Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128666
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar la queja articulada por la defensa particular de Agustín Cavalli y Fernando Javier Vergara en lo que respecta a la inadmisibilidad del recurso extraordinario de nulidad interpuesta (art. 486 bis del C.P.P., según ley 14.647).
II. Desestimar la queja articulada por la defensa particular de Agustín Cavalli respecto de la denegación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesta (art. 486 bis del C.P.P., según ley 14.647).
III. Hacer lugar parcialmente a la queja de la defensa particular de Fernando Javier Vergara en relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denegado, exclusivamente en cuanto denuncia la violación de la ley sustantiva (art. 486, 494 y conc. del cód. cit.).
P. 128.666-RQ - “Cavalli, Agustín y Vergara, Fernando Javier s/ Recurso de queja en causa N° 76.666 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.-
///Plata, 21 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.666-RQ, caratulada: “Cavalli, Agustín y Vergara, Fernando Javier s/ Recurso de queja en causa N° 76.666 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.
I. De las copias aportadas por la parte se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, merced al auto dictado el 22 de diciembre de 2016, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad articulados por la defensa particular, contra la decisión de dicha sala por la que se rechazó el recurso homónimo deducido respecto de la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 6 de Lomas de Zamora, por la que se había condenado a Agustín Cavalli a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito de corrupción de menores agravada por resultar la víctima menor de trece años de edad y a Fernando Javier Vergara a la pena de diez años de prisión (rectius, diez años y seis meses de prisión, ver fs. 57), accesorias legales y costas, como coautor del delito de corrupción de menores agravada por el vínculo (fs. 86/95).
II. Los doctores Héctor A. Navascues y Daniel Ramón Trava, en el carácter de defensores de los nombrados, articularon queja por denegatoria de los recursos extraordinarios incoados (fs. 98/103 vta.).
Señalaron que el a quo incursionó en materia privativa de esta Corte al desestimar los remedios procesales aludidos y omitió, por ello, el deber de fundamentación de toda resolución judicial (fs. 99 vta.).
Entendieron que la declaración de inadmisibilidad ha sido el producto de una errónea asimilación con el estudio de la suficiencia del medio de impugnación empleado (fs. 99 vta./100).
Sostienen que el art. 496 del rito sólo permite el examen de la admisibilidad de acuerdo a las disposiciones comunes y específicas del recurso incoado y que con ello sólo puede controlarse si se trata de uno de los medios que pueden deducirse ante la Suprema Corte, si hay sentencia definitiva y si el recurso fue interpuesto en tiempo y forma (fs. 100 y vta.).
En lo que hace al recurso de nulidad, pusieron de relieve que los sentenciantes abordaron cuestiones intrínsecas en tanto, frente a la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión esencial, expusieron que “…la sentencia impugnada ha reseñado el agravio referido…”, que “…procedió a responderlo…” y “…que los agravios traídos no pueden tenerse siquiera por debidamente verificados, y con ellos, el remedio se torna inadmisible…”, con lo que se adentraron al análisis del fondo de la cuestión que se ventila, lo que le está vedado por ley (fs. 100 vta.).
En cuanto a la vía de inaplicabilidad de ley, esgrimieron, en primer lugar, que al afirmar que ninguna de las penas impuestas superaba los diez años de prisión los jueces no advirtieron que Vergara fue condenado a diez años y seis meses de prisión, hecho este que permite la interposición del recurso denegado (fs. 100 vta./101). Además, al adentrarse a la consideración de la suficiencia técnica del recurso, centraron su análisis en la procedencia del mismo y con ello asumieron una competencia del tribunal ad quem (fs. 101).
Invocando el precedente “Pradena Millán”, expresaron que -con el proceder destacado- el órgano casatorio puso en jaque el acceso del imputado a la instancia extraordinaria, en franca violación a los derechos de defensa en juicio, derecho al recurso y debido proceso (fs. 101 vta./102).
Asimismo, pusieron de resalto que la decisión denegatoria no hizo referencia del requisito de admisibilidad que se encontraba incumplido, efectuando sólo una fundamentación aparente que no se vincula con las exigencias prescriptas en el art. 486 del C.P.P., dando cuenta que dicho recaudo no se ve satisfecho con la mención de antecedentes jurisprudenciales de este Tribunal (fs. 102 y vta.).
Por último, dieron cuenta de las falencias contenidas en la estructura de la resolución recurrida (formalidad de acuerdo, carencia de votos individuales y expresión de la opinión de cada uno de los magistrados que participaron en la decisión) y de que existían cuestiones federales que ameritaban su tratamiento por parte de este Tribunal (fs. 102 vta./103).
III. El recurso directo no es procedente en lo concerniente a la vía de nulidad.
En efecto, siendo acertada la parcela del recurso que pone de relieve que las afirmaciones del a quo referidas a que la cuestión que se dice omitida aparece tratada en la sentencia y que por ello el agravio sólo trasunta disconformidad con la interpretación sostenida sobre el tópico por la Sala (fs. 87 vta./88), ya que ello incursiona en el terreno de la fundabilidad del medio de impugnación elegido y, por ende, en la competencia exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte, el recurrente no ha rebatido idóneamente un recaudo de forma que ha sido considerado por la Casación para llevar a cabo el juicio negativo de admisibilidad.
Así, la señalización de que dicho remedio no puede operar de modo derivado o supletorio al recurso de inaplicabilidad de ley, en tanto sus presupuestos de procedencia resultan diversos entre sí (fs. 87 vta.), no ha sido refutada por el quejoso, sin advertir que el art. 484 del C.P.P. exige que los recursos se interpongan con la debida fundamentación de acuerdo al objeto y la finalidad de cada medio recursivo en particular.
Si se compulsa el escrito portador del recurso de nulidad se observa que esa técnica prevista en la ley no ha sido seguida. Es que, al señalar que “…Si los argumentos desarrollados previamente para fundar el recurso de inaplicabilidad de ley no fuesen suficientes para apontocar tal medio impugnativo: en cambio sí lo son para dar sustento al recurso de nulidad previsto por el art. 491 del CPP pues se ha incumplido con la manda del art. 168 de la Constitución de esta provincia…” se infiere que no se ha diagramado la queja de acuerdo a la mentada disposición rituaria, aunque -luego- se pretendiera explicitar brevemente que el contenido de la violación a tal norma constitucional se vincula con la atipicidad de la conducta de los encartados en el art. 125 del C.P. (fs. 84).
IV. La queja, en cambio, es parcialmente admisible en lo vinculado al recurso de inaplicabilidad de ley, en tanto la pena impuesta a Vergara supera el límite de recurribilidad objetiva estipulado por el art. 494 del C.P.P. y la parte ha denunciado la errónea aplicación de la ley sustantiva, esto es el art. 125 del C.P.
El juicio negativo efectuado respecto de los restantes agravios debe mantenerse ya que el autor de la queja sólo ha señalado que las cuestiones esgrimidas son de naturaleza federal y habilitan su consideración por esta Corte pero se ha desentendido de los fundamentos dados por la Casación para no admitir el recurso. Es que el a quo señaló que no se había planteado suficientemente una cuestión federal y que el recurso incursionaba en el terreno de la fijación de los hechos y la valoración de la prueba, materias marginadas de la causal prevista en el art. 494 ibídem. Las escuetas referencias efectuadas en el acápite e.- de la queja (fs. 102 vta./103) no importan un agravio atendible para dejar de lado los límites antes expuestos.
V. Por último, tampoco es de recibo el planteamiento de la inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P., ya que no ha sido el contenido preceptivo de la norma el que ha imposibilitado el acceso a esta instancia extraordinaria local sino la técnica del quejoso en lo que hace a la marginación de las limitaciones previstas por aquella norma para abordar -con la carga y suficiencia técnica necesarias - cuestiones de naturaleza federal en el marco de la doctrina sentada por la Corte nacional en “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
I. Desestimar la queja articulada por la defensa particular de Agustín Cavalli y Fernando Javier Vergara en lo que respecta a la inadmisibilidad del recurso extraordinario de nulidad interpuesta (art. 486 bis del C.P.P., según ley 14.647).
II. Desestimar la queja articulada por la defensa particular de Agustín Cavalli respecto de la denegación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesta (art. 486 bis del C.P.P., según ley 14.647).
III. Hacer lugar parcialmente a la queja de la defensa particular de Fernando Javier Vergara en relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denegado, exclusivamente en cuanto denuncia la violación de la ley sustantiva (art. 486, 494 y conc. del cód. cit.).
Regístrese, notifíquese y requiérase de la Sala III del Tribunal de Casación Penal la remisión de la causa N° 76.666.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia