Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128763
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación a favor de Escobar Giménez (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.763-RQ, caratulada: "Escobar Giménez, Diego Alejandro s/ Recurso de queja en causa N° 76.455 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 23 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que rechazó el recurso de la especialidad incoado contra lo resuelto por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes que revocó la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 segunda parte del Código Penal y por lo tanto la libertad condicional otorgada por el Juzgado de Ejecución n° 2 respecto de Diego Alejandro Escobar Giménez (v. fs. 59/62).
Para ello, aludió a la definitividad del pronunciamiento a partir de lo dicho por esta Corte en cuanto a que las decisiones que tengan como consecuencia la restricción de la libertad con anterioridad al fallo final de la causa, o aquéllas que vedan la concesión de alguno de los institutos previstos en el régimen de ejecución de la pena, "...más allá de no decidir acerca de la cuestión jurídico-material del proceso y en ese sentido -estricto- no ser definitivas, son equiparables a ella, en la medida que ocasionan al interesado un gravamen que podría resultar de imposible o tardía reparación ulterior..." (fs. 60 vta.) por afectar un derecho que requiere tutela inmediata.
De este modo, tuvo por cumplido el requisito exigido por el art. 482 del Código Procesal Penal y de seguido verificó si se encontraban presentes los del art. 494 del mismo cuerpo normativo. En esa tarea, sostuvo que la situación presentada en autos encuadraba en los objetivos establecidos por dicha norma desde que la pena respecto de la cual se solicitaba la libertad condicional de Escobar Giménez era de doce años de prisión y la defensa fundaba la impugnación cuestionando la aplicación del art. 14 del Código Penal, pero no obstante ello, del desarrollo del recurso no resultaba que estuviesen satisfechos los requisitos formales para habilitar su tránsito hacia la Suprema Corte provincial, pues la señora Defensora no dirigía una crítica concreta y razonada contra los fundamentos expuestos en el fallo de ese Tribunal (v. fs. 61).
Afirmó que la recurrente se desentendía de las razones que fueron suministradas en aquel pronunciamiento para convalidar la legitimidad de la controvertida disposición penal aplicada a Escobar Giménez (arts. 14 Cód. Penal), más allá de una mera alusión parcial a la fundamentación en él expuesta, quedando entonces sin establecerse, de manera inequívoca e inmediata, la relación que existiría entre lo resuelto en la sentencia de ese Tribunal y las afectaciones constitucionales denunciadas en el recurso (v. fs. cit.).
En consecuencia, consideró que los planteos recursivos no se formularon con la carga técnica necesaria para que la pretensión de la defensa pudiera ser considerada en esta sede extraordinaria. De ahí que estimó necesario no efectuar ninguna otra consideración en tanto el art. 494 del Código Procesal Penal no se constituyó en obstáculo para verificar la admisibilidad de la impugnación en tratamiento (v. fs. 61 vta.).
II. Contra lo decidido, la señora Defensora Oficial Adjunta -doctora Ana Julia Biasotti- articuló recurso de queja (v. fs. 65/69).
Explicó que al realizar el control de admisibilidad, el a quo debió limitarse a corroborar si se encontraban satisfechos los requisitos formales previstos por la ley en el recurso en cuestión (v. fs. 67).
Sin embargo, dijo que la Casación se excedió en esa tarea verificando no sólo los aspectos relativos a la viabilidad del remedio impetrado, sino que también se introdujo en el análisis y valoración de los fundamentos expuestos por esa parte en el carril extraordinario, destinados a demostrar las transgresiones que la ley tachada de inconstitucional causaba a los principios y garantías constitucionales, para descalificarlos por su falta de suficiencia (v. fs. 67 y vta.).
De este modo, adujo que al expedirse sobre la aptitud y el mérito de los argumentos dados por el recurrente se adentró en el análisis de la procedencia del recurso, excediendo su jurisdicción, abarcando una tarea propia de esta Corte y privando a su asistido de acceder a la instancia extraordinaria (v. fs. 67 vta.).
De este modo, entendió que desnaturalizó el instituto receptado por el art. 486 del Código Procesal Penal "...puesto que luego de corroborar el efectivo cumplimiento de los requisitos formales, utilizó el control de admisibilidad para realizar una defensa de los fundamentos del fallo..." (fs. 67 vta./68).
III. Con posterioridad, y ante el escrito articulado por la Asociación Pensamiento Penal (APP) y el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal de APP, invocando el carácter de amicus curiae , se resolvió formar anexo y acollararse a este legajo. Asimismo, se indicó que tal presentación no estaba prevista en la legislación procesal actual (v. fs. 70).
IV. De modo preliminar, no puede dejar de señalarse el yerro cometido por la casación en tanto luego de equiparar a definitiva la decisión impugnada -conforme la doctrina de esta Corte- ingresó al examen de los demás recaudos que prescribe el art. 494 del Código Procesal Penal, cuando sólo debía abocarse al tratamiento de las cuestiones federales que podían estar involucradas en el caso.
Sin perjuicio de ello, y con el objeto de no dilatar la tramitación de la presente con una eventual declaración de nulidad a raíz de lo expuesto en el párrafo anterior, es que se dejará de lado la línea jurisprudencial sentada por esta Corte en las causas P. 125.626, resol. de 17-VI-2015; P. 125.710, resol. de 15-VII-2015; P. 125.778, resol. de 2-IX-2015; P. 126.507, resol. de 6-IV-2016; P. 126.225, resol. de 13-VII-2016, entre muchas otras (conf. art. 2, CPP).
V. Sentado ello, cabe afirmar que la queja deviene improcedente (art. 486 bis, CPP).
La denuncia de exceso en la jurisdicción no puede prosperar, toda vez que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal -fundamento que dio sustento a la resolución en crisis- es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P. 125.455, resol. de 13-V-2015, P. 125.523, resol. de 20-V-2015, P. 125.506, resol. de 3-VI-2015, P. 125.630, resol. de 17-VI-2015, P. 125.577, resol. de 17-VI-2015, entre otros).
En contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo de agravio que habilite su admisibilidad.
De este modo, la parte no demostró haber planteado correctamente una cuestión de índole federal -núcleo decisivo de la desestimación por parte del a quo (en tanto sostuvo que la recurrente no demostraba la relación inequívoca e inmediata entre la sentencia impugnada y las afectaciones constitucionales denunciadas)- que impusiera a aquél la admisión de la vía interpuesta en los términos de la doctrina sentada por la Corte nacional a raíz de los fallos Strada, Di Mascio y su progenie.
La quejosa no logró controvertir de manera eficaz dicho obstáculo formal, apuntado en el párrafo anterior, pues se limitó a desarrollar afirmaciones genéricas y dogmáticas sin ningún anclaje en las particularidades del caso, haciendo hincapié fundamentalmente en el supuesto exceso de jurisdicción en que incurrió el a quo .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación a favor de Escobar Giménez (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia