Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127919
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar con costas la queja interpuesta por el letrado apoderado, doctor Tomás Angel Pérez Bodría contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 486 bis y ccds. C.P.P. según Ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por el trabajo desarrollado ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
//Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 127.919, caratulada: “Jaunarena, César Emiliano s/ Recurso de queja en causa Nº 76782 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. Conforme surge de las presentes actuaciones la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 18 de agosto de 2016, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por los apoderados de César Emiliano Jaunarena contra la sentencia dictada por ese mismo órgano jurisdiccional que a su vez, confirmó lo resuelto por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los mencionados contra el auto que denegó la solicitud de aquel de ser tenido como particular damnificado en la IPP n° 02-13625-14 acollarada a la causa n° 9247 (2/8 vta. en relación a fs. 14/16 vta.).
Para arribar a tal decisión observó, respecto de la denuncia de violación de la garantía del doble conforme, que “el recurrente desconoce o hace caso omiso a lo resuelto por esta Sede, esgrimiendo en realidad una opinión discrepante a lo anhelado en el recurso casatorio incoado oportunamente, reeditando nuevamente en dicho recurso extraordinario agravios ya tratados por esta Sede” (fs. 3.
Recordó que las limitaciones objetivas establecidas en el art. 494 del C.P.P. ceden ante la existencia de “absurdo o arbitrariedad”, ambas causales que el recurrente no ha podido demostrar a lo largo de su impugnación (v. fs. 3 vta.), pues “no ha podido rebatir de forma clara, circunstanciada y fundada los argumentos dados por esta Sede, por lo que la invocada ‘arbitrariedad’ ha quedado huérfana de sustento” (v. fs. 4).
Precisó el órgano casatorio que “no se advierte que el recurso extraordinario presente la aptitud y carga técnica necesaria para argumentar que, en el presente caso, están involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el superior tribunal de la causa, a fin de tener presente circunstancias excepcionales que permitan la concesión del recurso impetrado” (fs. 4/vta.).
También puntualizó que el recurrente “no ha podido dejar en evidencia de qué forma se asimila y se debe aplicar al presente caso los precedentes de la Corte Federal citados” (fs. 5 vta.).
2. El letrado apoderado de César Emiliano Jaunarena, Dr. Tomás Angel Perez Bodria, dedujo queja (fs. 38/43).
Alegó que la inadmisibilidad decretada afecta el derecho de acceder a la justicia en defensa de sus intereses que, en el caso, se entrelazan con lo que considera como “poco menos que una insólita confabulación destinada a impedir el conocimiento y dilucidación de hechos de gravedad institucional…” (fs.38 vta.).
Consideró que el recurso interpuesto hizo mención a dos cuestiones procesales que habilitan la admisibilidad del recurso para permitir el ingreso al análisis de cuestiones federales vulneradas como son “la garantía constitucional de la doble instancia y la incorporación de una cuestión válida que obliga al agotamiento de las instancias intermedias para habilitar su tratamiento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (precedentes Strada y Di Mascio)” (fs. 39 vta.).
Sostuvo que el fallo no se hizo cargo del trasfondo fáctico y jurídico que connota el caso, ciñéndose a un rigorismo formal que conlleva una denegatoria de justicia y trasgrede las garantías constitucionales del debido proceso y el acceso a un pronunciamiento judicial objetivo (art. 75 inc. 22 de la C.N.).
Agregó que los jueces de casación “se limitaron a reiterar sin el menor fundamento real, un argumento meramente formal cual es el de sostener que medió [la] doble instancia” (fs. 40).
Afirmó que la arbitrariedad fue planteada con claridad desde el principio; que la cuestión federal –violación del derecho de defensa y de la garantía de igualdad ante la ley- no fue planteada de modo tácito; que al rechazar el recurso en virtud de la supuesta reiteración de argumentos incumplió con su obligación de brindar debido fundamento a su decisión, y que de la lectura de su escrito surgen expresamente las dos cuestiones que se articulan.
3. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
En efecto, el quejoso no logró remover con eficacia el obstáculo formal vinculado con la falta de carga técnica de los agravios de pretensa índole federal en tanto no demostró que las críticas expuestas en la vía del art. 494 del C.P.P. trascendieron un mero criterio divergente con el temperamento adoptado por la Alzada, ni tampoco evidenció la relación directa e inmediata entre los tópicos de pretenso caríz federal (fs. 9/12 vta.) y el pronunciamiento casatorio (fs. 14/16vta. conforme los arts. 14 y 15 de la ley 48).
Por otra parte, de la reseña de los antecedentes del caso se advierte que la resolución impugnada cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar con costas la queja interpuesta por el letrado apoderado, doctor Tomás Angel Pérez Bodría contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 486 bis y ccds. C.P.P. según Ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por el trabajo desarrollado ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia