Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128579
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja traída por la defensa particular de José Luis Faranda, con costas (arts. 484, 486 bis y concs., CPP).
2Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada por el doctor Carlos Marcelo Rodríguez ante esta instancia, a los fines regulatorios (art. 30, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.579-RQ, caratulada: "Faranda, José Luis s/ Recurso de queja, en causa n° 77.494 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de nulidad deducido por la asistencia técnica de José Luis Faranda, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 9 de Lomas de Zamora, que lo había condenado a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de guerra de uso prohibido sin la debida autorización legal, en concurso ideal con abuso de armas (v. fs. 50/51 vta.).
II. Frente a ello, el señor Defensor Particular -doctor Carlos Marcelo Rodríguez- articuló recurso de queja (v. fs. 53/59).
Liminarmente, indicó el cumplimiento de los recaudos formales y reseñó los antecedentes de la causa (v. fs. 53/55 vta.).
En punto a la fundabilidad, recordó lo resuelto por la casación y efectuó una serie de consideraciones sobre el carril extraordinario de nulidad, con cita de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y diversos precedentes de esta Corte (v. fs. 55 vta./57 vta.).
En puridad, alegó que su ensayo se había basado en dos puntos: arbitrariedad de la sentencia y omisión de una cuestión esencial (v. fs. 57 vta.).
Con respecto al primero de ellos, sostuvo que había denunciado la arbitraria interpretación que el a quo dio al fallo "Benítez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Arguyó que en autos no se reunieron elementos cargosos contra su asistido, amén de la declaración testimonial de Diego Manuel Medina. En ese derrotero, sustentó el embate de omisión de tratamiento de una cuestión esencial, pues -desde su óptica- el Tribunal revisor no abordó el planteo "fundamentando erróneamente que no pueden intervenir en la valoración que da el [órgano de juicio] a las declaraciones testimoniales" (fs. cit.).
Finalmente, expuso que el tribunal intermedio no puede ingresar al fondo del reclamo, siendo esta materia exclusiva de la Suprema Corte (v. fs. 58).
Por otra parte, hizo remisión expresa al canal extraordinario de nulidad "a fin de evitar que cuestiones formales de admisibilidad o de procedencia pudiera[n] afectar la inviolabilidad de la defensa en juicio y el debido proceso legal" (fs. cit. vta.).
III. La queja no prospera.
El Tribunal casatorio -luego de verificar los requisitos formales de la vía intentada- se refirió a los supuestos contemplados en el art. 491 del digesto adjetivo, y señaló que "los motivos de agravio esgrimidos por el impugnante [...] no encuadran en ninguno de los supuestos establecidos por la norma de rito...". Agregó que "pese a mencionar el art. 171 de la Ley Fundamental de la Provincia, las críticas contenidas en el libelo recursivo (falta de fundamentación) no son propias del recurso de nulidad intentado" y, finalmente, juzgó que la mera denuncia de arbitrariedad como también la referencia genérica a la conculcación de derechos consagrados en la Constitución nacional y los tratados internacionales "reafirman que el remedio incoado no se estructura de acuerdo a las prescripciones que la Constitución provincial (...) y el Código Procesal Penal pre[vén] para el remedio incoado" (v. fs. 50 vta./51).
IV. De lo reseñado se advierte que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado los argumentos que le dieron sustento a la declaración de inadmisibilidad del recurso intentado.
En definitiva, no removió los obstáculos formales en base a los cuales el Tribunal intermedio denegó el recurso extraordinario de nulidad, en tanto limitó sus esfuerzos a reeditar los agravios llevados en esa vía recursiva -remitiéndose, sin más, al propio texto del aludido remedio (v. fs. 58 vta., acápite VI)- y nada dijo respecto de los fundamentos tenidos en consideración por la casación para declarar la inadmisibilidad cuestionada.
Cabe recordar que la decisión denegatoria (la que no concede el recurso) es el exclusivo objeto impugnable de la presentación directa, cuya motivación no puede tener otro que no sea la censura a la errónea inadmisión del recurso.
De este modo, la defensa incumplió con el objeto y finalidad del recurso de queja (arts. 484, 486 bis y concs., CPP).
V. Finalmente, no se advierte una extensión en el escrutinio desplegado por el Tribunal intermedio que vulnere la potestad conferida a aquél órgano por imperio del art. 486 del Cuerpo de forma.
VI. Lo decidido precedentemente importa la declaración de inoficiosidad de la labor profesional del letrado interviniente.
En el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73.016, resol. de 8-XI-2017).
Lo expuesto es atingente más allá que en la concreta situación de autos se arribe a tal temperamento aplicando el régimen anterior o la nueva regulación (vid. Art. 30 de ambas legislaciones).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja traída por la defensa particular de José Luis Faranda, con costas (arts. 484, 486 bis y concs., CPP).
2. Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada por el doctor Carlos Marcelo Rodríguez ante esta instancia, a los fines regulatorios (art. 30, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia