Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128828
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja traída por el señor defensor oficial adjunto a favor de Facundo Nahuel Olmedo; con costas (art. 486 bis del CPP).
La Plata, 28 de febrero de 2018.-
La presente causa P. 128.828-RQ, caratulada: "Olmedo, Facundo Nahuel s/ Recurso de queja en causa N° 76.109 del Tribunal De Casación Penal, Sala IV",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 14 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que rechazó -por improcedente- el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza que había condenado a Facundo Nahuel Olmedo a la pena de nueve años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra (v. fs. 21/23 vta.).
Para así resolver, luego de aludir a lo normado en el art. 494 del Código Procesal Penal, indicó que la pena impuesta al encausado de autos no encuadraba en el primero de los presupuestos objetivos establecidos por la norma citada, más allá del presumiblemente atinado cuestionamiento a la ley sustantiva -art. 189 bis inc. 2° párrafo segundo del Código Penal- formulado por la defensa técnica de Olmedo en el recurso.
Asimismo, dijo que no se vislumbraba elemento alguno que hiciera presumir "la existencia de causa federal suficiente, arbitrariedad o gravedad institucional, que amerite ser abordado a través del recurso de inaplicabilidad de ley".
De seguido, consideró pertinente poner de resalto que "tales extremos no se abastecen con la simple referencia a mandatos de raigambre constitucional como marco de una reiteración meramente dogmática de las objeciones formuladas en las instancias anteriores sin ocuparse de realizar una crítica concreta y razonada del resolutorio cuya impugnación se pretende, sino que requieren por parte del recurrente, un fundamento expreso que permita verificar adecuadamente la acreditación de una causa federal suficiente que habilite la intervención de esta instancia, situación que en el ‘sub lite’ no se advierte".
Sumó a ello que tampoco se efectuó un planteo federal suficiente en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias sobre la que edifica su queja, pues no logra evidenciar la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales que se dicen conculcadas, la argüida arbitrariedad y lo debatido y resuelto en el mismo.
Concluyó que "no hubo demostración de que exista una relación directa e inmediata entre la cláusula constitucional invocada y lo debatido y resuelto en el caso, como así tampoco se demostró que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el recurrente con fundamento en aquélla (Fallos: 311:100; 318:1531; 327:787, 2291 y 2430)".
II. Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, articuló recurso de queja (fs. 29/36).
Sostuvo que el recurso fue erróneamente desestimado, toda vez que resulta aplicable al presente la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes in re "Strada", "Di Mascio" y "Christou". En esa línea, afirmó que "la decisión que origina esta queja importa una negación de dicha competencia, que priva a [esta] Suprema Corte del rol institucional básico (...) de velar por la supremacía de la Constitución Nacional y el bloque federal todo" (fs. 31 vta.).
Tildó de arbitraria la negativa del a quo por fundarse "de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas".
En ese discurrir, explicó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal, en atención a que: a) los agravios postulados en el remedio local son de índole federal, pues se debatió en él que el Tribunal de Casación vulneró el principio de culpabilidad por el hecho propio (arts. 18 y 19 de la Const. nac.), toda vez que se lo condenó a Olmedo por un hecho cometido por el coautor del robo; b) esa cuestión federal se vincula de manera directa con la solución del caso; c) las infracciones federales fueron oportunamente planteadas en el recurso de casación toda vez que se originaron en la sentencia de mérito; y d) el gravamen es actual (fs. 32 y vta.).
Observó que el a quo para negar la concurrencia de los requisitos exigidos por la doctrina "Di Mascio" para declarar inaplicable las limitaciones que en función de la materia establece el art. 494 del Código Procesal Penal "formuló una serie de consideraciones dogmáticas que no se condicen con las constancias de la causa, ni del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que invocaba una indebida revisión de la sentencia de condena" (fs. 33).
Sobre el punto, mencionó que la casación defendió su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia como órgano revisor e ingresó impropiamente en aspectos que exceden el mero examen de la admisibilidad formal del recurso, en tanto importan pronunciarse sobre el acierto o no del contenido de su propia sentencia, desnaturalizando la función que le asigna el art. 486 del Código Procesal Penal (fs. 33 vta.).
Aludió a lo dicho por esta Corte en la causa P. 85.977 y consideró que no resulta adecuado que el órgano que resuelve la sentencia en crisis sea quien analice si ha incurrido en la arbitrariedad que la parte le atribuye, tarea que resulta reservada al tribunal superior (fs. cit.).
A lo expuesto, agregó que -si bien el a quo decidió la falta de fundamentación autónoma del remedio mediante una formula genérica y abstracta- los agravios contenidos en el recurso constituyen verdaderas infracciones constitucionales federales, evidenciadas en la violación al principio de culpabilidad por el hecho, así como en la infracción al mismo principio pero a nivel de la tipicidad (arts. 18 y 19 de la Const. pcial.), las que, por otra parte, fueron debidamente fundamentadas y no sólo invocadas como arbitrariamente se dijo (fs. 34 vta.).
Concluyó que se negó de manera arbitraria la concurrencia en el caso de los requisitos que determinan la inaplicación del límite que en razón del monto y la materia impone el citado art. 494, el que ha de ser inaplicado o bien declarar su inconstitucionalidad (fs. 35 vta.).
III. La queja no prospera.
1. De lo reseñado se advierte que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los cuales la sede casacional basó la inadmisibilidad del remedio extraordinario deducido.
En efecto, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo , en tanto se limita a decir que en aquel medio impugnativo se hallaba en juego una cuestión federal y que la misma guardaba relación directa e inmediata con la materia del juicio.
2. Para más, cabe destacar que de las constancias acompañadas por la parte surge que los reclamos de índole federal por los cuales el recurrente pretende la censura del pronunciamiento del tribunal intermedio y que fueran llevados en la vía extraordinaria (v. fs. 17/20 vta.), resultan ser el fruto de una reflexión tardía pues no fueron materia de controversia en la instancia procesal oportuna (v. fs. 1/5 vta. y fs. 6/12).
IV. Por último, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal carece de virtualidad en la medida en que lo decidido no se funda, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se hallan exteriorizados de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja traída por el señor defensor oficial adjunto a favor de Facundo Nahuel Olmedo; con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia