Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128942
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Alan Matías Fresco (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Gonzalo Daniel La Menza por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.942-RQ, caratulada: "Fresco, Alan Matías s/ Recurso de queja en causa n° 76.496 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 9 de marzo de 2017, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad deducidos contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que rechazó -por improcedente- el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata que había condenado a Alan Matías Fresco a la pena de cuatro años de prisión, multa de doscientos veinticinco pesos, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (v. fs. 19/24).
Para así resolver, en primer lugar, expuso que el camino previsto por el art. 491 del Código Procesal Penal sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo o voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones.
Luego, señaló que los motivos de agravio esgrimidos por el impugnante no encuadran en ninguno de los supuestos establecidos por la norma de rito.
Puntualizó que, pese a mencionar el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las críticas contenidas en el libelo recursivo (falta de fundamentación) no son propias del recurso de nulidad intentado; ello en tanto la crítica se centra en la valoración que hizo el Tribunal de mérito de la prueba, lo que implica que no hubo omisión de responder a alguna cuestión esencial planteada por la parte.
Finalmente, dijo que la mera denuncia de arbitrariedad en la sentencia impugnada como, así también, la referencia genérica a la conculcación de derechos consagrados en la Constitución nacional y los tratados internacionales, reafirman que el remedio incoado no se estructura de acuerdo a las prescripciones que la Constitución provincial (esto es, infracciones de los arts. 168 y 171 que pudieran padecer las sentencias definitivas de última instancia) y el Código Procesal Penal prescriben para el remedio incoado.
En lo atinente al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, destacó que el art. 489 del ordenamiento procesal vigente remite 161 inc. 1 de la Constitución provincial. Argumentó que dicha norma establece los institutos de "la acción" y "el recurso de inconstitucionalidad" y que el objeto de ambos es convergente: controlar que las normas emanadas por el Estado provincial sean acordes con los principios sentados en su Constitución, pero sus procesos y efectos son diversos pues, mientras la primera se articula contra una norma general y en forma originaria ante esta Corte el segundo es una instancia recursiva para quien fuera afectado por una sentencia dictada en base a una norma provincial cuya compatibilidad con la constitución local se discute.
En ese marco, frente al planteo de inconstitucionalidad del art. 12 del Código Penal, por conculcar la Constitución nacional y Tratados Internacionales de igual jerarquía, sostuvo que es materia propia del recurso extraordinario federal el mecanismo para hacer efectivo el principio de supremacía de la Constitución nacional frente a la legislación dictada por el Congreso de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales (arts. 31 de la Constitución nacional y 14 de la ley 48); mientras que el recurso tutelado por el aludida art. 489 protege la vigencia de los principios de la Constitución local contra eventuales corrimientos de la legislación provincial.
Concluyó que cuando se reputa que una norma es contraria a la Constitución nacional, la vía idónea es el recurso de inaplicabilidad de ley, pues aquélla es "ley sustantiva" a los efectos de aquél remedio procesal (art. 494 del CPP).
II. Contra ello, el letrado de confianza del nombrado, doctor Gonzalo Daniel La Menza, articuló recurso de queja (v. fs. 27/31).
Liminarmente, se refirió al cumplimiento de los recaudos formales de la impugnación, y reseñó los antecedentes del caso (v. fs. 27 vta./29).
En este tramo, relató que contra la sentencia del a quo dedujo "recurso extraordinario de nulidad e inconstitucionalidad" y que la Sala Cuarta declaró inadmisible "el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" (v. fs. 29 cit.).
Luego de transcribir un fragmento del auto denegatorio, indicó que el a quo se excedió en el juicio de admisibilidad llevado a cabo "escudriñando el alcance de los planteos (…), materia propia del juicio de procedencia o fundabilidad del embate que corresponde con carácter exclusivo y excluyente a [esta Corte], como tribunal de la impugnación" (fs. 29 vta.).
Denunció que con su proceder el Tribunal recurrido vulneró el estándar de debida fundamentación exigido por las normas rituarias.
De seguido, relató que -conforme las constancias documentales adunadas a la causa- fundó la vía extraordinaria del art. 494 del Código Procesal Penal en las cuestiones federales que reputó originadas en la instancia intermedia, las que detalló: a) las garantías del debido proceso sustantivo; b) las garantías del derecho a la defensa en juicio por revisión aparente de los agravios vinculados al encuadre típico asignado y por dar respuestas desvinculadas con las constancias de la causa; y c) conculcación del derecho a ser oído.
En función de ello, advirtió que el Tribunal de Casación "denegó el remedio extraordinario señalando que, ante la ausencia de los recaudos que exige el art. 494 del ceremonial, el recurso deducido resulta inadmisible habida cuenta que las exigencias impuestas por los arts. 484, 494 y 495 del ritual lucen incumplidas".
Concluyó que, en consecuencia, la impugnación ha sido erróneamente descartada en tanto había sido interpuesta contra una sentencia definitiva que importó la denuncia de cuestiones constitucionales que justificaban su tratamiento en esta instancia.
III. Más allá cualquier consideración que pudiera efectuarse en torno a los argumentos dados por el a quo para desestimar los carriles extraordinarios deducidos, lo cierto es que la queja formalizada es improcedente, en tanto las críticas que porta la misma no guardan relación con las constancias de autos.
En efecto, la vía directa no se dirige puntualmente, más allá de la mera mención a fragmentos del auto denegatorio y denuncia genérica de exceso (v. fs. 29 vta.), a controvertir los fundamentos allí vertidos, sino que se centra en la denegatoria de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, conforme las copias aportadas por la propia parte, no ha sido deducido en el presente ni media declaración de inadmisibilidad a su respecto.
IV. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Alan Matías Fresco (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Gonzalo Daniel La Menza por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2554
Fin de la sentencia