Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128466
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular de F.V.L. (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
2Regular los honorarios profesionales del doctor Gabriel Alberto Domenech-Achetone en la suma de tres mil doscientos veintidós pesos por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977, con más 10% de la ley 10.268).
P. 128.466-RQ - “Fanizzi, Vicente Luis s/ Recurso de queja en causa Nº 76.766 del Tribunal de Casación, Sala III”.
///Plata, 31 de mayo de 2017.
La presente causa P. 128.466-RQ, caratulada: “F.V.L. s/ Recurso de queja en causa Nº 76.766 del Tribunal de Casación, Sala III”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de diciembre de 2016, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad deducidos contra la resolución de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Zarate-Campana que había condenado –en el marco de un juicio abreviado- a F.V.L. A la pena de tres años de prisión y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por el vínculo y por haber sido contra menores de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente -dos hechos- en concurso real (fs. 30/32 vta.).
El Tribunal intermedio, luego de repasar los motivos de agravios, en primer lugar, destacó que resulta errónea la alusión a un jurado de enjuiciamiento que no intervino en autos y la mención de un precedente que refiere a las causas de remoción por juicio político, lo que no se peticiona, “por lo que dichos argumentos no se corresponden con las circunstancias de autos” (fs. 31).
Sentado ello, señaló que “si bien el obstáculo que supone el monto de pena involucrado en lo que hace al recurso de inaplicabilidad de ley debe dejarse sin efecto cuando se denuncia una cuestión federal, en el caso la presunta violación a las reglas del debido proceso se encuentra inmotivada (artículos 484 y 495 del ritual)”. En dicho marco expuso que si bien la parte afirmó que la interpretación dada por la Sala omitió analizar el art. 399 del código de adjetivo de modo armónico con el resto del articulado de ley, lo cierto es que “no introduce una sola línea que explique cuál sería la normativa a armonizar’, ni cuál sería la interpretación que considera correcta, en clara muestra de insuficiencia recursiva, pues el recurso se agota, en este aspecto, en la mera denuncia abstracta”. Asimismo, subrayó que el impugnante omitió abordar -con lo que tampoco critica fundadamente- las razones fácticas brindadas a fin de convalidar la modalidad de cumplimiento efectivo de la pena discernida (fs. 31 y vta.).
En su apoyo, trajo a colación lo dicho por este Tribunal en la causa P. 118.961 (fs. 31 vta. cit.).
Concluyó que tales falencias impiden tener por siquiera mínimamente motivada la denunciada violación a la garantía del debido proceso, en tanto la defensa no logró demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso.
En relación a la restante vía incoada, el a quo liminarmente recordó que la misma solo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones. Dijo que ninguno de estos supuestos fue denunciado en autos y que “el recurso confunde la naturaleza de los recursos involucrados, toda vez que no es el objetivo perseguido (la nulidad del decisorio) lo que determina el tipo de recurso a interponer (el contemplado en el artículo 494 del ritual puede provocar también la anulación de la sentencia), sino el tenor de los agravios planteados, y por ello, los que aquí se analizan no se adecuan al tipo de remedio intentado” (fs.32).
2. Frente a ello, el letrado de confianza del nombrado, doctor Gabriel Alberto Domenech-Achetone, articuló recurso de queja en función de lo normado por el art. 433 -segundo párrafo- del Código Procesal Penal (fs. 33/35 vta.).
Refirió que el a quo “resolvió no conceder el [r]emedio casatorio con el solo fundamento que su procedencia est[á] circunscripta a una ARBITRARIEDAD inexistente según sus parámetros y que la voluntad de los juzgadores no est[á] asentada en premisas falsas o inconciliables con la lógica y la experiencia” (fs. 33 vta.).
Con relación a la “falta de denuncia de [i]nconstitucionalidad no alegada, según los [j]ueces de la Casación, con solo decir que la aplicación de la ley sustantiva ha sido y es arbitraria, encuentra más que abastecido el requisito constitucional del art. 16 de la C.N.”.
En el apartado titulado “PROCEDENCIA DE LA QUEJA”, indicó que “[l]a misma procede, habida cuenta que con el recurso casatorio extraordinario deducido, procede contra una sentencia, que resuelve, condenar confirmando un fallo, de primera instancia, que aplicó mal la ley vigente, que ignoró el principio ‘pro reo’ o ‘favor rei’, porque en delitos de esa naturaleza el acuerdo arribado con el Fiscal, lo fue de tres años en suspenso y no de cumplimiento efectivo” y que “dicha sentencia ha sido dictada en violación a las exigencias previstas por los arts. 156 y 159 de la Constitución Provincial, ya que el Juez sentenciante Dr Rapolo lo hizo además en forma unipersonal, agregándole de si, la efectividad de cumplimiento de pena no acordada por las partes” (fs. 34 vta. -cursiva en el original-).
3. La queja no prospera.
Aun dejando de lado que la misma se formalizó al amparo del art. 433 del Código Procesal Penal, cuando -en puridad- contra la denegación de uno de los recursos establecidos en el art. 479 cabe la articulación de la vía directa contemplada en el art. 486 bis del cód. cit. (según ley 14.647), lo que ya resultaría suficiente para su desestimación, lo cierto es que -de lo reseñado- se advierte que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado cada uno de los argumentos que le dieron sustento a la declaración de inadmisibilidad de las vías extraordinarias.
En definitiva, el quejoso no removió los obstáculos formales en base a los cuales el Tribunal intermedio denegó los recursos extraordinarios incoados, dejando incontrovertido su fundamento.
De este modo, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular de F.V.L. (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
2. Regular los honorarios profesionales del doctor Gabriel Alberto Domenech-Achetone en la suma de tres mil doscientos veintidós pesos por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977, con más 10% de la ley 10.268).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Luis Esteban Genoud
Héctor Negri
Eduardo Julio Pettigiani
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia