Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128211
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja interpuesta por la defensa técnica de Ramón, con costas (art. 486 bis del CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante ésta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"RAMÓN, JULIÁN RAMÓN S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 75.062 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III".
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.211, caratulada: "Ramón, Julián Ramón s/ Recurso de queja, en causa N° 75.062 del Tribunal De Casación Penal, Sala III",
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de octubre de 2016, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de nulidad incoados por la defensa técnica de Julián Ramón Ramón, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la resolución de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, que confirmó el fallo del juez de grado que denegó la solicitud de suspensión del proceso penal a prueba respecto del nombrado (v. fs. 105/106 vta.).
Para ello, juzgó que "se han pretendido interponer dos recursos (...) que son esencialmente diversos entre sí, en cuanto a los requisitos de procedencia y objeto de resolución, pese a lo cual, el texto del remedio incoado no efectúa discriminación alguna entre los agravios y petitorios que corresponderían a cada uno". De seguido, citó doctrina de ésta Corte y razonó que la ausencia de individualización apuntada impidió a esa instancia formar "un juicio crítico sobre la admisibilidad de la impugnación a partir de su sola lectura". Agregó que, de tal forma, el recurrente incumplió con la carga prevista en el art. 484 del Código Procesal Penal (v. fs. cit.).
II. Ante tal escenario, el señor Defensor Particular -doctor León G. Chaia- articuló recurso de queja (v. fs. 109/116 vta.).
En primer lugar, adujo el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y reseñó los antecedentes de la causa (v. fs. 109/113).
Ingresando en la fundabilidad de su reclamo, tildó de arbitrario el decisorio casacional, a su vez que lo entendió violatorio de los derechos de defensa en juicio y debido proceso (v. fs. 113).
Transcribió la respuesta brindada por el Tribunal revisor y sostuvo que ella "se asemeja más a una declaración meramente ritual". En esa tesitura, expuso que el nomen iuris otorgado al líbelo no puede erigirse como obstáculo para el tratamiento del mismo; máxime cuando sus planteos versaron "sobre cuestiones atinentes a ambos tipos [recursivos]", e incluso englobaron cuestiones federales -que, seguidamente, enumeró- (v. fs. cit. vta./114 vta.).
A continuación, insistió en el "excesivo rigor formal" en el modo de resolver del a quo, indicó que la denegatoria de la suspensión del proceso penal a prueba resulta equiparable a sentencia definitiva pues ocasiona un agravio de imposible reparación ulterior, y requirió -con cita de diversos precedentes de la CSJN y de ésta Corte- que se haga lugar al beneficio (v. fs. 114 vta./115).
III. El juicio de admisibilidad negativo desplegado por el Tribunal de Casación Penal debe ser mantenido en ésta instancia, aunque por diverso fundamento.
a. En efecto, esta Corte tiene dicho que los carriles extraordinarios previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal, sólo proceden contra las sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan la causa o hacen imposible su continuación o las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal (arts. 161 inc. 3 apdos. "a" y "b" de la Constitución de la Provincia; 19, 479 y 482 del Código citado; conf. doctr. Ac. 92.293, 6-VII-2005; Ac. 96.323, 4-X-2006; Ac. 96.632, 31-VIII-2007; Ac. 99.201, 11-VI-2008; entre otros).
En tal sentido, la decisión impugnada (denegatoria de suspensión de juicio a prueba), al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal.
Ello es así en tanto la resolución en cuestión tiene como consecuencia la obligación de que el imputado siga sometido a proceso, por lo que tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf. Ac. 92.293, res. del 6-VII-2005).
b. Por otra parte, las pretensas cuestiones federales esgrimidas no suplen la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.) en tanto la justificación de ese extremo es, lógicamente, anterior a la consideración de tales problemáticas.
IV. Sólo resta señalar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja interpuesta por la defensa técnica de Ramón, con costas (art. 486 bis del CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante ésta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia