Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128464
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa particular a favor de Sergio Pastor Barrios Espínola, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia por la doctora Claudia Inés Corti (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"BARRIOS ESPÍNOLA, SERGIO PASTOR S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 76.427 Y SU ACUMULADA N° 76.105 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV, Y SU ACOLLARADA P-128.533-RQ SAAVEDRA, EMILIANO HUGO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 76.427 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA IV".
La Plata, 27 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 128.464-RQ, caratulada: "Barrios Espínola, Sergio Pastor s/ recurso de queja en causa n° 76.427 y su acumulada n° 76.105 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", y su acollarada P-128.533-RQ "Saavedra, Emiliano Hugo s/ recurso de queja en causa n° 76.427 del Tribunal de Casación Penal, sala IV",
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 15 de diciembre de 2016, -en lo que aquí interesa- declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que rechazó la vía homónima y confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial San Isidro en cuanto condenó a Sergio Pastor Barrios Espínola a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada en concurso real con coacción agravada; todo agravado por la intervención de un menor de edad (v. fs. 42/45 vta.).
Para así decidir, luego de señalar reunidas las exigencias de los arts. 482 y 483 del Código Procesal Penal, destacó que no sucedía lo mismo en virtud del monto punitivo impuesto y los demás recaudos exigidos por la norma ritual -art. 494, CPP- (v. fs. 43). No obstante, afirmó que el carril escogido resulta la vía idónea para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, de conformidad con los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio", no abastece con su mera invocación sino que es menester su correcto planteamiento (v. fs. 43 vta.). En dicho marco, afirmó ello no se patentiza, en tanto los reclamos se desentienden de lo efectivamente resuelto por el Tribunal de recurso "ante los mismos agravios planteados" sin evidenciar arbitrariedad o la falta de fundamentación en lo definitivamente pronunciado (v. fs. 43 vta. in fine ). Agregó que la parte se limita a esbozar un criterio divergente respecto de la revisión de la valoración probatoria, reeditando argumentos vertidos en el remedio casacional (v. fs. 44).
Sintetizó que la índole de las críticas, en rigor, se vinculan con temática procesal y de derecho común, las que -por su naturaleza- resultan impropias de una eventual cuestión federal; argumentos que si bien fueron expuestos por la parte "no han sido acompañados de la debida explicitación acerca de su relación directa e inmediata con lo resuelto en el fallo impugnado" (fs. 44).
Finalmente, descartó el planteo de inconstitucionalidad del art. 494, Código Procesal Penal por entender que la parte no evidenció el modo en que dicha manda menoscaba la garantía contemplada en el art. 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 45 y vta.).
II. En oposición a lo decidido, la doctora Claudia Inés Corti, presentó queja por recurso extraordinario denegado -art. 486 bis del CPP- (v. fs. 48/55 vta.).
Mencionó los motivos denegatorios y advirtió que las dos resoluciones emanadas del órgano casacional "tienen tan poca y nula referencia al caso concreto que podrían aplicarse a cualquier caso resuelto por esa Sala" (v. fs. 49 vta.).
Denunció que el órgano incurrió en exceso al llevar a cabo el examen de admisibilidad que le confieren las pautas del art. 486 del Código Procesal Penal. Especificó que avanzó sobre las potestades reservadas a esta Corte, esgrimiendo su propia opinión sobre el contenido del carril escogido. Le reprochó incurrir en exceso de rigor formal, y citó lo resuelto por este Tribunal en "Pradena Millán" (v. fs. cit.).
Agregó que el a quo soslayó "los casos de recurso federal por sentencia arbitraria" -art. 14, ley 48- (v. fs. cit. y vta.).
Aseveró que la cuestión federal se erige a partir de la infracción a las garantías de defensa en juicio y debido proceso -art. 18, Const. nac.-, en virtud del excesivo rigor formal; lo que colige en la arbitrariedad del decisorio (v. fs. 50 vta.). Adunó que se apartó inequívocamente de los precedentes de este Cuerpo y la Corte federal referidos a la debida asistencia técnica para garantizar la defensa en juicio del procesado (v. fs. cit.).
Mencionó que -oportunamente- se señaló la ausencia de tratamiento de los agravios planteados, defectos de fundamentación y razonamiento, se invocó la vulneración de la garantía de cita -en particular el derecho a ser oído-, todo lo que -reiteró- suscita cuestión federal suficiente (v. fs. cit./51). Alegó que al resolver el recurso de casación se efectuó un análisis meramente formal, en desconocimiento de los parámetros vertidos por la CSJN en "Casal" (v. fs. cit.).
De seguido, en un acápite específico, esgrimió el absurdo y la arbitrariedad de la sentencia del órgano de juicio por inobservancia de los arts. 1, 210 y 373 del Código Procesal Penal (v. fs. cit. in fine /52). Mencionó los precedentes P.126.001 y P.70.599 de esta Suprema Corte (v. fs. 52).
A continuación, retomó su crítica al auto denegatorio por incurrir en meras afirmaciones dogmáticas (v. fs. 52 vta.). Transcribió una parcela del mismo y afirmó que restringió indebidamente la vía "[s]o pretexto de no reunir la impugnación determinados recaudos que taxativamente la ley de rito estipula para la admisibilidad" (fs. cit.). En consecuencia, insistió que se soslayó, arbitrariamente, el criterio emanado de los precedentes "Strada" y "Di Mascio"; por lo que -sostuvo- corresponde relativizar las exigencias de la manda ritual (v. fs. 53 in fine ).
Concluyó que las cuestiones federales tornan admisible la vía, por lo que el auto denegatorio resulta descalificable como acto jurisdiccional (v. fs. 53 vta.).
Como último planteo, se refirió a la reedición de agravios y la inexistencia de arbitrariedad (v. fs. cit.). Expuso que la vía denegada portó la denuncia de falta de agotamiento de la capacidad de revisión, lo que descarta la disconformidad endilgada (v. fs. cit.).
Finalmente, peticionó que se resuelva positivamente la admisión del carril denegado y se declare su procedencia conforme lo allí requerido (v. fs. 54).
1. De lo reseñado en el acápite I dimana que el órgano obturó el acceso a esta Corte por hallar insuficientemente planteada la cuestión federal.
Frente a ello, lejos de remover ese obstáculo, la parte utiliza la deficiente técnica que se le reprochó en aquella sede, esto es, esgrime una opinión personal discrepante con el juicio de admisibilidad efectuado por el a quo , reiterando sus embates y endilgándoles aptitud federal, lo que -consecuentemente- no logra conmover la resolución en crisis.
2. Tampoco puede recibir acogida favorable la alegación del exceso. Ello pues, en contra del reproche efectuado, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo que habilite su admisibilidad. Es que tiene dicho esta Suprema Corte que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal -extremos respecto de los cuales se expidió el Tribunal- es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P.125.455, res. del 13-V-2015, P. 125.523, res. del 20-V-2015, P. 125.506, res. del 3-VI-2015, P. 125.630, res. del 17-VI-2015, P. 125.577, res. del 17-VI-2015, e.o.).
3. Decae, asimismo, el reproche con base en que el órgano "soslayó" el análisis a tenor de la doctrina de la arbitrariedad emanada de los precedentes de la Corte federal -v. fs. 49 vta. y fs. 53 in fine -, pues dicha alegación no guarda relación con lo debatido y resuelto en autos -v. apdo. I-.
4. Finalmente, no logra progresar la mera alegación de que el órgano resolvió a partir de afirmaciones dogmáticas que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
IV. Sólo resta señalar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa particular a favor de Sergio Pastor Barrios Espínola, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia por la doctora Claudia Inés Corti (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3063
Fin de la sentencia