Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128780
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa particular de los imputados Sergio Daniel Scalice y Sergio Gabriel Scalice, con costas (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Héctor Francisco Cañizo por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.780-RQ, caratulada: "Scalice, Sergio Daniel y Scalice, Sergio Gabriel s/ Recurso de queja en causa N° 77.779 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 24 de noviembre de 2016, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos contra la sentencia de dicho órgano jurisdiccional que rechazó el remedio de la especialidad deducido frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Azul que había condenado a Sergio Daniel Scalice y Sergio Gabriel Scalice a la pena de cuatro años de prisión, multa de cincuenta mil pesos cada uno, accesorias legales y costas, por resultar coautores penalmente responsables del delito de abigeato agravado (v. fs. 41/48 vta.)
1. Para así decidirlo, analizó -en primer lugar- la viabilidad del carril interpuesto en los términos del art. 494 del Código Procesal Penal.
En esa tarea, y luego de verificar que en el caso no se encontraban reunidos los presupuestos exigidos por dicho precepto rituario, señaló que "...la defensa no ha logrado desarrollar de forma concreta, acabada y fundada la existencia de circunstancias que permitan excepcionar dichos requisitos objetivos" (fs. 42).
Agregó que la recurrente intentaba sortear dicha limitación impugnando la sentencia dictada por esa sede, con los argumentos de que -en lo sustancial- se trataba de un pronunciamiento arbitrario, mas desconocía lo resuelto, esgrimiendo en realidad una opinión discrepante (v. fs. 42 vta.).
En definitiva, expuso que no se advertía que el recurso extraordinario presentara la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que en el caso estuvieran involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que debían ser atendidas por el superior Tribunal de la causa, a fin de tener presente circunstancias excepcionales que permitieran la concesión del remedio impetrado, dejando de lado las limitaciones objetivas que la ley establecía (v. fs. 43).
Reforzó lo dicho con el criterio de esta Corte según el cual las limitaciones objetivas del art. 494 del Código Procesal Penal cedían ante la existencia de absurdo o arbitrariedad, causales estas que el impugnante no había podido demostrar (v. fs. 43 vta.).
Por último, aludió a la declaración de inconstitucionalidad de la mentada norma del rito y sostuvo que la misma no podía ser tomada sin el debido compromiso y pertinencia al caso por parte del juzgador, ya que era éste, quien debía en un primer momento, armonizar dichas normas puestas en crisis, circunstancias que no se daban en el presente (v. fs. 45).
2. En cuanto al recurso extraordinario de nulidad, indicó que carecía de debido desarrollo y fundamentación necesaria para poseer viabilidad (v. fs. 45 vta.).
Mencionó los supuestos en los que procedía dicho carril, conforme lo prescribe el art. 491 del Código Procesal Penal, y señaló que en el sub examine , según se desprendía de lo expresado por la propia parte al efectuar la crítica a las respuestas formuladas por el tribunal intermedio, sus reclamos, lejos de constituir la denuncia de incumplimiento del art. 168 de la Constitución provincial, referían -en rigor- a la pretensión de controvertir el acierto o el sentido de lo resuelto, extremos estos que se encontraban detraídos del acotado marco del remedio en examen (v. fs. 46).
II. Ante lo así resuelto se alzó el señor defensor particular de los imputados -doctor Héctor Francisco Cañizo- mediante recurso de queja (v. fs. 50/67 vta.).
Alegó que el Tribunal de Casación vulneró el derecho de los imputados a ser juzgados por un juez independiente e imparcial, desde que en lugar de ceñirse a resolver la concurrencia de cuestiones meramente formales, avanzó sobre el fondo de los planteos efectuados (v. fs. 60 vta./61). En apoyo de su postura, trajo a colación los fallos Llerena, Venezia y Medina de la Corte federal (v. fs. 62 y vta.).
Sostuvo que la resolución dictada era nula por haber violado los art. 168 y 171 de la Constitución provincial y los arts. 106 y 486 del Código Procesal Penal.
Adujo que el a quo no trató ninguna de las cuestiones planteadas por esa defensa, ni explicó adecuadamente por qué no sería una cuestión federal suficiente el pedido de declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la escala penal establecido para el delito de abigeato, o la violación al derecho a la doble instancia judicial producida por ese mismo tribunal al omitir refutar y analizar los agravios vertidos por la defensa en el recurso de casación, por lo que no trató ninguna de las cuestiones que eran motivo de fundamento de la admisibilidad formal del recurso (v. fs. 63 y vta.).
También sostuvo que la Casación desestimó el remedio extraordinario al decir que más allá de la cita genérica de disposiciones y principios constitucionales no se había introducido una cuestión de naturaleza federal de manera adecuada; lo cual tachó de arbitrario en razón de que era innegable que existían planteos de tal naturaleza claramente enunciados y expresados con argumentos fácticos y jurídicos (v. fs. 63 vta.).
En cuanto a que esa parte no indicó la relación directa e inmediata entre las normas constitucionales supuestamente violadas con lo resuelto en el caso, cuestionó que la Casación no haya exteriorizado dicha conclusión desde que esa defensa había realizado un minucioso análisis acerca de la afectación constitucional producida por la pena aplicada en el caso y la arbitrariedad de la resolución impugnada, que además contaba con una clara violación al derecho a la doble instancia judicial al no contestar los agravios formulados contra la sentencia de grado (v. fs. 64).
Agregó que en el caso se denunciaba un supuesto de arbitrariedad, violación al principio de igualdad, debido proceso y defensa en juicio, doble instancia y aplicación de una pena cruel, inhumana y degradante impuesta por la Casación, por lo que entendió que esta Corte debía intervenir (v. fs. 64 y vta.). En razón de ello, trajo a colación la doctrina emergente de los fallos Strada y Di Mascio para justificar que cuando en el caso se encontraba comprometida una cuestión de naturaleza federal, las limitaciones de la legislación local debían dejarse a un lado (v. fs. 65/67).
III. La queja formalizada es improcedente.
1. Por un lado, las críticas referidas a la desestimación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son de recibo.
Cabe recordar que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal que efectuó el a quo es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P. 125.455, res. de 13-V-2015, P. 125.523, res. de 20-V-2015, P. 125.506, res. de 3-VI-2015, P. 125.630, res. de 17-VI-2015, P. 125.577, res. de 17-VI-2015, entre otros).
En contra del reproche genérico efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo de agravio que habilite su admisibilidad.
Para más, el quejoso no removió dicho obstáculo formal ya que en el recurso de hecho -más allá de insistir en el correcto planteo de las cuestiones de cariz constitucional- no realizó ninguna consideración tendiente a demostrar que los pretensos agravios de esa naturaleza contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley guarden relación directa e inmediata con el fallo de la Casación que confirmó la condena de primera instancia.
Asimismo, cabe agregar que dejó incontrovertido el argumento que sumó el a quo en cuanto a que lo ofrecido por la parte no era más que una opinión contraria a lo resuelto.
En este escenario, queda sin sustento la tacha de arbitrariedad endilgada al auto que deniega el recurso intentado. Lo mismo ocurre con la denuncia de violación a las garantías de juez natural, debido proceso e imparcialidad, desde que no logra demostrar la relación directa e inmediata entre tales derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso.
2. Con relación a la vía extraordinaria de nulidad, y conforme la reseña efectuada en el apartado I de la presente, el a quo desestimó el remedio en cuestión por carecer de debida fundamentación y desarrollo, especificando que los reclamos de la parte, lejos de constituir una infracción al art. 168 de la Constitución provincial, en rigor lo que pretendían era controvertir el acierto o sentido de lo resuelto, temática esta que se encontraba detraída del ámbito de dicho recurso.
El quejoso frente a este fundamento, no puntualiza dónde se encontraría el exceso de jurisdicción cometido por tribunal que emprendió el juicio de admisibilidad negativo, sin hacerse cargo -y por lo tanto sin controvertir- el fundamento central de la desestimación (esto es que la vía intentada carece de debido desarrollo y fundamentación necesaria -v. fs. 45 vta.-).
Por el contrario, se aprecia de los desarrollos efectuados en la presentación directa que la defensa de los encausados insiste en que el Tribunal revisor omitió dar tratamiento a ciertas cuestiones -a su entender- esenciales, técnica esta inidónea para conmover lo resuelto.
IV. Por último, y en lo que hace a la regulación de honorarios, cabe destacar que de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa particular de los imputados Sergio Daniel Scalice y Sergio Gabriel Scalice, con costas (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Héctor Francisco Cañizo por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia