Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128322
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta a favor de Claudio Sebastián Micele; con costas (art. 486 bis del CPP).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales del doctor Rodolfo Alberto Migliaro por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
La Plata, 20 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.322-RQ, caratulada: “Micele, Claudio Sebastián s/ Recurso de queja en causa Nº 77.839 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, con fecha 10 de noviembre de 2016, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad deducidos contra la resolución de ese mismo órgano que rechazó por inadmisible el recurso de la especialidad incoado contra la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Pergamino que confirmó el rechazo de la solicitud de suspensión de juicio a prueba formulada a favor de Claudio Sebastián Micele (fs. 2/6 vta.).
Para así resolver, sostuvo que el pronunciamiento recurrido “es sentencia definitiva”.
De seguido, señaló que los recursos previstos en el artículo 479 del Código Procesal Penal sólo proceden contra sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan la causa o hacen imposible su continuación o las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal, “características que están presentes en la situación en tratamiento, al haberse declarado inadmisible el recurso de casación contra la resolución que denegaba la suspensión de juicio a prueba, pronunciamiento que por sus efectos es sentencia equiparable a definitiva en los términos del artículo 482 del Código Procesal Penal, al ocasionar un agravio de insusceptible reparación ulterior” (fs. 4).
En dicho marco expuso que tal criterio fue adoptado por esta Corte en la causa P. 112.755, a partir de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. cit.).
Sentado ello, puntualizó que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones en la decisión que se controvierta.
Afirmó que el embate no se estructuró de acuerdo a esas previsiones ya que, si bien se mencionó de forma genérica la falta de fundamentación legal, “tal alegación se deriva de la invocada arbitrariedad de los argumentos legales que sustentaron lo decidido”. En efecto –entendió- que el agravio de la defensa se centra en la errónea aplicación del artículo 7 de la Convención de Belem do Pará a partir de la interpretación efectuada por la Corte federal en el fallo “Góngora”, motivo que no resulta objeto de los recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad.
En consecuencia, consideró que la impugnación no se encuentra formulada en función de lo normado por el artículo 171 de la Constitución Provincial ya que “el mero apartamiento a la pretensión de la parte no puede constituir por infundado en ley la sentencia impugnada” (fs. 4 vta.).
En lo atinente a la restante vía intentada advirtió que la declaración de inconstitucionalidad “sólo tiene cabida como última ratio del orden jurídico, de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución, causándole de ese modo un agravio”. Adunó que, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, el mismo debe contener un sólido desarrollo argumental “máxime en un supuesto como el de autos, en donde no se cuestiona la invalidez de una cláusula legal, sino la interpretación que el Máximo Tribunal del país ha efectuado a una norma de la Convención en referencia”.
Por otro lado, tampoco hizo lugar a la denuncia de arbitrariedad (fs. 5 vta.).
Finalmente dijo que la alegada violación a diversos derechos y garantías no fue acompañada de fundamento argumental autónomo que demuestre por qué la resolución en crisis restringió de manera directa e inmediata las garantías invocadas ni qué relación tenía ello con la solución pretendida en el caso.
2. Frente a ello, el letrado de confianza de Micele, doctor Rodolfo Alberto Migliaro, articuló recurso de queja (fs. 12/15)
Manifestó que el examen de admisibilidad de los recursos se debe limitar a las condiciones de tiempo y forma. Detalló que en dicho cometido el a quo debe verificar: a) que el recurso esté dirigido contra una sentencia definitiva; b) que se trate de alguno de los recursos previstos en el artículo 479 del Código Procesal Penal; c) que se encuentre fundado; d) que haya sido interpuesto por quien se encuentra legitimado; y e) que se deduzca en término (fs. 13).
Refirió que de la lectura del auto denegatorio se advierte que la Sala Quinta se extralimitó en sus facultades, resolviendo sobre cuestiones de procedencia del recurso.
Sobre el punto, trajo a colación lo dicho por este Tribunal en la causa P. 126.076-RQ (fs. 14).
3. El juicio de admisibilidad negativo debe ser mantenido en ésta instancia, aunque por diverso fundamento.
4. En efecto, este Tribunal tiene dicho que los carriles extraordinarios previstos en el artículo 479 del Código Procesal Penal, sólo proceden contra las sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan la causa o hacen imposible su continuación o las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal (arts. 161 inc. 3 aps. “a” y “b” de la Constitución de la Provincia; 19, 479 y 482 del Código citado; causa P. 123.096, resol. del 15-4-2015; P. 124.508, resol. del 26-8-2015; P. 121.998, resol. del 14-10-2015; P. 121.680, resol. del 4-11-2015; P. 122.432, resol. del 29-12-2015; P. 123.490, resol. del 20-4-2016; P. 123.637, resol. del 18-5-2016; P. 121.374, resol. del 29-6-2016; P. 124.647, resol. del 7-9-2016; P. 124.438, resol. del 14-12-2016; P. 123.503, resol. del 21-12-2016; entre otras).
En tal sentido, la decisión impugnada (denegatoria de suspensión de juicio a prueba), al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del artículo 482 del Código Procesal Penal (cfe. Causa P. 104.366, resol. del 4-11-2009; P. 109.251, resol. del 3-3-2010; P. 111.313, resol. del 19-12-2012; P. 115.978, resol. del 28-8-2013; P. 122.548, resol. del 16-7-2014; P. 124.101, resol. del 4-11-XI-2015; P. 121.986, resol. del 22-12-2015; P. 124.803, resol. del 29-12-2015; P. 124.556, resol. del 9-3-2016; P. 124.801, resol. del 16-3-2016; P. 119.558, resol. del 6-4-016; P. 124.179, resol. del 18-5-2016; P. 123.980, resol. del 10-8-2016; P. 124.794, resol. del 31-8-2016; entre otros).
Ello es así en tanto la resolución en cuestión tiene como consecuencia la obligación de que el imputado siga sometido a proceso, por lo que tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (cfe. Ac. 92.293, res. del 6/VII/2005).
Por otra parte, las pretensas cuestiones federales no suplen la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.) en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de estas problemáticas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta a favor de Claudio Sebastián Micele; con costas (art. 486 bis del CPP).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales del doctor Rodolfo Alberto Migliaro por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia