Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128816
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- la queja intentada por la defensa de Jonathan Ezequiel González; con costas (arts. 486 bis, 491 y concs. del CPP, 168 y 171 Const. prov. Bs. As.).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.816-RQ, caratulada: "González, Jonathan Ezequiel s/ Recurso de queja en causa N° 77.294 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 27 de octubre de 2016, declaró inadmisible el recurso de la especialidad interpuesto contra la decisión de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que confirmó el auto del Juzgado de Garantías n° 6 departamental que no hizo lugar a la eximición de prisión solicitada a favor de Jonathan Ezequiel González (v. fs. 8/13).
II. Frente a ello, los letrados de confianza del nombrado, articularon recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 14/21), el que fue denegado con fecha 23 de marzo de 2017 (v. fs. 23/25 vta.).
1. En la vía extraordinaria, refirieron que en el supuesto de autos aparece inobservada la ley procesal, puesto que se han afectado los derechos constitucionales del debido proceso, la defensa en juicio y el de la libertad ambulatoria "situación que se origina a partir de la arbitrariedad del resolutorio cuestionado (…) ya que el mismo no ha respetado las exigencias de debida fundamentación que el Supremo Tribunal Federal al respecto establece" (v. fs. 15 vta.).
Sumaron a ello que resulta aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio".
Remarcaron la actividad procesal de su defendido e indicaron que, pese a ello, la casación resolvió declarar la inadmisibilidad del recurso, lo cual impidió analizar el fondo de la cuestión.
Resaltaron que de la lectura de los argumentos dogmáticos del a quo "se extrae con prístina claridad, la CUESTIÓN FEDERAL, motivo de agravio trascendental que impulsa el presente líbelo".
Alegaron que las reglas procesales exigen la motivación de los autos jurisdiccionales y que, donde existe una sentencia carente de motivación, habrá violación a normas constitucionales.
Señalaron que, desde un principio, la cuestión versó sobre si existen o no riesgos procesales que habiliten a tomar una medida que coarte el derecho a la libertad ambulatoria.
Expusieron que lo que se discute en el presente "no reside en la garantía de doble conforme, o la existencia de una sentencia definitiva, sino sí existe una cuestión federal que deba ser tratada por los tribunales superiores de la provincia, organismos intermedios que intervienen previo a recurrir ante el máximo Tribunal de la Nación".
Puntualizaron que el argumento dado por el órgano intermedio en punto a que la cuestión federal no se encontraba debidamente exteriorizada "se cae por sí solo toda vez que la propia naturaleza de la presentación, indica que nos encontramos ante una cuestión federal que habilita la instancia".
Indicaron que los magistrados de la Sala IV se valieron de afirmaciones meramente dogmáticas, carentes de entidad jurídica y fáctica (v. fs. 19 vta.).
Concluyeron que el resolutorio impugnado debe ser declarado nulo (art. 106 del CPP) "pues carece de la motivación derivada y concordante que exige la regla de la sana crítica racional", atento que el mismo presenta un vicio en el que se encuentran conculcadas las garantías constitucionales del debido proceso y del de defensa, además de adolecer de vicios in procedendo por errónea aplicación de las normas previstas en los arts. 144, 148 y 171 del Código Procesal Penal.
2. Al momento de resolver, la aludida Sala, luego de señalar que la decisión atacada resulta sentencia equiparable a definitiva, afirmó que la presentación en abordaje no cumplía con los recaudos que la Constitución y la ley local establecen para su deducción.
En dicho marco, detalló los supuestos en que procede la vía intenta y destacó que las críticas de la parte "lejos están de estructurarse de acuerdo a esas disposiciones".
Dijo que la naturaleza de sus reclamos reafirma que no han sido encuadrados en los taxativos supuestos que la Constitución de la Provincia y el Código Procesal Penal establecen para el recurso extraordinario de nulidad.
III. En consecuencia, los doctores Cristian Emilio De Fazio, Pablo Gabriel De Fazio y Ezequiel Hernán De Fazio, dedujeron recurso de queja (v. fs. 26/29 vta.).
Remarcaron que lo resuelto lejos se encuentra de lo afirmado por el Tribunal de Casación, ya que se advierte que el mismo omitió dar tratamiento a la cuestión llevada a su conocimiento; en tanto, sin expedirse sobre el fondo, todo lo cual resultaba materia de recurso, lo declaró inadmisible al encontrarse cumplida la garantía de la doble instancia.
Cuestionaron que el tribunal inferior no valorara ninguna de las circunstancias alegadas por la defensa en torno a la inexistencia de riesgos procesales. Sumaron a ello que, además de que no se han tratado dichas cuestiones esenciales, también se aprecia falta de fundamentación legal, al sostenerse la inadmisibilidad de los recursos.
IV. La queja no es recibo, en tanto los agravios que porta la misma no logran conmover el juicio negativo de admisibilidad al que se arribó en la sede anterior.
En efecto, tal como lo señaló el a quo , y pese al giro argumental que pretende darse en la queja al aludir a la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, lo cierto es que no observa que la impugnación extraordinaria -conforme lo reseñado en el apartado II.1- se encuentre basada en las previsiones de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 491 del Código Procesal Penal.
V. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente- la queja intentada por la defensa de Jonathan Ezequiel González; con costas (arts. 486 bis, 491 y concs. del CPP, 168 y 171 Const. prov. Bs. As.).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia