Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128278
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por Subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
P. 128.278-RQ - “Baric, Juan José -Subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- s/ Recurso de queja en causa N° 76.533 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.-
///Plata, 19 de abril de 2017.-
La presente causa P. 128.278-RQ, caratulada: “Baric, Juan José -Subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- s/ Recurso de queja en causa N° 76.533 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. De las copias acompañadas, se advierte que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 8 de noviembre de 2016, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el Subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, desestimó el carril de la especialidad frente a la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul que concedió el recurso de casación con efecto devolutivo contra la decisión que ordenó cumplir con los cupos poblacionales de la Unidad N° 17 (fs. 21/24).
Para arribar a tal decisión, afirmó que el resolutorio en crisis, en tanto versa sobre la limitación de incorporar nuevos internos a una unidad penitenciaria de la provincia, no es definitivo ni equiparable a tal (arts. 482 y 486 del C.P.P.). En su apoyo citó la causa P. 126.314 de esta Corte (fs. 22/23).
Concluyó que no se desarrolló ningún argumento tendiente a sortear dicho recaudo formal (fs. 23).
2. El Subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Juan José Baric, dedujo queja (fs. 25/33).
En primer lugar, destacó que el Ministerio de Justicia tiene legitimación recursiva ya que de resultar condenado estaría obligado a cumplir con las medidas ordenadas en la sentencia. Trajo a colación el fallo “Verbitsky” de la C.S.J.N. (decreto 38/15 - B, art. 157 de la Constitución provincial -fs. 25 vta./26 vta.-).
En segundo término, tachó de arbitraria la resolución en crisis por falta de fundamentación (art. 486 del C.P.P.). Explicó que contrariamente a lo sostenido por el a quo , la sentencia debe equiparse a definitiva ya que de confirmarse el efecto devolutivo de la impugnación, debería ejecutarse la sentencia del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Azul que aún no adquirió firmeza y, como consecuencia de ello, la administración carcelaria se vería obligada a prohibir el ingreso de internos en la Unidad Penal N° 17 (art. 482 del C.P.P.). Recordó que la regla general en el fuero penal es que las impugnaciones tienen efecto suspensivo (art. 431 del C.P.P. -fs. 29/30-),
Por último, se agravió de la falta de abordaje de las críticas federales relativas a la violación de la división de poderes y del debido proceso (arts. 1 y 18 de la C.N. -fs. 31-).
Por todo lo expuesto, refirió que se configuró un caso de gravedad institucional por encontrarse comprometidos intereses de toda la comunidad (fs. 31 vta./33).
3. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
Marginando las consideraciones que se podrían formular en torno a la legitimación del recurrente, el examen de admisibilidad negativo debe confirmarse pues la resolución en crisis no es definitiva ni equiparable a tal (cfe. art. 482 del C.P.P.), sin perjuicio de ello, corresponde efectuar algunas precisiones sobre el punto.
En rigor, de las copias adjuntas al presente, se advierte que la decisión apelada no es la que dispuso la prohibición del ingreso de nuevos internos a la unidad penitenciaria, dictada en el marco del incidente caratulado “Revisión de Cupos en unidades penitenciarias s/ Actuaciones art. 25 inc. 3 del C.P.P.” (v. fs. 1/2), como erróneamente se expuso en el juicio efectuado por el a quo (v. fs. 22), sino la de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul que concedió el recurso de casación contra aquella con efecto devolutivo (v. fs. 3/vta.).
Sin perjuicio de dicho yerro, la solución del caso es idéntica a la propuesta por la Alzada ya que el pronunciamiento que concedió el recurso de casación con efecto devolutivo (v. fs. 3/vta.) -decisorio que se viene impugnando- no es definitivo ni equiparable a tal (conf. Ac. 94.949 del 23/XI/2005, P. 108.395, res. del 6/VI/2011, P. 119.909, res. del 5/II/2014, P. 119.772, res. del 22/X/2014, P. 114.687, res. del 3/XII/2014; P. 107.701, res. del 9/XII/2010; P. 108.258, res. del 26/X/2010; P.115.992, res. del 26/VI/2013, entre otras).
Por otra parte, cabe señalar que las alegaciones en torno a la transgresión de garantías constitucionales, no suplen la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.) en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de estas problemáticas (cfe. P. 116.052, res. del 26/III/2013; P.113.467 y P. 115.680, ambas res. del 3/VII/2013; P. 115.978, res. del 28/VIII/2013; P. 115.505, res. del 25/IX/2013; P. 116.771, res. del 9/X/2013; P.116.262, res. del 27/XI/2013; P. 117.087, res. del 11/XII/2013; P.117.086, res. del 23/XII/2013; P. 116.185, res. del 5/III/2014; P. 117.596, res. del 19/III/2014; P.120.547, res. del 30/IV/2014; entre otras).
Por último, el planteo de gravedad institucional tampoco puede tener acogida favorable en tanto dicho extremo está íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no observándose en el caso un supuesto de tales características. En esta línea de pensamiento, se ha resuelto que no cabe hacer lugar a aquélla, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de tal circunstancia (conf. doct. Ac. 88.681; Ac. 99.627; Ac. 99.994; Ac. 99.008; Ac. 99.007 y Ac. 106.372, 15/IV/2009; P. 105.783, resol. del 9/XII/2009; conf. C.S.J.N., Fallos: 303:221).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por Subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Luis Esteban Genoud
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia