Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128918
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación a favor de Martín Leonardo Ríos (arts. 486 bis y ccds. del CPP según ley 14.647).
“RIOS, MARTIN LEONARDO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA Nº 75.666 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA II”
La Plata,27 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.918-RQ, caratulada: “Ríos, Martín Leonardo s/ Recurso de queja en causa Nº 75.666 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 30 de marzo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que rechazó –por improcedente- el recurso de la especialidad incoado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial San Isidro que había condenado a Martín Leonardo Ríos a la pena de cuatro años y tres meses de prisión, multa de quinientos pesos, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de comercialización y tenencia con fines de comercialización de sustancias estupefacientes de uso prohibido, en concurso real entre sí (fs. 38/40 vta.).
Para así resolver, en primer lugar, destacó que en autos no se encuentran abastecidos los recaudos del artículo 494 del Código Procesal Penal.
En segundo lugar, juzgó que la recurrente no exhibió que estuviese involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal susceptible de excitar la competencia revisora de esta Corte.
En dicho marco, expuso que los reclamos desarrollados en la vía extraordinaria no pasaban de constituir la expresión de una opinión contraria a la sentencia recurrida “sin explicaciones concretas dirigidas contra la motivación expuesta en el fallo en crisis, las que de haber existido habrían viabilizado la formal apertura extraordinaria por la vía de excepción pretendida”. En consecuencia, consideró que la generalidad de la argumentación de la defensa –sin atención precisa a los fundamentos de su decisión- no llegó a poner de manifiesto las denunciadas afectaciones constitucionales y convencionales que padecería la motivación desarrollada al desestimarse el recurso de casación oportunamente deducido.
Concluyó que las características de los agravios no posibilitan argumentar que, en el caso, podría estar involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal con aptitud para sortear los recaudos objetivos que se encuentran ausentes en la presente (fs. 40).
II. Contra ello, la señora Defensora Oficial adjunta ante la aludida instancia -doctora Ana Julia Biasotti- articuló recurso queja (fs. 42/46 vta.).
Destacó que las previsiones establecidas en el artículo 494 del Código Procesal Penal resultan inaplicables al caso.
Razonó que, a diferencia de lo sostenido en la decisión en crisis, el recurso extraordinario demostró suficientemente la conculcación de las garantías que fueron invocadas “que amerit[a]n la intervención de [esta Corte] como superior Tribunal de la causa a fin de hacer cesar su afectación, conforme lo normado en los arts. 5 y 31 de la C.N. y los precedentes de la CSJN ‘Strada’ (…), ‘Christou’ (…) y ‘Di Mascio’” (fs. 44).
Explicó que los agravios que porta la impugnación extraordinaria están constituidos por la inobservancia de lo dispuesto en los artículos 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el marco del alcance que cabe otorgar al recurso de casación como garantía del imputado a obtener una revisión amplia y eficaz del fallo condenatorio.
Sostuvo que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal por vía del recurso extraordinario en tanto que: a) los agravios postulados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley son de índole federal “pues se debate en él que el Tribunal de Casación realizó una revisión aparente de la sentencia de condena”; b) esa cuestión federal fue oportunamente planteada ya que se generó en la sentencia intermedia; y c) el gravamen es actual.
Remarcó que el agravio constitucional fue suficientemente planteado, pues “consistió en la arbitrariedad de lo decidido por el Tribunal de Casación, al sostenerse que éste no llevó a cabo una revisión amplia e integral del fallo condenatorio, desnaturalizándola al no haber explorado la totalidad de las pruebas ni respondido las críticas de la defensa, emitiendo una resolución sólo basada en remisiones genéricas y superficiales que dejan insatisfecha la garantía a la revisión”. En ese discurrir, citó los precedentes de la Corte federal y de este Tribunal (“Casal”, P. 99.084 y P. 89.939) y de la Corte Interamericana el fallo “Herrera Ulloa” (fs. 45).
Por último, observó que los límites de recurribilidad establecidos en el artículo 494 del Código Procesal Penal deben ser inaplicados o declarados inconstitucionales (fs. 46).
III. La queja deducida es improcedente en razón de que la defensa no rebatió eficazmente el juicio llevado a cabo por el órgano anterior (art. 486 bis del CPP).
En efecto, el argumento basal por el que se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se cimentó en la falta de suficiencia y carga técnica necesaria en el planteamiento de las pretensas cuestiones federales.
Frente a ello, las alegaciones de la parte resultan dogmáticas y genéricas y, de tal modo, inidóneas para remover tal obstáculo formal pues no hizo ningún esfuerzo por evidenciar la relación directa e inmediata entre el agravio desarrollado en la vía extraordinaria (fs. 31/37 vta.), las supuestas garantías constitucionales vulneradas y la sentencia casatoria (fs. 18/28; arts. 14 y 15, ley 48).
IV. Finalmente, el pedido de inconstitucionalidad del artículo 494 del Código Procesal Penal tampoco prospera, en tanto dicha norma no ha sido obstáculo para la concesión del carril extraordinario. Por el contrario, fue la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por la Alzada y confirmada por esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación a favor de Martín Leonardo Ríos (arts. 486 bis y ccds. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia