Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128854
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular del imputado Cristian Gabriel Albornoz (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"ALBORNOZ, CRISTIAN GABRIEL S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 76.695 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA V".
La Plata, 27 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 128.854-RQ, caratulada: "Albornoz, Cristian Gabriel s/ Recurso de queja en causa N° 76.695 del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 16 de marzo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que rechazó el recurso de la especialidad incoado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Mar del Plata que había condenado a Cristian Gabriel Albornoz a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por efracción (v. fs. 27/29 vta.).
Para así decidir, señaló que si bien se observaba una denuncia concreta de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, no se advertía, en cambio, la existencia del recaudo referido al monto de pena (v. fs. 28).
Expuso que si bien la parte invocaba estar presentando una cuestión de índole federal, aludiendo a diversos principios y garantías consagrados en la Constitución nacional y pactos internacionales incorporados a ellas, lo cierto era que las referencias traídas "...no se hallan presentadas con un específico desarrollo que, con la suficiencia y carga técnica necesarias y en relación a las circunstancias comprobadas de la causa, sea capaz de sortear los recaudos objetivos inexistentes a fin de habilitar la instancia extraordinaria pretendida..." (fs. 28 vta.).
Agregó que el planteo relativo a la falta de prueba para acreditar la autoría del imputado, proponía a consideración denuncias concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho procesal y local que denotaban que en el caso no se encontraba involucrada de manera directa e inmediata un embate del cariz prealudido (v. fs. cit).
Finalmente, indicó que en lo atinente a la inconstitucionalidad del primer párrafo del art. 494 del Código Procesal Penal así como del art. 12 del Código Penal, y sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, "...la declaración de inconstitucionalidad de las leyes sólo tiene cabida como última ratio del orden jurídico, de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio" (fs. 29).
En este sentido, consideró que para que pueda ser atendido un planteo de tal índole era necesario tener un sólido desarrollo argumental que no se exhibía en la presente (v. fs. 29).
II. Frente a ello, el señor defensor particular del imputado doctor Wenceslao Méndez- articuló recurso de queja (v. fs. 32/47 vta.).
Por un lado, sostuvo que bajo ningún aspecto podía limitarse y cercenarse el acceso a la justicia por no encontrase abastecido el monto de pena previsto por el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 34 vta.).
Aludió a que en el caso se encontraba en juego la garantía prevista en el art. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con lo que afirmó- debían dejarse de lado las vallas formales (v. fs. 35).
Adujo que el rechazo en cuestión constituyó un excesivo apego a las formas, conculcando abiertamente la garantía de defensa en juicio y sumando a ello la noción del recurso contra la sentencia de condena como garantía del imputado (v. fs. 35 y vta.).
Efectuó consideraciones en torno a dicha garantía, trayendo a colación doctrina de autores y fallos jurisprudenciales (v. fs. 36/39).
También aludió al fallo Di Mascio a fin de dar cuenta que esta Corte debía intervenir como superior Tribunal de la causa cuando en el caso se hallaba comprometida una cuestión de naturaleza federal. De ahí que entendió que al denegarse el recurso extraordinario se denegó, asimismo, la doble instancia necesaria en todo proceso judicial, por lo que el recurso de queja era el instituto adecuado para salvaguardar los derechos del imputado (v. fs. 40 vta.).
III. La queja deducida es improcedente en razón de que la defensa no rebatió eficazmente el juicio llevado a cabo por el órgano anterior (art. 486 bis del CPP).
En efecto, no demostró haber planteado correctamente una cuestión de índole federal núcleo decisivo de la desestimación por parte del a quo- que impusiera a aquél la admisión de la vía interpuesta en los términos de la doctrina sentada por la Corte nacional a raíz de los fallos Strada, Di Mascio y su progenie.
Por el contrario, afirma de modo dogmático y abstracto el correcto planteo de sus agravios, reeditando lo llevado en el remedio extraordinario, y desinterpretando lo decidido por el a quo (en tanto afirma que se omitió el abordaje de la cuestión vinculada a la inobservancia de los arts. 40 y 41 del Cód. Penal y violación al principio de proporcionalidad y congruencia en orden al monto de pena).
Además dejó incontrovertidos, los restantes fundamentos desestimatorios referidos por un lado- a la que las denuncias formuladas por la parte aludían a la interpretación y aplicación de normas de derecho procesal y local, y por el otro- a la ausencia de un sólido desarrollo argumental del embate por el que solicitaba la declaración de inconstitucionalidad del primer párrafo del art. 494 del Código Procesal Penal y 12 del Código Penal.
Conforme lo expuesto, queda sin sustento la tacha de arbitrariedad endilgada al resolutorio en crisis.
De este modo, cabe concluir que la técnica empleada por el quejoso sella la suerte adversa de la presentación en abordaje (arts. 486 y 486 bis del CPP).
IV. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el acuerdo 3871 de 25-X-2017 y en la decisión I. 73.016, res. del 8-XI-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular del imputado Cristian Gabriel Albornoz (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia