Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128719
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486 bis y ccds. del CPP según ley 14.647).
La Plata,27 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.719 RQ, caratulada: “Barroso González, Leandro Ezequiel s/ Recurso de queja en causa n° 76.352 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 29 de diciembre de 2016, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Leandro Ezequiel Barroso González contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 4 de Quilmes que condenó al nombrado a la pena de diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo (fs. 62/66).
Para arribar a tal decisorio, afirmó que si bien se cumplió con el recaudo del monto de la pena, no se cumplieron las restantes exigencias del artículo 494 del Código Procesal Penal (fs. 63).
Puntualizó que la denuncia de “revisión aparente de la sentencia de condena” no logró superar las limitaciones sindicadas en el párrafo anterior. Explicó que la parte se limitó a exponer una mera opinión discrepante con lo fallado, reeditó las críticas oportunamente llevadas en el recurso de casación y se desentendió de lo efectivamente resuelto (fs. 63/64 vta.).
Por último, descartó el pedido de inconstitucionalidad del artículo 494 citado (fs. 64 vta./65).
2. El Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, Doctor José María Hernández, dedujo queja (fs. 71/82).
Alegó que resulta aplicable la doctrina de los precedentes Strada, Di Mascio y Christou de la Corte nacional (arts. 31, 75 inc. 11, 116, 121, 124, CN -fs. 77 vta.-).
De seguido, tachó de arbitraria la resolución y refirió que su fundamentación es aparente en tanto se valió de fórmulas genéricas y abstractas para descartar los embates constitucionales (derecho a la revisión de la sentencia de condena, in dubio pro reo y el derecho de defensa en juicio) que -según el quejoso- se vincularon directamente con la solución del caso (fs. 77 vta./79).
A su vez, indicó que la Alzada traspasó los límites del artículo 486 del Código Procesal Penal y pretendió defender su propia sentencia, ingresando en la procedencia del reclamo (fs. 79 vta./80).
Puntualizó que se demostró que el Tribunal de Casación Penal no contestó los argumentos vinculados con la errónea valoración probatoria, en particular, en lo que hace a la fuerza convictiva asignada a los dichos de los testigos Benítez y Bernal y al reclamo de una correcta ponderación de las declaraciones de Leguizamón, Lezana y Núñez. Según la defensa, la Alzada quebrantó el principio in dubio pro reo al afirmar que en el hecho participaron tres hombres (fs. 80).
Luego, manifestó que no se garantizó el derecho a la revisión amplia de la sentencia de condena pues el órgano revisor se limitó a estudiar la prueba a la luz de la restrictiva doctrina del absurdo valorativo y omitió referirse sobre los precedentes jurisprudenciales citados por la defensa (fs. 81).
Finalmente, dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. (fs. 81 vta.).
3. La queja formalizada es improcedente en tanto la defensa no controvirtió eficazmente el juicio de admisibilidad negativo (art. 486 bis del CPP).
a. En primer lugar, resulta pertinente aclarar que únicamente se analizará el agravio vinculado con la supuesta errónea revisión de la sentencia de condena y no se hará ninguna consideración en torno a la pretensa violación del principio in dubio pro reo y al derecho de defensa en juicio pues tales tópicos no fueron abordados por el a quo en la resolución en crisis. Ante tal situación, la defensa en lugar de criticar dicha omisión reiteró de modo genérico el quebrantamiento de tales garantías.
b. Sentado lo anterior, como se advierte de la reseña del punto 1. del presente, la Alzada desestimó la denuncia de errónea revisión de la sentencia de condena con fundamento en la falta suficiencia y carga técnica necesaria para superar las limitaciones del artículo 494 citado. En tal sentido, indicó que las críticas se limitaron a esbozar un criterio divergente con lo decidido -argumentos que ponen a salvo el resolutorio en crisis de la tacha de arbitrariedad intentada-.
Ahora bien, frente a ello, las manifestaciones de la parte no resultan eficaces para remover dicho obstáculo formal pues no hizo ningún esfuerzo por evidenciar la relación directa e inmediata entre los argumentos en base a los cuales se pretendió sustentar el embate en cuestión (v. recurso de inaplicabilidad de ley a fs. 52/61 vta.) y la sentencia casatoria (v. fs. 37/46, en especial fs. 40/44 vta. donde, en términos generales, se explicaron los motivos por los cuales se descartaron los planteos de la defensa oficial, se estimó que los dichos de los testigos Graf, Bernal y Benítez eran creíbles y contestes con otros elementos de prueba -reconocimiento médico legal, sentencia condenatoria recaída en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil respecto de los coautores, entre otros- y se descartaron los dichos de Leguizamón Núñez y Lezana por considerar que no pudieron percibir nada de trascendencia en torno al hecho investigado).
En suma, la defensa oficial en el recurso de queja reiteró los argumentos expuestos en el carril extraordinario desestimado en lugar de acreditar la vinculación directa entre ellos, el fallo del Tribunal de Casación Penal y la supuesta afectación del derecho al recurso (arts. 8.2.h., CADH; 14 y 15 de la ley 48).
4. La denuncia de exceso en la jurisdicción tampoco puede tener acogida favorable. Si bien es cierto que el a quo efectuó algunas consideraciones que traspasaron los límites formales del artículo 486 del ritual, el argumento central de la desestimación radica en la falta de aptitud técnica del planteo de errónea revisión de la sentencia de condena, extremo que integra el juicio de admisibilidad y que de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (cfe. doct. arts. 483, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; P.125.455, res. del 13/V/2015, P. 125.523, res. del 20/V/2015, P. 125.506, res. del 3/VI/2015, P. 125.630, res. del 17/VI/2015, P. 125.577, res. del 17/VI/2015, e.o.).
En definitiva, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
5. Finalmente, el pedido de inconstitucionalidad del artículo 494 citado tampoco prospera en tanto dicha norma no ha sido obstáculo para la concesión del carril extraordinario. Por el contrario, fue la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por la Alzada y confirmada por esta Corte.
En suma, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (arts. 486 y 486 bis, CPP).
Por ello, La Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486 bis y ccds. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia