Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128666
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Héctor A. Navascues en la suma de … pesos -$...-, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017), con más el 10% de la ley 10.268.
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.666, "C., A. y V., F. J. s/Recurso de Queja en causa n° 76.666 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de septiembre de 2016, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el defensor particular de A. C. y F. J. V., contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que condenó a C. a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor del delito de corrupción de menores agravada por resultar la víctima menor de trece años; y a V. a diez años y seis meses de la misma pena como coautor responsable del delito de corrupción de menores agravada por el vínculo (v. fs. 105/112 vta. del principal n° 76.666).
Contra esa decisión, el defensor particular de ambos imputados, doctor Héctor A. Navascues, interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 115/121), que fueron denegados por el tribunal interviniente (v. fs. 122/126). La defensa dedujo recurso de queja ante esta Suprema Corte (v. fs. 98/103 vta.), la que decidió conceder el remedio de inaplicabilidad de ley deducido a favor de F. J. V.; y desestimar, por inadmisible, el extraordinario de nulidad y el de inaplicabilidad de ley con respecto al coimputado A. C. (v. fs. 107/109).
Oído el señor Subprocurador General a fs. 211/215, dictada la providencia de autos (v. fs. 216), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el defensor particular a favor de F. J. V.?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. La defensa particular de F. J. V. sostiene que el juzgador consideró que las figuras contenidas en la norma del art. 125 del Código Penal constituyen delitos de peligro y "...que no requiere para su configuración que el damnificado efectivamente se corrompa" (fs. 116 vta.).
Aduce la defensa que existen tres enfoques jurisprudenciales a los fines de dar por configurado este delito: el primero exige intención deliberada de corromper a la víctima (dolo directo); el segundo sostiene que basta la mera posibilidad o peligro potencial de que la víctima se corrompa a consecuencia del hecho; y por último se exige que la víctima efectivamente haya sufrido secuelas psicológicas reales que tuerzan sus instintos sexuales a consecuencia del hecho.
En ese orden, afirma que de las constancias de autos y de la lectura de la sentencia surge con claridad que en el sub lite no ha existido propósito deliberado de corromper a las víctimas, ni tampoco que ellas hayan sufrido secuelas psicológicas reales, quedando en evidencia entonces que el juzgador adhirió al segundo de los enfoques aludidos (v. fs. cit.). De allí -alega- surge el error que denuncia.
Expresa que la descripción de la conducta típica contenida en el art. 125 del Código Penal indica claramente que se trata de un delito de resultado y no de peligro, y que es el mismo texto legal que exige que se deba verificar el resultado "corrupción" para que se configure el delito (v. fs. 117 vta.).
I.2. Como segundo agravio, plantea que el Tribunal de Alzada omitió analizar las cuestiones de prueba oportunamente llevadas por la parte -en especial el informe de la psicóloga Norma Iglesias- habida cuenta que solo se limitó a decir que el ilícito tipificado en el art. 125 del Código Penal es un delito de peligro sin dar fundamento de ello, transgrediendo -según entiende- los arts. 371 párrafo segundo de la ley ritual y 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 118 vta.).
Funda este cuestionamiento en la alegación de que el órgano intermedio no hizo ninguna referencia a tal testimonio que considera decisivo (v. fs. 119 vta.).
Sin embargo, este último agravio reseñado no sorteó exitosamente el examen de admisibilidad efectuado a fs. 135/137, ya que el recurso extraordinario fue concedido únicamente con relación al reclamo sobre la aplicación de normas del Código Penal (v. esp. fs. 136 vta. apdo. IV).
II. El señor Subprocurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 211/215).
III. El agravio relativo a la errónea aplicación del art. 125 del digesto de fondo, no puede prosperar.
El Tribunal de Casación reseñó la materialidad ilícita, en la que tuvo por debidamente acreditado que "...desde el año 2009 y hasta el mes de julio de 2011, en los domicilios de calle [...], los aquí imputados promovieron la corrupción de los menores N. (nacido el 24-10-01), L. (nacido el 25-3-04) y J. V. (nacido el 30-9-04), todos ellos, hijos de F. V.. Puntualmente, se imputa haber obligado a los menores a desnudarse y colocarse objetos entre los glúteos -envases de aerosol, vegetales- para luego tomarles fotografías de sus genitales y en poses connotadamente sexuales, a fin de satisfacer sus propios deseos" (fs. 107 de la causa principal n° 76.666).
Ante similar planteo al aquí traído expresó, en coincidencia con el tribunal de mérito, que "...la corrupción es un delito de peligro, que no requiere para su configuración que el damnificado efectivamente se corrompa" (fs. 110 vta.).
Indicó que "...el delito en trato consiste en llevar a cabo respecto de la víctima conductas consistentes en el ejercicio de enseñanzas y prácticas idóneas para deformar el sentido naturalmente sano de la sexualidad por prematuras si se tiene en cuenta la edad del damnificado" (fs. cit.).
Aseveró que en autos "...las prácticas reiteradas sobre niños pequeños resultaron efectivamente prematuras, pero además, corruptoras, pues la modalidad de ejecución implicó desnaturalización de la relación paterno filial (con afectación de la prohibición de incesto), perpetración del hecho ante la vista de terceros y en forma grupal, lo cual podría llevar a torcer el necesario sentido de intimidad del trato sexual, y mediante la toma de fotografías, extremo que atentó contra el pudor de las víctimas, pues como expresó Armengol, los niños, pese a saber lo que es una fotografía, no miraban hacia la cámara" (fs. 110 vta. y 111).
En síntesis, concluyó que "...no es posible sostener que tales conductas carezcan de capacidad corruptora, o afirmar que no existió dolo en el accionar de los encartados, pues, [...], someter a niños que ni siquiera habían alcanzado la pubertad a situaciones de desnudo grupal, frente a la vista de dos adultos, adoptando poses innaturales para su edad y obligándolos a colocarse objetos en el ano a efectos de fotografiarlos no son acciones pasibles de ser consideradas simples juegos, ni permiten cuestionar el conocimiento sobre la potencialidad corruptora de tales prácticas y la voluntad de llevarse a cabo, máxime, cuando ni siquiera se ha esbozado la existencia de alguna dificultad cognitiva o volitiva en los imputados" (fs. 111).
Se advierte así, que el impugnante sólo expone un criterio discrepante, pero no se encarga de demostrar -desde la técnica recursiva- que el análisis y los fundamentos expuestos por el tribunal intermedio permitan exhibir yerro en la subsunción legal que denuncia (doctr. art. 495, CPP).
Por otra parte, tiene dicho esta Corte (causas P. 34.247, sent. de 17-II-1987; P. 35.115, sent. de 26-IV-1988; P. 37.610, sent. de 15-XI-1988; P. 42.893, sent. de 7-XII-1993; P. 48.544, sent. de 28-XII-1995; P. 60.359, sent. de 12-VII-2000; reiterada en P. 66.349, sent. de 2-XI-2005) que el art. 125 del Código Penal no tiene por núcleo la referencia a quien corrompiere sino a quien "promoviere o facilitare" la corrupción, es decir que el tipo no requiere que se produzca la concreta corrupción. Pero, en el otro extremo, no basta con la pura actividad de ejecutar actos idóneos para corromper.
Promover significa "iniciar", "comenzar", "empezar", "dar principio a una cosa", "adelantar" algo -"procurando su logro"-, "mover", "llevar hacia delante". De allí que para perfeccionarse este núcleo no es necesario que se concrete la corrupción, pero no es suficiente que se realicen actos idóneos para ello: se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia delante) la corrupción del sujeto pasivo. Mientras que facilitar significa crear las condiciones para que algo sea posible o pueda hacerse "sin mucho trabajo" o pueda "suceder con mucha probabilidad".
El verbo promover contiene tal ingrediente subjetivo -además del no subjetivo- en tanto describe la conducta de quien inicia o adelanta una cosa "procurando su logro".
En cambio el núcleo "facilitare" no encierra ningún elemento subjetivo del tipo.
De modo tal que no corresponde generalizar las referencias a un supuesto elemento subjetivo del tipo que fuera común a los verbos promover y facilitar (conf. precedentes cits.).
IV. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del ponente.
Tengo dicho que no teniendo el art. 125 del Código Penal por núcleo la referencia a quien corrompiere sino a quien "promoviere" o "facilitare" la corrupción, va de suyo que entonces el tipo no requiere que se produzca la concreta corrupción (esto es efectiva lesión al objeto del bien jurídico). En el sentido del texto legal, promover significa "iniciar", "comenzar", "empezar", "dar principio a una cosa", "adelantar" algo "procurando su logro", "mover", "llevar hacia adelante". De modo que para perfeccionarse este núcleo no es necesario que se concrete la corrupción, aunque se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia adelante) actos idóneos tendentes a la corrupción del sujeto pasivo. Por lo demás, "facilitar" significa crear las condiciones para que algo sea posible o pueda hacerse "sin mucho trabajo" o pueda "suceder con mucha probabilidad". Y desde el plano subjetivo requiere dolo, esto es el conocimiento de los elementos referidos a nivel objetivo (conf. causa P. 126.328, sent. de 11-IV-2018; e.o.).
Así las cosas, la defensa no logra justificar la incorrección de la aplicación del tipo penal en ciernes, en referencia a que la interpretación que efectuó el sentenciante de sus presupuestos típicos se encuentre en contradicción con la doctrina de esta Corte.
El recurrente simplemente insiste con su tesis acerca de la necesidad de la efectiva lesión, dejando sin debida réplica lo dicho por el a quo en cuanto afirmó que las prácticas a que fueron sometidos los menores se adecuaban a aquellos presupuestos por tratarse de un delito de peligro, así como que se hallaba probado el dolo requerido por la figura. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
En consecuencia, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Héctor A. Navascues en la suma de … pesos -$...-, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia