinculado a la valoración de las pautas atenuantes y agravantes, de acuerdo a lo que disponen los arts. 40 y 41 del Código Penal, tampoco puede ser acogido.
V.2. Con relación al cómputo de la "nocturnidad" como pauta aumentativa de la pena, la defensa insiste en esta instancia con los argumentos llevados en el recurso de casación -oponiendo sólo una alegación dogmática- sin evidenciar con ello que en la decisión adoptada por el a quo -a partir de las circunstancias en que quedó acreditada la materialidad ilícita- se transgrediesen las reglas establecidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
El órgano revisor confirmó la decisión de mérito en cuanto evaluó que la oscuridad fue aprovechada por el encausado para ingresar a la obra en construcción con fines de robo y luego aprovechando la penumbra intentó terminar con la vida de Bueno. A lo que sumó que Torres estaba vestido con ropa oscura lo que dificultaba su visualización ya que era de noche.
Lo resuelto en ambas instancias coincide con la doctrina mayoritaria de esta Corte -en la que me enrolo- y por la que se establece que la nocturnidad debe vincularse con un mayor grado de peligrosidad en la conducta del agente y vislumbrarse una elección del momento en que se va a consumar la acción típica.
En ese sentido, la misma se incluye -como agravante- en las "circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad" (art. 41 inc. 2, Cód. Penal), al no haberse contemplado como causal autónoma de agravación. En muchas situaciones la nocturnidad, de por sí, no demuestra mayor peligrosidad, al no justificarse un mayor grado de vulneración del bien jurídico por la sola comisión en esas condiciones. Justamente, debe graduarse esa modalidad de tiempo, a la luz de las circunstancias comprobadas de la causa, para deducir si el que comete la acción, al aprovecharse de esa s
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.