Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128706
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja traída por la defensa técnica de César Alberto Usuna, con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desempeñada ante ésta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
“USUNA, CÉSAR ALBERTO S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 76.808 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III”.
La Plata, 20 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.706-RQ, caratulada: “Usuna, César Alberto s/ Recurso de queja, en causa n° 76.808 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
I. Conforme se desprende de las piezas aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de febrero de 2017, desestimó -por inadmisibles- los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley incoados por la defensa técnica de César Alberto Usuna, contra la decisión de ese órgano que declaró parcialmente procedente el remedio de la especialidad, casó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Tandil a nivel de la pena y condenó -en definitiva- al nombrado a la sanción de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas -más declaración de reincidencia- por hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de conato, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad, en concurso real (fs. 2/6 vta.).
II. Frente a ello, el señor Defensor Particular -doctor Andrés Mario Marcelo Argeri- articuló recurso de queja (fs. 30/59).
En primer lugar, indicó el cumplimiento de los recaudos de tiempo y forma de la impugnación. Luego, dedicó gran parte de la extensión del líbelo a reseñar los antecedentes de la causa, con transcripciones de los carriles deducidos ante la instancia de revisión y sus correspondientes respuestas (fs. 30/56 vta.).
Con respecto a los fundamentos de la vía directa, postuló que el auto denegatorio “sólo justific[ó] y busc[ó] los medios de desacreditar el recurso extraordinario, para impedir que el mismo llegue a tratamiento de [esta Corte]” (fs. 57).
De seguido, criticó la parcela del decisorio que desestimó el recurso extraordinario de nulidad. Insistió en la omisión de tratamiento de una cuestión esencial y esgrimió que “[c]uando la defensa tiene un planteo, y no es tratado por los jueces (…) y cuando la nulidad es de las previstas en el art. 203 del CPP (…) NO SE PUEDE BAJO NINGÚN PRETEXTO, pretender que cambie los fundamentos, aunque el Tribunal cambie el fundamento, el agravio de la defensa es el mismo y siempre se funda en la violación al debido proceso, art. 18 CN” (fs. cit. y vta., la mayúscula en el original).
Desde otra arista, expuso que la conclusión en torno a la ajenidad de los embates en relación al carril intentado “genera una nulidad de carácter constitucional, que debe ser declarada de OFICIO (…) y que no puede descartarse como lo hace el [a] quo” (fs. cit.).
A continuación, abordó el tramo ligado al rechazo del remedio de inaplicabilidad de ley.
En dicha senda, adujo que la solución a la que arribó el órgano revisor -que concluyó en la no demostración de una relación directa e inmediata entre las garantías que la parte invocó y lo decidido en el caso- “es opinión subjetiva, para no dar lugar a los recursos, y para justificar la denegatori[a] de los mismos, lo que debe ser revocado” (fs. 58).
En lo sucesivo, se opuso a la insuficiencia de la cuestión federal que sentenció la casación -con base en la reedición de agravios- y manifestó que “los fundamentos para mantener la sentencia son idénticos, sólo modific[ó] el monto de pena, el resto es igual, por lo que la técnica es idónea para demostrar que la sentencia controvertida (…) viola la norma Federal del debido proceso” (fs. cit. vta.).
Finalmente, tildó de arbitrario el resolutorio por afectación al derecho de defensa, al debido proceso y al in dubio pro reo.
III. En punto a la porción de la vía de hecho relacionada con el rechazo del recurso extraordinario de nulidad, cabe recordar que el art. 486 bis del CPP -según ley 14.647, B.O. 5/XII/2014- establece que a la presentación directa deberá escoltarse copia del remedio extraordinario local denegado, del pronunciamiento que se pretende impugnar, de las notificaciones practicadas a las partes y de cualquier otra pieza útil para fundamentarlo.
Si bien la defensa adjuntó las copias aludidas, no hizo lo propio respecto del recurso casatorio que dedujo en su oportunidad, ni del decisorio de aquella instancia que hizo lugar parcialmente al mentado carril; piezas que devienen útiles para la solución de la presente a tenor de la denuncia de omisión de tratamiento formulada.
Tal situación obsta el análisis de la admisibilidad del recurso articulado cuya denegatoria motivara el presente tramo de la queja (cfr. doct. P. 127.904, res. 23/XI/2016; P. 128.043, res. 14//XII/2016; P. 128.410 y P. 127.965, ambas res. 29/III/2017; P. 127.774, res. 12/IV/2017; etc.).
IV. Por otra parte, en cuanto a la desestimación del carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, la presentación directa no es de recibo.
a. Es dable indicar aquí que la Sala Tercera del Tribunal casatorio -al desplegar el juicio de admisibilidad que le encomienda el art. 486 del digesto adjetivo- juzgó que la sanción impuesta a Usuna no supera el valladar previsto en el art. 494 del Cód. cit. (v. fs. 4 vta.).
No obstante, compulsó la existencia de algún supuesto de excepción que, en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”, ameritara el tránsito recursivo ante esta instancia como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal del art. 14 de la ley 48 (v. fs. cit./5).
Así, entendió que tal circunstancia no se verificó en autos, pues la defensa no logró demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo resuelto. Fundó dicha postura en la reedición de agravios que fueran materia del remedio casatorio, por lo que la parte “no abord[ó], y menos refut[ó], la totalidad de elementos probatorios que resultaron materia de análisis en la sentencia [impugnada]”, por lo cual concluyó en la insuficiencia de la cuestión de naturaleza federal (v. fs. 5 y vta.).
Desde otro andarivel, remarcó la temática procesal de los cuestionamientos alegados por el recurrente, recordó la doctrina de la arbitrariedad sentada por el Máximo Tribunal nacional, y señaló que la técnica implementada result[ó] inidónea para alcanzar el objetivo pretendido” (fs. cit./6 vta.).
b. De lo reseñado se advierte que la defensa no controvirtió eficazmente el juicio de admisibilidad negativo al que arribó el órgano revisor.
En efecto, la Alzada desestimó el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley con fundamento en la falta de suficiencia y carga técnica necesaria de las pretensas cuestiones federales (violación de la defensa en juicio, del debido proceso y de la garantía in dubio pro reo) por considerar que las críticas -amen de constituir una reedición de los planteos llevados en el recurso casatorio- se limitaron a esbozar un criterio divergente con la valoración del plexo probatorio.
Frente a ello, las argumentaciones del quejoso -como se adelantó- no resultan eficaces para remover dicho obstáculo formal, pues en ellas no hizo ningún esfuerzo por evidenciar la existencia de relación directa e inmediata entre los agravios desarrollados en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley y la sentencia casatoria.
Finalmente, de la reseña de los antecedentes del caso se advierte que la resolución impugnada cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja traída por la defensa técnica de César Alberto Usuna, con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desempeñada ante ésta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia