Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128671
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja traída por la defensa técnica de Manuel Cardozo, con costas (art. 486 bis , CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor profesional desempeñada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"Cardozo, Manuel s/ Recurso de queja, en causa n° 76.569 del Tribunal de Casación Penal, Sala V" .
La Plata, 13 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.671-RQ, caratulada: "Cardozo, Manuel s/ Recurso de queja, en causa n° 76.569 del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa técnica de Manuel Cardozo, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 de San Martín, que lo había condenado a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, más multa de cien pesos, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de tráfico de sustancia estupefaciente en la modalidad comercio y su tenencia con fines de comercialización (v. fs. 60/63).
II. Frente a ello, el señor Defensor Particular -doctor Juan Alberto Bottegal- articuló recurso de queja (v. fs. 65/90 vta.).
En primer lugar, indicó el cumplimiento de los recaudos formales de la impugnación (v. fs. 65/66).
De seguido, se refirió in extenso a los antecedentes de la causa (v. fs. 66/83 vta.).
En punto a la fundabilidad de la presentación directa, insistió en la tacha de arbitrariedad -trasladada al decisorio aquí en crisis- en tanto se vulneró el debido proceso -art. 18 de la Const. nac.- (v. fs. 84). En ese discurrir, efectuó una serie de consideraciones relacionadas a la motivación y fundamentación de los pronunciamientos judiciales, y citó los precedentes "Casal" de la CSJN y "Herrera Ulloa" de la CIDH (v. fs. cit./86).
En puridad, cuestionó la valoración probatoria realizada por el a quo para concluir en la materialidad ilícita y responsabilidad de su asistido en el evento (v. fs. 86 vta./87).
Desde otra arista, esgrimió que la sede intermedia, al expedirse sobre la necesidad del correcto planteamiento de las cuestiones de naturaleza federal para el éxito de los reclamos, excedió las facultades que le son conferidas por el art. 486 del Código Procesal Penal (v. fs. 87/89).
III. La queja no prospera.
La Sala Quinta del Tribunal casatorio halló ausentes los presupuestos de recurribilidad del art. 494 del Código Procesal Penal, toda vez que el encartado fue condenado a la pena de cuatro años de prisión (v. fs. 61 vta.).
De seguido, destacó que el canal impugnativo resultaba una reedición -en cuanto a su contenido- del recurso de casación, "con lo que la parte se ha desentendido palmaria y absolutamente de la decisión de es[e] Tribunal, omitiendo así hacerse cargo de lo entonces resuelto", circunstancia que -expuso- determina la desestimación del remedio intentado (v. fs. 62).
Para más, sostuvo que la índole de los cuestionamientos no habilitan vía de excepción pues, en rigor, ellos se vinculan con una temática procesal -valoración probatoria- que, conforme su naturaleza, resulta impropia de una eventual cuestión federal.
En esa línea, adunó que las expresiones del recurrente no pasaban de ser una opinión contraria al fallo, sin que resultara de su impugnación la existencia de una situación que involucrara de manera directa e inmediata una cuestión federal. Recordó el objeto de la doctrina sentada por la CSJN sobre la arbitrariedad, y concluyó que el ensayo no presentaba la aptitud y carga técnica necesarias a tal fin, en tanto sus cuestionamientos no resultaban aptos para sortear los requisitos objetivos del art. 494 del digesto adjetivo (v. fs. cit. y vta.).
IV. De lo reseñado, se advierte que el autor de la queja no controvirtió eficazmente la conclusión arribada en la etapa intermedia en tanto, lejos de rebatir la insuficiencia de las pretendidas cuestiones federales esbozadas como, también, la falta de relación directa e inmediata entre ellas y lo debatido y resuelto en el caso -como consecuencia no sólo de la reedición de sus planteos sino, además, del tópico procesal a que ellos refieren-, dirigió sus esfuerzos a insistir en la tacha de arbitrariedad en la operación valorativa del plexo probal desarrollada por el juzgador, técnica inidónea a los fines del éxito de la presentación directa en trato (art. 486 bis , CPP).
V. Por otra parte, frente a la denuncia de exceso expuesta por la defensa, cabe recordar que esta Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que el análisis de la suficiencia y carga técnica de las pretendidas cuestiones de naturaleza federal resulta parte integrante del juicio de admisibilidad que el art. 486 del Código Procesal Penal coloca en cabeza del Tribunal a quo , y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs., CPP según ley 14.647; P. 125.455, resol. de 13-V-2015, P. 125.523, resol. de 20-V-2015, P. 125.506, resol. de 3-VI-2015, P. 125.630, resol. de 17-VI-2015, P.125.577, resol. de 17-VI-2015, e.o.).
VI. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja traída por la defensa técnica de Manuel Cardozo, con costas (art. 486 bis , CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor profesional desempeñada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2836
Fin de la sentencia