Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129191
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, por improcedente, la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de R.G.F. obrante a fs. 77/82, con costas (art. 486 bis y ccds. del CPP según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
La Plata, 20 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 129.191-RQ, caratulada: “R.G.F. s/ Recurso de queja en causa N° 77.995 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
1. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la resolución de ese mismo órgano que rechazó el recurso de la especialidad incoado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca que -en el marco de un juicio abreviado- había condenado a R.G.F. a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal cometido en dos oportunidades (fs. 105/109 vta.).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, articuló recurso de queja (fs. 77/82).
a. En primer lugar, afirmó que en el recurso extraordinario local se había postulado la arbitrariedad de la decisión casatoria, por indebida fundamentación, al verificarse una revisión meramente aparente en el tratamiento brindado por el Tribunal intermedio al agravio por el que se discutiera la acreditación del hecho y su autoría (fs. 79).
Destacó, contrariamente a lo establecido por el a quo, la presencia de un planteo de índole federal, que se encontraba -a su entender- acompañado con la fundamentación correspondiente, por lo que debe ser abordado como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (fs. cit. y vta.).
Señaló que el Tribunal de Casación, teniendo su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos sentados por este Cuerpo y por la Corte federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena (fs. 79 vta.).
Expuso que el órgano revisor encubrió su propia omisión, excediendo en dicho análisis lo normado por el art. 486 bis del CPP. De seguido, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del CPP pues esa labor debe realizarla un superior.
Argumentó que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la CADH (fs. 80).
Finalmente adujo que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de una cuestión constitucional (fs. 80 vta.).
b. En segundo término, consideró erróneo el tratamiento brindado por el a quo al restante agravio, atento a que al haber omitido el Tribunal de Casación ingresar al análisis de los planteos formulados en el marco del art. 458 del CPP, se vulneró la garantía de revisión amplia e integral del fallo condenatorio y el derecho al recurso.
En dicho marco, expuso que lo decidido atentó contra la utilidad de la defensa pública ante el tribunal intermedio y afectó, en consecuencia, de modo directo, la posibilidad de una revisión integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena respecto del imputado, con menoscabo, a su vez, del estado jurídico de inocencia (fs. 81).
Adujo que debe tenerse presente que las limitaciones de carácter formal de las que la casación hace uso para desoír a la defensa ante dicha instancia “fragmentando -en perjuicio- de los encartados los agravios de una única institución -la defensa pública-, infringe (…) disposiciones constitucionales (…) al limitar el derecho de defensa, restándole utilidad a la defensa pública en orden a su ejercicio ante el Tribunal de Casación e imposibilitando al aquí condenado el acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena”, y que “[t]al fragmentación de los agravios (…) deviene arbitraria pues (…) desnaturaliza y deja vacua de contenido la actuación de la defensa pública en la etapa intermedia” (fs. cit.).
Por último, resaltó que atento a las denunciadas infracciones a disposiciones constitucionales y los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 451 y 458 del CPP, corresponde a esta Corte expedirse en el caso respecto a la procedencia del recurso extraordinario interpuesto (fs. 81 vta.).
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado (art. 486 bis del CPP).
4. a. El Tribunal de Casación, en primer lugar, luego de aludir a lo normado por el art. 494 el Código Procesal Penal, indicó que el presente no encuadraba en los presupuestos objetivos establecidos por dicha norma, por encontrarse el imputado condenado a la pena de nueve años de prisión (fs. 106).
Asimismo, descartó el reclamo de la parte vinculado a la existencia de arbitrariedad por indebida fundamentación. Para así decidirlo, enumeró los supuestos en los que procede excepcionalmente dicha doctrina, aclarando que ninguno de los agravios desarrollados en el recurso configuraba uno de ellos, ni la defensa lograba demostrar defectos graves en el fallo recurrido que lo descalificaran como acto jurisdiccional válido (fs. 107).
Sentado ello, sostuvo que “la índole de las críticas desarrolladas no habilita vía alguna de excepción, pues se vinculan -en rigor- con temáticas de neto corte procesal, como es la valoración de la prueba, la que conforme su naturaleza resulta impropia de una eventual cuestión federal. De seguido, afirmó que los argumentos elaborados resultaban una opinión contraria al pronunciamiento recurrido, sin explicaciones concretas dirigidas a poner de manifiesto las denunciadas afectaciones constitucionales y convencionales (fs. cit. y vta.).
Agregó que el recurrente había reeditado los agravios casatorios sin atender al razonamiento seguido en el fallo para rechazarlos, limitándose a expresar su discrepancia con la valoración probatoria, sin que resulte de su queja la existencia de una situación que involucre de manera directa e inmediata una cuestión federal que permita excepcionar las exigencias legales del recurso en tratamiento (fs. 107 vta.).
Concluyó que el carril impugnativo “no presenta la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, est[é]n involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el Superior Tribunal de la causa” (fs. 108).
b. De lo reseñado, se aprecia que, si bien el a quo efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites del art. 486 del Código Procesal Penal, lo cierto es que los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio.
En efecto, la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretenso cariz federal de los agravios, sin hacerse cargo de los motivos por los cuales la sede casatoria obturó su progreso. En definitiva, no evidenció que las críticas llevadas en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 59/68) trascendieran de un mero criterio discrepante con la labor desplegada por el Tribunal de Casación Penal, ni despejó el obstáculo formal relativo a la falta de suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad (cfr. arts. 14 y 15 de la ley 48).
5. a. Respecto de las postulaciones argüidas en relación al rechazo por extemporáneo de los planteos llevados en la memoria, cabe señalar que -en rigor- el quejoso se desentiende de lo resuelto en el auto denegatorio del carril impugnativo intentado.
En esa oportunidad, la Sala Quinta juzgó -en punto a la crítica dirigida a la decisión de no tratar dichos planteos- que el recurrente había soslayado la doctrina de la Suprema Corte provincial que establece que el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación y una vez vencido ese término no se podrá invocar motivos distintos, citando numerosa jurisprudencia para fundar lo expuesto (fs. cit.).
Añadió que de las argumentaciones tributarias del concepto de la revisión amplia de la sentencia, no se derivaba -siquiera liminarmente- el desplazamiento de las condiciones relativas a la recta y oportuna articulación de los plantes recursivos. En ese carril, señaló que de lo resuelto en el precedente “Casal” (Fallos 328:3399) no surge que se hayan derogado -aun de manera implícita- las normas adjetivas que reglamentan la oportunidad procesal para introducir los agravios ante las instancias revisoras y al fijar la doctrina de la capacidad de revisión o del máximo rendimiento lo hizo en función de la profundidad de la revisión, mas no respecto de la extensión de los agravios llevados obligando a los tribunales intermedios a revisar aspectos consentidos por las partes o remediando -fuera de los supuestos de indefensión del imputado- las omisiones de éstas (fs. 108 vta.).
Por último, desestimó el pretendido control de convencionalidad postulado por la parte, como así también la solicitud de inconstitucionalidad de los artículos 451 y 458 del C.P.P. (fs. 109).
b. Se advierte que la queja intentada -una vez más- no controvirtió de manera eficaz el fundamento por el cual se desestimó el recurso local, dejando indemostrada la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del CPP y la supuesta violación de la garantía prevista en los arts. 8.2.h. de la CADH y 14.5 del PIDCyP (cfr. P. 78.901, sent. 7/9/2001; P. 75.534, sent. 21/9/2001; P. 77.329, sent. 10/9/2003; P. 81.725, sent. 16/9/2003; P. 83.841, sent. 9/10/2003; P. 89.368, sent. 22/12/2004; P. 99.549, sent. 8/7/2008; P. 128.269-RQ, res. 3/5/2017, e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
6. Finalmente, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la CADH) no es de recibo, pues los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
7. En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, por improcedente, la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de R.G.F. obrante a fs. 77/82, con costas (art. 486 bis y ccds. del CPP según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia