Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128158
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs., CPP).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajo realizados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Ac. 3871 de esta corte, de 25-X-2017).
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.158-RQ, caratulada: "Martínez, Iván Roberto s/ Recurso de queja en causa n° 77.181 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 13 de octubre de 2016 declaró inadmisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa particular de Iván Roberto Martínez contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, declaró improcedente la queja (art. 433, CPP) y por ende bien desestimado el recurso de casación contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza que había confirmado lo resuelto por el Juzgado de Garantías n° 5 del mismo, en cuanto dispuso denegar la excarcelación solicitada a favor del nombrado Martínez (v. fs. 33/36).
Para arribar a tal decisorio, afirmó que la resolución impugnada no encuadra dentro del art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 34 vta.).
Sin perjuicio de ello, recordó que el remedio extraordinario de inaplicabilidad constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional), situación no configurada en el caso, al insistir la parte con cuestiones de derecho común y de derecho procesal, sin conseguir demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estima comprometidas (v. fs. 35).
Por último, trajo a colación la doctrina sobre arbitrariedad y aseveró que el planteo de la parte no constituyó una crítica concreta y razonada de los argumentos en que esa Sala sustentó el fallo impugnado, lo que evidencia la falta de vinculación entre los agravios de pretensa índole federal y lo resuelto en el caso (v. fs. cit. vta).
II. Frente a lo así decidido, el defensor particular, doctor Jonatan Wajswajn Pereyra, dedujo queja (v. fs. 37/51).
En primer lugar criticó el argumento dado por la casación para sostener la inadmisibilidad del remedio de inaplicabilidad de ley al considerar que la materia traída -libertad de una persona- era propia de "…derecho común y procesal" (fs. 40 vta.). Señaló la "…inconmensurable arbitrariedad" de lo así resuelto.
Agregó que el mismo "…procedió a violentar doblemente la oportunidad de una persona privada de libertad a obtener la revisión de un estado de detención", al haber primero negado la vía que naturalmente es llamado a resolver y luego la vía extraordinaria (v. fs. 41, subrayado en el original).
Luego refirió que la resolución resulta "…ser sentencia equiparable a definitiva" y añadió que al versar los agravios en torno a cuestiones federales esta corte no podría sustraerse a su entendimiento (v. fs. 42 vta.).
Adujo que una interpretación como la esgrimida por la Casación importa una negación a la normativa y jurisprudencia de los tribunales superiores y de los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos, así como del "…curso del Estado de Derecho" y de la "…propia condición humana" (fs. 43 y vta.).
Por otra parte, en lo que respecta al argumento que sostuvo la no acreditación de una cuestión federal, alegó que el recurso fue asimismo mal denegado, pues la respectiva resolución no presentó "…ningún fundamento explícito" para así resolver, agregando que no "…propone una explicación que exteriorice de qué manera la totalidad de los argumentos defensistas [...] resultarían [...] despreciados a partir de la enunciación de una mera fórmula" (fs. 43 vta. y 44).
Agregó que el a quo "Se basta en agotar una tarea interpretativa, razonada y fundada -que le era exigible- a través de la sola enunciación dogmática de la propia denegatoria: se achaca no haber presuntamente fundado una [c]uestión [f]ederal, pero al tiempo se concluye ello sin un respaldo argumentado" (fs. cit.).
A continuación rememoró los agravios llevados en el recurso de inaplicabilidad de ley, en el que había articulado cuestiones federales, a las que se refirió en detalle (v. fs. cit./49 vta.).
III. El recurso de hecho es improcedente (art. 486 bis, CPP).
El argumento basal por el cual el Tribunal casatorio desestimó el remedio de inaplicabilidad de ley consistió en la falta de suficiencia y carga técnica con que se desarrollaron los embates de pretensa índole federal y por ende la carencia de relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales supuestamente afectadas y lo debatido y resuelto en el caso.
Frente a ello, la defensa se limitó a esgrimir su opinión discrepante y aseverar -reeditando los planteos oportunamente esgrimidos en la vía extraordinaria (v. fs. 14 vta./30 y 44/49 vta.)- que revisten entidad para ser tratados, lo que no logra contrarrestar las falencias específicas en que el auto cimentó su decisión.
En consecuencia, la tacha de arbitrariedad queda huérfana de todo sustento.
IV. En lo que concierne a los honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs., CPP).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajo realizados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Ac. 3871 de esta corte, de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3002
Fin de la sentencia