Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128434
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por la defensa oficial de Ricardo Gabriel Mercader Poggi, con costas (art. 486 bis, CPP).
La Plata, 8 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.434-RQ, caratulada: "Mercader Poggi, Ricardo Gabriel s/ Recurso de queja, en causa n° 76.112 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 24 de noviembre de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Ricardo Gabriel Mercader Poggi, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 8 de Lomas de Zamora, que lo había condenado a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas -más declaración de reincidencia- por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el resultado homicidio cometido con el empleo de arma de fuego (v. fs. 84/86 vta.).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- articuló recurso de queja (v. fs. 88/94).
Liminarmente, adujo el cumplimiento de los recaudos formales de la impugnación y reseñó los antecedentes de la causa (v. fs. 88/90).
En punto a la fundabilidad, señaló que si bien los agravios expresados no se refieren a la ley sustantiva, son relativos a la interpretación y aplicación de normas de rango supremo, circunstancia que impone la apertura de la competencia apelada de esta Corte de conformidad con la doctrina de la CSJN sentada en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. fs. 90 y vta.).
Agregó que dicha desestimación es arbitraria, "pues se la funda de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas que ciegan la jurisdicción de [este Tribunal] al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la Provincia" (fs. cit.).
Manifestó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte nacional, toda vez que los planteos desarrollados en el recurso de inaplicabilidad de ley son de índole federal -derecho a la revisión de la sentencia de condena-; que esa cuestión federal se vincula de manera directa con la solución del caso; que fue oportunamente planteada y que el gravamen originado -en consecuencia- es actual (v. fs. cit./91).
Consideró que este Tribunal, como cabeza de la administración de la justicia provincial, está obligado a tratar la cuestión federal. A todo evento, dejó planteada la inconstitucionalidad de las limitaciones del art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 91 y vta.).
Puso de resalto que la sede intermedia, mediante la formulación de consideraciones dogmáticas, no halló asidero en las denuncias constitucionales esbozadas al amparo de los precedentes de la Corte federal aludidos, defendiendo su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia e ingresando en aspectos que excedieron el mero examen de admisibilidad formal, desnaturalizando así la función asignada por el art. 486 del digesto adjetivo. Citó, al efecto, lo resuelto en causa P. 85.977 (v. fs. 92 y vta.).
En ese discurrir, alegó que la sede intermedia concluyó infundadamente que las críticas esbozadas se vinculaban a temáticas procesales y de derecho común, en tanto lo que se denunció fue la afectación a las garantías constitucionales a la doble instancia y al beneficio de la duda (v. fs. cit./93).
Finalmente, insistió en la arbitrariedad del pronunciamiento atacado y solicitó la intervención de éste Cuerpo como Superior Tribunal de la causa, a los fines del remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48 (v. fs. 93 vta.).
III. La queja no prospera.
En efecto, la Sala IV del órgano casatorio sostuvo que en autos, si bien se encuentra abastecido el requisito previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal referente al monto de la sanción impuesta -diecisiete años de prisión-, no acontecía lo mismo con los restantes presupuestos contenidos en el aludido dispositivo. No obstante, en virtud de la doctrina sentada por la Corte federal en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio", evaluó la concurrencia de alguna cuestión de índole federal susceptible de excitar la competencia revisora de esta Corte como Superior Tribunal de la causa, y concluyó que tal situación "no se patentiza en la especie pues el reclamo se desentiende de lo efectivamente resuelto por el tribunal del recurso ante el mismo agravio planteado" (fs. 85 vta.).
En ese raciocinio, entendió que la defensa no solo se limitó a esbozar un criterio divergente, sino que -además- sus planteos se vincularon a temáticas "de índole procesal y de derecho común, como son la producción y valoración de la prueba, las que por su naturaleza resultan impropias de una eventual cuestión federal", argumento que si bien fue expuesto "no ha sido acompañado de la debida explicitación acerca de su relación directa e inmediata con lo [decidido]" (fs. cit.).
Asimismo, refirió que el impugnante no logró demostrar por qué el razonamiento de los sentenciantes no resulta una derivación razonada del derecho vigente atento los hechos ventilados en la causa, ni la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que estim[ó] comprometidas". Finalmente, recordó la doctrina del Máximo Tribunal de la Nación sobre la arbitrariedad (v. fs. 86).
IV. Si bien de la reseña efectuada surge que el Tribunal revisor al afirmar que "los argumentos defensistas no logran demostrar por qué el razonamiento efectuado por ambos sentenciantes no resulta una derivación razonada del derecho vigente", efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del examen de admisibilidad -tal como lo puso de manifiesto el quejoso-, el juicio negativo debe ser confirmado.
Ocurre que, tal como lo afirmó el a quo, la defensa oficial no desarrolló las pretensas cuestiones federales con la suficiencia y carga técnica necesaria, y no demostró la relación directa e inmediata entre aquellas y lo debatido y resuelto en el caso.
Por tal motivo, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal tampoco prospera, en tanto dicha norma no ha sido obstáculo para la admisibilidad del carril extraordinario sino la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso.
Por todo lo expuesto, cabe concluir que la resolución en crisis cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad esbozada.
V. En suma, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal casatorio (arts. 486 y 486 bis, CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por la defensa oficial de Ricardo Gabriel Mercader Poggi, con costas (art. 486 bis, CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia