Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 12858
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa de Alejandro Perone (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
II. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Raúl Horacio Tenaglia por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 9 de mayo de 2018.
La presente causa P. 128.508-RQ, caratulada: "Perone, Alejandro s/ Recurso de queja en causa N° 76.730 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, con fecha 3 de noviembre de 2016, hizo lugar al pedido de reposición incoado por la defensa, admitió la queja interpuesta, rechazó el recurso de casación interpuesto contra el auto de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes que confirmó la denegatoria del pedido de extinción de la acción penal por prescripción y el sobreseimiento peticionado en favor de Alejandro Perone. Asimismo declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad deducidos por carecer de virtualidad su tratamiento (v. fs. 12/14).
II. Frente a ello, se dedujo recurso extraordinario de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. fs. 1/11), los que fueron denegados con fecha 20 de diciembre de 2016 (v. fs. 15/17).
Para así resolver, en primer lugar, sostuvo que en autos no se encuentra abastecido el requisito de definitividad del pronunciamiento, ni el impugnante motiva esta circunstancia, pues se limita a recordar doctrina y jurisprudencia que exigen la posibilidad de revisión de los pronunciamientos judiciales "obviando que los agravios fueron revisados por la Cámara departamental y por la Sala, circunstancia que no aborda", como así tampoco define -pues ni siquiera identifica de modo concreto- "cuáles serían las garantías constitucionales que considera violentadas, a efectos de sortear el obstáculo que supone la ausencia de definitividad del pronunciamiento atacado".
Sentado ello, expuso que si bien la parte pretendió deducir recurso extraordinario de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad, "el libelo no discrimina los agravios propios de cada delito".
En dicho marco dijo que: a) el pretendido recurso de inconstitucionalidad sólo alude a "límites formales", sin identificar qué norma reputa inconstitucional, y a qué disposición de la Constitución provincial resultaría contraria, con lo que luce palmariamente infundado; y b) en lo restante, explicó que el impugnante pretendió interponer dos vías (inaplicabilidad de ley y nulidad), que son esencialmente diversas entre sí, en cuanto a los requisitos de procedencia y objeto de resolución, pese a lo cual, el texto del remedio incoado no efectúa discriminación alguna entre los agravios y petitorios que corresponderían a cada uno (v. fs. 16).
En abono de su postura, trajo a colación lo dicho por este Tribunal en la causa P. 113.494. Reprodujo que en el marco de la primera se dijo que "[s]in perjuicio de la cita conjunta y promiscua que efectúa el recurrente de la articulación de ‘recurso de nulidad extraordinario e inaplicabilidad de ley’ que obstaculizan el discernimiento de los agravios allí expresados, la falta de invidualización (...) impide (...) formarse un juicio crítico sobre la admisibilidad de la impugnación a partir de su sola lectura". Refirió que, aunque se obviaran tales deficiencias, el impugnante insiste en sus propias razones, limitándose a denunciar genéricamente una ausencia de motivación que no argumenta.
Asimismo, mencionó lo dicho en la causa P. 118.961 en punto a que "resulta inadmisible el recurso que se limita a insistir en las propias razones, pues ello importa que ‘la parte se ha desentendido palmaria y absolutamente de la decisión del tribunal recurrido (...), técnica inidónea para demostrar que la sentencia controvertida conlleve alguna situación que tiña su condición de acto jurisdiccional válido".
Concluyó que si el impugnante no identifica la lesión constitucional que denuncia, no específica a qué cuerpo constitucional pretende referirse, no funda el carácter definitivo del pronunciamiento ni menciona siquiera cuál sería el agravio irreparable producido, no aborda las razones de hecho y derecho dadas en el pronunciamiento que recurre y no expone clara y autónomamente los agravios referidos a cada uno de los tres recursos que intenta, la pretensa cuestión federal se encuentra infundada, pues el recurso incumple la carga de motivación que traen los arts. 484 y 495 del ritual.
III. El letrado de confianza de Perone, doctor Raúl Horacio Tenaglia, articuló recurso de queja (v. fs. 19/25 vta.).
Liminarmente, efectuó una breve reseña de los antecedentes de la causa (v. fs. 19 vta./20).
Explicó que la facultad de evaluar los motivos de un recurso es exclusiva y excluyente del superior, careciendo el a quo de la posibilidad de efectuar un análisis más extenso que el referido a las cuestiones formales de interposición.
Señaló que las consideraciones efectuadas por aquél "lo han sido sobre la base de analizar la procedencia o fundabilidad de los mismos, y para ello, ingresando al examen de los motivos de agravio que fueran expuestos; lo que le está vedado" (fs. 20 vta.).
En sustento de su postura aludió a lo resuelto por este Tribunal en la causa P. 125.630 "Pradena Millan" (v. fs. 21).
Luego de transcribir lo normado por el art. 433 del Código Procesal Penal, indicó que la ley no dejó en manos del órgano que concede entrar en los motivos expuestos por el agraviado "sino que ha limitado su actuación a cuestiones meramente formales como son la interposición [en] plazo, la legitimación para recurrir, las formas en que se lo hizo y si era recurrible" (fs. 21 vta.).
Recordó que en oportunidad de incoar los recursos extraordinarios detalló las cuestiones federales en juego, lo que no fue tenido en cuenta por la casación. En ese contexto, citó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los cuales se afirmó la recurribilidad objetiva de las decisiones que rechazan la prescripción de la acción penal, a saber: "Barra", "Egea" y "Cabaña Blanca" (v. fs. cit./22).
Más adelante, advirtió que el Tribunal debió efectuar una apreciación mínima y provisional "tendiente a demostrar si la hipótesis articulada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pero no debe expedirse sobre la motivación de su propia decisión (v. fs. 24).
IV. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del CPP).
El juicio negativo debe mantenerse. Ello, en tanto esta Corte tiene dicho que la resolución que confirma la denegatoria de prescripción de la acción penal y el pedido sobreseimiento al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal y tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf. causa P. 103.812, resol. de 16-II-2011, P. 116.856, resol. de 12-XII-2012; P. 116.670, resol. de 18-XII-2013; P. 120.746, resol. de 20-VIII-2014; P. 119.603, resol. de 5-XI-2014; P. 122.306, resol. de 17-VI-2015; P. 122.631, resol. de 1-VII-2015; P. 120.675, resol. de 8-VII-2015; P. 124.202, resol. de 24-VIII-2015; P. 121.264, resol. de 30-III-2016; P. 124.466, resol. de 14-XII-2016; P. 126.536, resol. de 24-V-2016; P. 127.743, resol. de 31-V-2017; e/o.)
Al no haberse abastecido el recaudo del art. 482 del Código Procesal Penal y siendo ésta una causal suficiente para confirmar la inadmisibilidad de los carriles impugnativos, no cabe efectuar ninguna consideración con relación a las críticas de la defensa vinculadas con el supuesto exceso de jurisdicción en el que habría incurrido el a quo.
Sobre el punto, resulta pertinente destacar que el art. 482 cit. es una de las reglas generales, entre otras (v. arts. 479 a 488), que deben cumplir todos los recursos extraordinarios. De ahí que recién cuando se abastezcan todas ellas, se podrá ingresar al examen particularizado del objeto y finalidad de cada una de las vías impugnativas específicas (conf. arts. 489, 491 y 494 del CPP; causa P. 128.487, resol. de 3-V-2017 y P. 127.613, resol. de 14-VI-2017).
Por otra parte, si bien cabría dejar de lado aquél principio general en los supuestos en los que se invoque seriamente la prolongación injustificada del proceso (conf. doctr. Ac. 99.225, resol. del 8-VII-2008: Ac. 103.564, resol. del 25-II-2009; CSJN, Fallos: 306:1688 y 1705), ello no acontece en el caso.
En efecto, el quejoso no esbozó agravios -más allá de la dogmática invocación de fallos a fs. 22- en torno a cómo cabría excepcionar en la presente aquélla premisa desde el andarivel de la equiparación de lo decidido a sentencia definitiva, en tanto la alongación del proceso pudiese provocar un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior.
V. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
I. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa de Alejandro Perone (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
II. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Raúl Horacio Tenaglia por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia