Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128394
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente-, la queja interpuesta por la defensa particular a favor de O.N.H., con costas (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios por la labor profesional desarrollada ante esta instancia por el doctor Héctor Jeremías Palma (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"O.N.H. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 76.649 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA IV".
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.394-RQ, caratulada: "O.N.H. s/ recurso de queja en causa N° 76.649 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado el 17 de noviembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa particular contra lo fallado por dicho órgano en cuanto confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial Dolores que condenó a O.N.H. a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por la autoría penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, dos hechos, en concurso real entre sí (v. fs. 46/48 vta.).
Para así resolver, razonó que la pretensión de la parte no abastece las exigencias del art. 494 del CPP en virtud del monto de pena impuesto (v. fs. 46 y vta.). No obstante, prosiguió su análisis y afirmó que "no se vislumbra elemento alguno que haga presumir la existencia de causa federal suficiente, arbitrariedad o gravedad institucional", toda vez que -agregó- de su contenido "se desprenden cuestionamientos probatorios" (v. fs. 46 vta./47).
Expuso que "por vía oblicua", esto es, bajo el ropaje de una cuestión federal -revisión amplia del fallo y vulneración a diversos principios constitucionales- la parte intenta obtener una tercer revisión de los hechos y las pruebas; y sumó que tampoco resulta apta la "reiteración meramente dogmática" de lo llevado en instancias previas, sin efectuar una crítica concreta y razonada (v. fs. 47).
Asimismo, descartó el planteo en los términos de la doctrina de la arbitrariedad por falta de relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales conculcadas, la mentada falencia y lo debatido y resuelto en autos. Mencionó diversos precedentes de la Corte federal (v. fs. cit. in fine y vta.).
Finalmente, con cita de lo fallado por este Tribunal en P. 118.052, descartó el menoscabo del art. 119 del CP en relación a la garantía receptada por los arts. 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 48 in fine).
II. Contra ello, se alzó el doctor Héctor Jeremías Palma mediante recurso de queja en los términos del art. 486 bis, Código Procesal Penal (v. fs. 50/55 vta.).
Tachó de arbitrario el auto denegatorio y le adjudicó carencia de motivación lógica. Expuso vulnerado el acceso a la justicia, y aludió al quebranto de los principios de inviolabilidad del derecho de defensa en juicio y al debido proceso adjetivo (v. fs. 50 y vta.).
Esgrimió que el carril extraordinario resulta admisible. Razonó que el a quo sólo basa su respuesta en "una cuestión semántica o gramatical", pues -añadió- le reprocha utilizar argumentos sin la debida explicación acerca de su relación directa e inmediata con lo resuelto (v. fs. 51).
De seguido, transcribió parcelas del decisorio adverso y afirmó que ello no resiste el menor análisis, en tanto los derechos puestos en crisis -defensa en juicio y arbitrariedad- fueron mencionados con claridad en la vía denegada (v. fs. cit.). Objetó la mera opinión discrepante que le reprochó el a quo, y -explicó- que lo expuesto dimana de los principios de contradicción y bilateralidad (v. fs. 51 vta.). Postuló que, bajo dicho pretexto, el sentenciante no resuelve la cuestión, en vulneración al principio de imparcialidad (v. fs. cit.).
Afirmó que se incurrió en contradicción argumentativa, con transcripción específica del parágrafo en que cimenta su crítica. Confrontó lo expuesto afirmando que tanto la tacha de arbitrariedad como la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva y adjetiva, evidencian que el embate de naturaleza federal reviste suficiencia (v. fs. 52). Señaló que los nuevos agravios deben ser analizados a la luz del principio de elasticidad, y mencionó la garantía del doble conforme, con cita de los arts. 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 52 y vta.).
Expuso sobre el carácter integral de la revisión y halló inobservada la ley sustantiva en virtud de vulnerarse el art. 18 de la Constitución Nacional (v. fs. 52 vta.). Trajo a colación lo fallado en "Strada", "Christou" y "Di Mascio" por el Máximo tribunal y entendió que las vulneraciones convencionales señaladas delimitan la cuestión de naturaleza federal (v. fs. 52 vta./53).
En un acápite específico, aclaró que si bien el embate sobre el quantum punitivo no fue llevado en las instancias previas, rige en materia impugnativa la reformatio in melius -art. 435, CPP-. Bajo dicho argumento, desarrolló su crítica a partir de los principios de razonabilidad, legalidad, y culpabilidad por el acto, con extensa cita normativa (v. fs. 53 vta.). Postuló el reencuadre típico -art. 119, primer párrafo del CP-, y la valoración de la excesiva duración del proceso en la etapa revisora "como circunstancia atenuante de la pena a establecer" (fs. 54 vta./55).
Peticionó la absolución de su asistido, subsidiariamente reiteró el cambio de calificación, y -en su defecto- el beneficio del arresto domiciliario (v. fs. 55).
Finalmente, requirió la casación del fallo "considerando prescripta la acción penal" -arts. 16, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.-, y "SE DECLARE la inconstitucionalidad solicitada" (v. fs. 55 vta.)
III. La queja es improcedente (art. 486 bis, CPP).
Tal cual surge de la reseña efectuada en el punto I., el Tribunal de Alzada desestimó el carril extraordinario por hallar insuficientemente planteada la cuestión federal.
Frente a ello, la parte ciñe sus críticas a exponer una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo, en tanto se limita a decir que en aquel medio impugnativo se hallaban en juego cuestiones habilitantes del remedio incoado, tanto en el marco de la ley sustantiva -v. específicamente fs. 52 y vta.- y de naturaleza federal. En consecuencia, no logra demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales que alude vulneradas, la argüida arbitrariedad, y lo debatido y resuelto -art. 14 de la ley 48-, motivo específico en que el órgano cimentó la falencia.
En función de lo expuesto, cabe concluir que la resolución impugnada cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
En este escenario, la queja no logra conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado (arts. 486 y 486 bis, CPP).
IV. Ahora bien, los restantes embates de la parte traídos de manera originaria -tal como ella misma afirma a fs. 53 vta. y ssgtes.-, exceden la competencia de ésta Corte ceñida a evaluar el juicio de admisibilidad que la reforma operada por la ley 14.647 ha puesto en cabeza del Tribunal que dictó el pronunciamiento en crisis (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP, según ley cit.).
V. Sólo resta señalar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente-, la queja interpuesta por la defensa particular a favor de O.N.H., con costas (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios por la labor profesional desarrollada ante esta instancia por el doctor Héctor Jeremías Palma (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia