Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128895
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Héctor Daniel Spetter (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
"SPETTER, HÉCTOR DANIEL S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 75.470 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III".
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.895-RQ, caratulada: "Spetter, Héctor Daniel s/ Recurso de queja en causa N° 75.470 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 21 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de dicho órgano jurisdiccional que hizo lugar parcialmente al remedio de la especialidad deducido frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Azul que había condenado a Héctor Daniel Spetter a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito (homicidio agravado por la causa) en grado de tentativa más declaración de reincidencia; y en consecuencia, fijo la pena en doce años de prisión, accesorias legales y costas en orden a la figura de homicidio agravado por la causa (v. fs. 91/93 vta.).
Para arribar a tal decisión, afirmó que si bien se cumplió con el recaudo del monto de pena del art. 494 del Código Procesal Penal, no acontecía lo mismo con la índole de los agravios (v. fs. 91 vta./92).
De seguido, recordó con cita de precedentes de esta Corte- que aun cuando no se encontrasen satisfechos los requisitos de la aludida norma, la vía en cuestión constituía el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, y que la admisibilidad del reclamo no se satisfacía con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza sino que era necesario su correcto planteamiento (v. fs. 92).
En esa tarea, sostuvo que la defensa no lograba demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso.
1. Por una parte, entendió que el supuesto déficit en el procedimiento anterior a la sentencia se vinculaba con cuestiones típicamente procesales, sin evidenciar adecuadamente el compromiso directo de garantías constitucionales que impusiera su abordaje en los términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que traía a colación, a lo que sumó que la ausencia de señalamiento de un concreto gravamen conducía a la ineficacia de la pretensión en tanto no indicaba los perjuicios que conllevaría la omisión de haber convocado al imputado ante ese órgano en los términos del art. 41 inc. 2 del Código Penal (v. fs. 92 vta.).
Agregó que tampoco señalaba la incidencia que ese conocimiento de visu podía haber tenido respecto de la decisión, cuando la parte no había introducido en tiempo oportuno requerimiento alguno en relación al cumplimiento que ahora decía omitido. De ahí que consideró que dicha objeción era el producto de una reflexión tardía que conducía a su inadmisibilidad (v. fs. cit.).
2. Expuso que el mismo camino transitaba la denuncia acerca de una revisión aparente respecto a la medida de la sanción impuesta por el tribunal de la instancia, pues esa Sala, haciendo lugar parcialmente al recurso, realizó un análisis exhaustivo de las pautas valoradas en la mensura de la pena, desplazando incluso una agravante, con la consecuente reducción del monto punitivo impuesto en origen (v. fs. 92 vta./93).
Indicó que frente a ello, la parte expresaba su discrepancia sin ocuparse de controvertir los argumentos entre ellos los de derecho común- que fundaron lo resuelto por ese tribunal, y sin demostrar, por lo tanto, la relación directa e inmediata (v. fs. 93).
3. En consecuencia, aseguró que mantenían plena aplicación los límites objetivos que imponía el art. 494 del Código Procesal Penal en tanto la defectuosa formulación de los planteos de pretendida índole federal efectuados permitía descartar la concurrencia de algún supuesto de excepción que condujera a desplazar la norma de mentas, de conformidad con los precedentes Strada, Di Mascio y Christou (v. fs. 93 vta.).
II. Contra lo resuelto se alzó el doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación- mediante recurso de queja conf. art. 486 bis, CPP, t.o. ley 14.647- (v. fs. 102/112).
Luego de aludir al cumplimiento de los recaudos formales de admisión de la vía y de repasar los antecedentes que consideró relevantes del caso, para justificar la fundabilidad de su intento, distinguió los planteos llevados en el remedio extraordinario a los fines de llevar adelante su crítica.
1. Por un lado, denunció la arbitrariedad por defectuoso tratamiento y omisión de argumentos- en el juicio de admisibilidad de las cuestiones federales vinculadas con la audiencia de visu (v. fs. 105).
Tachó a la negativa de arbitraria pues se la fundó de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas que cegaron la jurisdicción de este Tribunal al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la provincia (v. fs. 105 vta.).
Remarcó que el caso se encontraba en condiciones de ser conocido por la Corte federal en atención a que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad de ley eran de índole federal, pues se debatía en él que el Tribunal de Casación: a) incumplió el derecho del imputado a ser oído antes de la imposición de la pena recaída y una vez escogido el monto de la sanción impuesta, no se tuvo en cuenta la resocialización a la que está obligado el Estado argentino; b) la cuestión federal fue oportunamente planteada, pues se originó en la sentencia casatoria y c) el gravamen es actual (v. fs. 106).
Aclaró que no se discutió la infracción del art. 41 inc. 2 del Código Penal sino del derecho a ser oído que deriva de los arts. 18 de la Constitución nacional y 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en tanto la omisión de la audiencia de visu es el presupuesto fáctico de dichas infracciones federales. También dijo que lo mismo ocurría cuando se reputó infringida la obligación que el art. 5 inc. 6 de la Convención citada imponía a los Estados partes (v. fs. 106 vta.).
Criticó que el sentenciante no se refirió a los agravios de índole constitucional y se limitó a decir que la omisión del visu resultaba una cuestión típicamente procesal (v. fs. 106 vta./107).
En dicho marco, el quejoso manifestó que "...con transcripción expresa de ‘Pin’ y su remisión a los considerandos 18 y 19 de ‘Maldonado’ (...) se demostró que el visu del imputado antes de fijar pena- integra el derecho a ser oído que deriva del art. 18 de la CN y 8.1 de la CADH". Agregó que el art. 41 inc. 2 del Código Penal era reglamentario de dicha garantía constitucional y convencional (fs. 107).
Reiteró que existía un gravamen actual y que si lo que se reclama es la demostración de un resultado adverso por esa omisión, aclaró que nadie podía pronosticar el comportamiento de los jueces tras oír al imputado y esa sola posibilidad era el gravamen evidente que arrojaba la infracción aludida (v. fs. 108).
Concluyó que los límites establecidos en el art. 494 del Código Procesal Penal debían ser inaplicados o, en su caso, declarados inconstitucionales (v. fs. 108 vta.). Citando por último- el fallo Lencina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 109).
2. Por el otro, insistió en la arbitrariedad por defectuoso tratamiento y omisión de argumentos- sobre el planteo de cariz constitucional referido a la revisión integral de la fundamentación del monto de la condena (v. fs. 109 vta.).
Adujo que en el remedio extraordinario no se dirigió ninguna crítica hacia la tarea revisora de la Sala en cuanto a las pautas valoradas, la agravante desplazada y la cuantía del monto reducido (v. fs. cit.).
Alegó que en esa oportunidad se había planteado una inevitable prelación lógica que debía seguir la tarea de revisión del fallo: primero, examinar la falta de fundamentación del monto de la pena denunciada por el defensor en el recurso de casación; y segundo, previo visu del imputado, decidir la reducción de pena correspondiente (v. fs. 110).
Agregó que a esa parte no le interesaba controvertir los argumentos de las pautas mensurativas de la pena, ni la exclusión de una agravante ni la reducción del monto, "...sino criticar desde el punto de vista lógico el procedimiento revisor consistente en directamente establecer una nueva pena sobre la base de un monto que se denunciaba infundado y por ende arbitrario" (fs. cit.).
Finalmente, cuestionó que el a quo haya aludido a la existencia de argumentos no federales suficientes en la aplicación de los art. 40 y 41 del Código Penal como obstáculo para considerar otros de índole federal. Para ello, señaló que la Casación: a) no motivó por qué dichos argumentos no federales era suficientes (v. fs. 110 vta.); b) enunció una regla general sin fundar las razones por las cuales los arts. 40 y 41 del Código Penal guardaban suficiencia para decidir la causa y por qué la jurisprudencia citada no era más que un fundamento aparente para sustentar la inadmisibilidad, desde que ninguno de los fallos se vinculaba con alguna cuestión similar en la que se había declarado suficiente para la aplicación de dichos preceptos (v. fs. 111).
III. 1. La queja deducida es improcedente en razón de que la defensa no rebatió eficazmente el juicio llevado a cabo por el órgano anterior (art. 486 bis del CPP).
En efecto, no demostró haber planteado correctamente una cuestión de índole federal núcleo decisivo de la desestimación por parte del a quo- que impusiera a aquél la admisión de la vía interpuesta en los términos de la doctrina sentada por la Corte nacional a raíz de los fallos Strada, Di Mascio y su progenie.
2. En lo que hace a la vulneración del derecho a ser oído por no haberse celebrado la audiencia de visu con el encartado, el señor Defensor no hace otra cosa que reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, insistiendo sobre el pretendido cariz federal de sus agravios, desentendiéndose de los motivos por los cuales aquél obturó su progreso.
Para más, viene al caso recordar que el temperamento adoptado por el Tribunal de Casación se condice con el criterio fijado por esta Corte sobre el punto (conf. P. 125.701, resol. de 15-VI-2015; P. 126.061, resol. de 11-XI-2015; P. 122.488, resol. de 6-VI-2016; P.122.255, resol. de 21-IX-2016; P. 123.519, resol. de 5-X-2016; P. 122.853, resol. de 26-X-2016; P. 123.935, resol. de 30-XI-2016; P. 124.797, resol. de 21-XII-2016; P. 124.517, resol. de 29-III-2017; entre otros.).
A su vez, las consideraciones en torno a la oportunidad procesal del planteo como al gravamen que le hubiese ocasionado la falta de celebración de la mentada audiencia, constituyen un intento tardío por suplir el déficit señalado en el auto denegatorio, dejando incontrovertida de este modo- la respuesta otorgada sobre tales extremos.
Por último, cabe destacar en lo que respecta a lo resuelto en la causa Lencina, que el recurrente no se hace cargo de las diferencias causídicas entre dicho fallo y las concretas circunstancias del presente de modo tal de explicitar por qué, pese a esas relevantes diferencias, aquí se debía resolver en similar sentido. Esa tarea no ha sido siguiera intentada por el quejoso que se limitó a traer a colación tramos de dicho pronunciamiento sin una adecuada vinculación con lo debatido y decidido en autos.
3. Con relación al agravio por el que cuestiona la revisión en orden a la fundamentación de la pena, tampoco consigue el quejoso remover con eficacia- el obstáculo formal fundado en la discrepancia de la parte con lo resuelto por el a quo, y por lo tanto, en la ausencia de una cuestión federal planteada con la suficiencia necesaria para habilitar la instancia extraordinaria
En ese escenario, el señor Defensor se desentiende del argumento dado e insiste de modo genérico- en la naturaleza constitucional del embate, intentando a partir de esa técnica inidónea rebatir los argumentos desestimatorios.
4. Así las cosas, el resolutorio atacado cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de la tacha atribuida.
5. En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación, ratificado por esta Corte, no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Héctor Daniel Spetter (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia