Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129723
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.723, "C., S. R.. Recurso de queja en causa n° 76.944 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de abril de 2017, rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial y confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Tandil del Departamento Judicial de Azul, que había condenado a S. R. C. a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidente, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual doblemente agravado por ser cometido por un ascendiente y por la convivencia preexistente, en forma reiterada, en concurso ideal con corrupción de menores agravado (arts. 40, 41, 45, 50, 54, 119 tercer párrafo e incs. "b" y "f" y 125 tercer párrafo, Cód. Penal; v. fs. 30 y vta. y 76/86 vta.).
La señora defensora oficial adjunta -doctora Ana Julia Biasotti- ante esa instancia interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 59/69), que fue denegado por el órgano intermedio (v. fs. 101/104 vta.). La defensa presentó recurso de queja ante esta Suprema Corte, que decidió conceder el remedio interpuesto (v. fs. 222/224).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 234/237 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 238) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La señora defensora oficial adjunta denuncia errónea revisión de la sentencia de condena (arts. 8.2."h", CADH; 14.5, PIDCP y 18, Const. nac.; v. fs. 96 vta./99 vta.) en el tramo correspondiente a la aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y la determinación de la pena.
Sostiene que la tarea del revisor debía garantizar el debido proceso y tratar las cuestiones planteadas por esa parte referentes a la omisión de tratamiento de circunstancias atenuantes alegadas y falta de fundamentación de las agravantes impuestas.
Agrega que en lugar de subsanar esos defectos se desentendió de la denuncia efectuada relativa a la valoración como agravantes de circunstancias que ya estaban contenidas en los tipos penales por los que fue condenado C. (haber sido cometido el hecho por el progenitor y la situación de convivencia entre el imputado y su hija), en transgresión al principio constitucional ne bis in idem , la doble valoración de la condena anterior y la declaración de reincidente (v. fs. 97 vta. y 98).
Expresa que la respuesta a su agravio consistió en afirmar -dogmáticamente- que el pronunciamiento de mérito no carecía de fundamentación.
Expone que las manifestaciones efectuadas por el representante fiscal en sede casatoria que reconoció que el tribunal de juicio no había tratado expresamente las atenuantes requeridas por la defensa -aunque no incidirían en la pena a la luz de la gravedad de los hechos que se le imputan a C.- no pudo ser soslayado por el revisor (v. fs. 98 cit.).
Por último, efectuó una reseña del alcance de la garantía de la revisión amplia, citó el precedente de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos "Herrera Ulloa c/ Costa Rica" y el fallo "Casal" de la Corte federal (v. fs. 98 vta. y 99).
II. En su dictamen de fs. 234/237 vta. el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso. Como él, considero que los planteos no prosperan.
III. La decisión del a quo respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.1. Al interponer el recurso de casación, la defensa del procesado C. cuestionó que no haya sido atendida su petición de computar como atenuantes de la pena la condición sociocultural (escasa formación, marginalidad social y cultural) y la condena previa (v. fs. 57). Sobre este último tópico criticó el fallo porque no habría explicado porqué su "...condición de ex prisionero debe aumentar el reproche" (fs. 57 vta.).
En relación con las agravantes meritadas por el juzgador de grado planteó la falta de motivación lo que imposibilitaría el "...control de logicidad del monto de pena impuesto" (fs. 58).
Solicitó la exclusión de las severizantes y la consiguiente disminución de la sanción, la que en su opinión no podría superar los ocho años de prisión (v. fs. cit.).
Citó en apoyo de su postura diversos precedentes del Tribunal de Casación Penal y coligió que los elementos del tipo penal no pueden ser valorados como agravantes por violentar el principio ne bis in idem (v. fs. cit./60).
III.2. La Sala II del Tribunal de Casación Penal comenzó por señalar que los magistrados de la instancia se expidieron por la negativa a la ponderación de atenuantes de la pena "...tanto porque no fueron valorados por el fiscal de juicio como porque no advirtieron sobre 'la posible existencia de circunstancias que así lo determinen'" (fs. 84 vta.).
Adujo que esa decisión no merecía ningún reparo legal y recordó que resulta facultad de los magistrados de juicio el seleccionar el monto y especie de pena a imponer -siempre que se ajusten a los parámetros de la escala aplicables- "...sin que se advierta violación a tales límites ni irrazonabilidad en el ejercicio de tal potestad a la luz de las circunstancias computadas por el a quo en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P." (fs. cit. y 85).
Apreció que resultaba claro advertir que los juzgadores no tuvieron por acreditada ninguna circunstancia que llevara a la atenuación de la sanción pretendida, no encontrando en ello ninguna irregularidad "...sino el pleno ejercicio de su razonable facultad" (fs. 85 cit.).
Adunó que las argumentaciones de la defensa "...tampoco ilustran sobre su eventual concurrencia en el caso, pues han quedado expuestas desde su loable pero insuficiente esfuerzo, por su visión subjetiva y particular" (fs. cit.).
En cuanto a las agravantes apreciadas en el fallo señaló que los sentenciantes dieron respuesta al alegato defensista -en orden a la valoración como severizante de la condena anterior que registra el imputado- y manifestaron que si bien "...las expectativas que ofrece el servicio penitenciario no son las ideales, que lejos están a veces de la manda constitucional, [...] también es cierto, que el haber estado privado de libertad no es una condición para la comisión de nuevos y diferentes ilícitos" (fs. cit. y vta.).
Afirmó que el fallo no careció de motivaciones ni puede atribuírsele el "hermetismo" aludido por el recurrente pues "...resultó respetuoso del art. 106 del C.P.P. que, en lo que concierne a la determinación judicial de la pena, requiere que se exprese la circunstancia de haber tenido en cuenta alguno de los criterios de valoración que prevé el art. 41 del Código Penal, que verificado en el caso concreto, trasciende al juicio sobre la culpabilidad, incidiendo de ese modo en la magnitud de la pena" (fs. 85 vta.).
Concluyó que el a quo no se excedió en las facultades que le confiere la ley, "...no solo respetó la escala penal aplicable al concurso de delitos establecido en el fallo, sino que además la pena impuesta resultó fundada de conformidad con los arts. 40 y 41 del Código Penal y 106 del C.P.P., sin que se advierta arbitrariedad en dichas consideraciones" (fs. cit.).
Acerca de la manifestación de la defensa en punto a que los elementos del tipo penal no pueden valorarse como agravantes indicó que "...aparece en el recurso sin ningún desarrollo concreto que permita vincular ese planteo con la concreta situación juzgada" dado que "...más allá de la cita de jurisprudencia sobre ese tema en general, no hay nada puntual en vinculación con el caso", y rechazó el planteo por insuficiente (art. 451 y concs., CPP; v. fs. 86).
IV. Como se advierte, más allá de que pueda o no acompañarse el criterio del órgano intermedio, el revisor dio respuesta a todos los reclamos que efectuó la defensa en el recurso de casación, se pronunció por su desestimación y confirmó lo decidido por el órgano de mérito, con debida fundamentación de lo resuelto.
La disconformidad con la solución adoptada por el a quo no es eficaz para demostrar la violación al derecho al recurso en los términos de los arts. 8 apartado 2 inc. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 apartado 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que cita, como tampoco a la afectación a las garantías constitucionales que invoca (art. 495, CPP y su doctr.).
Asimismo, también se advierte de lo reseñado, que la recurrente, alegando falta de fundamentación, no hace otra cosa que poner en evidencia su criterio divergente con la incidencia que las pautas atenuantes y agravantes meritadas por el tribunal tuvieron sobre el quantum de la pena, lo cual no implica ni significa violación legal alguna (causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003 y P. 77.983, sent. de 11-VI-2003).
V. Por último el agravio referido a las expresiones desarrolladas en el memorial por el fiscal adjunto ante el Tribunal de Casación (v. fs. 72 vta.) relativas a la falta de meritación de las atenuantes requeridas por la defensa en la audiencia de debate, tampoco es de recibo (v. fs. 208).
El señor fiscal adjunto dictaminó señalando que asistía razón a la defensa en uno de sus planteos contra la condena. Esto no quiere decir que haya "desistido" de un recurso que su parte no había promovido. Su recomendación fundada es relevante, pero no puede -como lo pretende el recurrente- dársele carácter vinculante, efecto que no surge de norma alguna (causa P. 123.341, sent. de 4-VII-2018).
Lo dicho no colisiona con el derecho de defensa, que esa parte ha ejercido sin limitación alguna (art. 18, Const. nac.). Tampoco vulnera la garantía de imparcialidad que el tribunal revisor confirme un aspecto del fallo que viene recurrido por la defensa. En tal caso el dictamen ilustra al Tribunal de Alzada, pero no tiene por función hacer que el Tribunal abdique de su deber de examinar si la pretensión contraria a la condena ya pronunciada (o alguna de sus partes) es fundada.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Disiento con los votos que me preceden, pues -a mi juicio- el recurso debe parcialmente prosperar.
La defensa sostiene que se ha afectado el derecho a la revisión de la sentencia de condena (arts. 8.2."h", CADH; 14.5 PIDCP y 18, Const. nac.; v. fs. 96 vta./99 vta.), en el tramo correspondiente a la determinación de la pena (arts. 40 y 41, Cód. Penal); pues, habiendo dicha parte reclamado frente a la omisión de tratamiento de las circunstancias atenuantes alegadas y falta de fundamentación de las agravantes impuestas por parte del tribunal de mérito, la casación se limitó a responder formalmente, en desmedro del derecho al recurso, el debido proceso y del derecho de defensa en juicio.
II. En parte, le asiste razón.
II.1.a. En ocasión del alegato final la defensa, en réplica de lo sostenido por el representante fiscal, propuso que debía ponderarse con cariz atenuante la "escasa formación, marginalidad social y cultural" del imputado, y la condena previa que registra, por "...el hecho de haber sido víctima del sistema [c]arcelario". Pues, sostuvo, "...el fracaso del sistema eventualmente no se le puede reprochar al sujeto". Dijo que -a su criterio- ese antecedente "...debe ser valorad[o] como un minorante del reproche penal" antes que como severizante según reclamaba el acusador (v. copias agregadas a fs. 9 vta. y 10).
II.1.b. Ante casación cuestionó que el tribunal de grado no le diera a ese punto ninguna respuesta, limitándose el fallo a sostener que no habiendo referido el agente fiscal la existencia de atenuantes no correspondía su cómputo (v. fs. 87 vta.). Y también objetó lo decidido en torno a la otra pauta minorante postulada ya que al contrario de lo pretendido el juzgador ponderó como pauta agravante la condena previa, sin explicar -según la defensa- las razones por las que "...la condición de ex prisionero debe aumentar el reproche" por el nuevo hecho cometido. A su vez se quejó con relación a las demás agravantes computadas, señalando que la falta de motivación a su respecto imposibilita "...el control de logicidad del monto de pena impuesto" (fs. 88).
II.1.c. La respuesta del tribunal intermedio respecto a que cuando el a quo descartó las atenuantes lo fue tanto por no haberlas valorado el fiscal como porque no advirtieron sobre la posible existencia de dichas pautas (v. fs. 84 vta.), y que esa decisión no merecía reparo legal siendo función de los magistrados de grado seleccionar el monto y especie de pena a imponer siempre que se ajusten a las escalas aplicables y a la luz de las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, sin más argumentación (v. fs. cit. y 85), se presenta meramente dogmática y se erige en un tránsito aparente por la instancia casatoria, pues al evitar un pronunciamiento que en concreto aborde el punto, incumplió con el deber de garantizar la revisión amplia de la condena y de la pena que asiste a toda persona inculpada de delito (CSJN Fallos: 328:3399; 329:2265; e.o.).
Es que siendo evidente -como incluso lo alertó el dictamen del fiscal ante Casación; ver fs. 72 vta.- que la parte había reclamado respecto de una pauta atenuante de pena sin obtener ninguna respuesta sobre el punto, en franca violación del art. 168 de la Constitución provincial, el tribunal intermedio debió en cumplimiento del derecho al recurso atender ese reclamo y darle adecuado tratamiento. Sin embargo, prefirió obviar ese abordaje, priorizando una respuesta formal por sobre el fondo del planteo del apelante.
II.1.d. Además, esa posición, sustentada en el señalamiento de que los jueces de grado son soberanos en la selección del monto y especie de pena -en cuanto podría importar retraer el control casatorio por fuera de los límites de la inmediación- sobre cuestiones vinculadas precisamente a la determinación de la pena, resulta incompatible con la exigencia constitucional del derecho del condenado a la fiscalización de los aciertos o desaciertos del fallo por un tribunal superior, impidiendo la revisión amplia de la sentencia adversa, consecuencia lógica del "derecho al recurso" tal como lo han concebido los tribunales internacionales (conf., por todos, el fallo dictado en el caso "Herrera Ulloa v. Costa Rica" por la CIDH, sent. de 2-VII-2004 -e.o., parágrafos 165 y 167; conf., también, lo establecido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en los casos "Sineiro Fernández c. España", dictamen de 7-VIII-2003, párrafos 7 y 8, y "Gómez Vásquez c. España", dictamen de 20-VII-2000, párrafo 11.1-, en criterio consolidado por la CSJN a tenor de lo resuelto en el caso "Casal", ya citado).
II.2. El reclamo vinculado con el tratamiento dispensado a la otra pauta atenuante postulada por la defensa, no prospera.
En ocasión de computar la condena previa con cariz severizante, tal como lo reclamaba el fiscal, y a contracara de lo pedido por la defensa, el sentenciante afirmó "...que si bien 'las expectativas del servicio penitenciario no son las ideales, que lejos están a veces de la manda constitucional, empero también es cierto, que el haber estado privado de la libertad no es una condición para la comisión de nuevos y diferentes ilícitos'" de modo tal que no puede considerarse que el fallo haya carecido de motivación en este punto ni pueda atribuírsele el "hermetismo" al que aludió la apelante (v. fs. 85 vta.).
En lo así dicho la parte no demuestra la configuración de un supuesto que permita descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido ni de afectación a las garantías constitucionales que denuncia, en tanto ha merecido un fundamento concreto, se comparta o no lo decidido.
II.3.a. Finalmente, la referencia a la falta de adecuado desarrollo del agravio relativo a que "...los elementos del tipo penal no pueden valorarse como agravantes" sin violar el "...principio de non bis in ídem" (fs. 60 y reseñado en la sentencia que se impugna a fs. 86) y su falta de vinculación con el caso, como óbice para su tratamiento, también aparece como una respuesta formal del órgano casatorio que cercena a la parte del derecho al recurso. Ello, cuando es sabido que el acceso a la revisión del fallo condenatorio, si bien puede estar sujeto a las condiciones de reglamentación que razonablemente se fijen (art. 28, Const. nac.), debe ser lo más amplio y sencillo posible, a fin de evitar su abrogación (conf. doctr. causas P. 83.262, sent. de 24-VIII-2005; P. 109.239, sent. de 7-IX-2011; P. 119.691, sent. de 26-VIII-2015; P 121.630, resol. de 10-VIII-2016; P. 120.875, sent. de 13-IX-2017; P. 127.351, sent. de 7-III-2018; e.o.).
II.3.b. La defensa desde el alegato ha venido discutiendo la ponderación como agravantes de pena de la presunta continuidad de ataques sexuales a la víctima, en tanto -a su juicio- no está probado "...siquiera cuántas veces ocurrieron"; también que se pondere la corta edad de la víctima; y "...en cuanto al doble agravamiento" -dijo- que el hecho encuadre en más de uno de los incisos del artículo que tipifica la conducta no puede configurar una pauta de agravación por esa razón, "...ya que es parte de la conducta prevista en la normativa". Con todo reclamó que aún en caso de arribarse a un juicio de condena, se establezca una pena cercana al mínimo legal (v. fs. 9 vta. y 10).
II.3.c. Al discutir ante casación las pautas agravantes computadas en el fallo de condena, cuestionó que se las hubiera admitido sólo por haberlas peticionado el fiscal, sin explicar los motivos para su acogimiento ni dar respuesta a sus críticas, por lo que el fallo exhibe un "hermetismo" tal que imposibilita "...el control de logicidad del monto de pena impuesto" (fs. 88). Señaló, además, que en él no se explica -al computar como agravante "...la prologada duración de los abusos continuados en el tiempo..." que contribuyó a la mayor indefensión y vulnerabilidad de la niña lo que habría sido aprovechado para su sometimiento-, "...cómo resulta que el tiempo transcurrido en la presunta comisión de los delitos produjo mayor indefensión en la víctima, resultando una afirmación dogmática" (fs. 87 vta. y 88). Asimismo, la parte citó diferentes precedentes que señalan que la corta edad de la víctima en los delitos de abuso sexual es un recaudo típico y que importaría una doble ponderación prohibida tenerla en cuenta nuevamente, aunque ahora como agravante de pena (v. fs. 59/60). Finalmente, insistió en cuanto a que, en caso de convalidarse el veredicto en los términos planteados en la sentencia, la pena debería reducirse (v. fs. 87 vta.).
II.3.d. Pese a todos estos concretos reclamos, sin que sea óbice su presentación poco prolija o desordenada, el tribunal del recurso debió satisfacer a cabalidad el acceso a esa instancia revisora, sin cortapisas formales, lo que según se evidencia y la propia parte pone al descubierto, no ha acontecido. De la simple lectura del fallo y del repaso efectuado queda claro que la mayoría de las respuestas dadas por la casación cubrier
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