Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129515
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja articulada por el defensor oficial Adjunto a favor de M.P.E., con costas (art. 486 bis del CPP).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 129.515-RQ, caratulada: "M.P.E. s/ Recurso de queja en causa N° 77.948 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
I. De las copias aportadas por la parte se infiere que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, por auto dictado el 8 de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial Adjunto contra la sentencia que confirmó la condena impuesta a M.P.E. a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo (v. fs. 35-37 vta.).
II. El defensor oficial Adjunto, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 41-49 vta.).
Señaló que la vía de inaplicabilidad de ley ha sido erróneamente desestimada en tanto los agravios se refieren a la interpretación y aplicación de reglas de rango suprema que no pueden dejarse de lado por las limitaciones del art. 494 del Código Procesal Penal al resultar aplicable la doctrina de los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "christou" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; que esa negativa -para más- ha privado que esta Corte ejercite el rol institucional básico de velar por la supremacía de la Constitución nacional y, además, la negativa del a quo es arbitraria en razón de que se funda de modo sólo aparente mediante fórmulas genéricas y abstractas y obturan el rol de tutela del bloque de constitucionalidad federal (v. fs. 43 vta.-44 vta.).
Afirmó que los planteos expuestos son de índole federal, pues se debatió la vulneración por parte de la Casación del derecho de defensa y debido proceso, al tornar ilusorio el derecho al doble conforme, toda vez que no se dio acabada respuesta a los agravios deducidos y se incurrió nuevamente en arbitrariedad al dar por acreditada la autoría penal cuestionada en detrimento de los arts. 8.2.h Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 PIDCyP; ello tiene vinculación directa con la solución del caso pues amerita la anulación de la sentencia atacada, siendo que alguna de las infracciones fueron articuladas en el recurso de casación y otras se originaron con la sentencia de ésta y ocasionan gravamen actual (v. fs. 44 vta.-46).
Puso de relieve que la negativa efectuada por el Tribunal de Casación mediante fórmulas dogmáticas y la aplicación al caso de los límites a la recurribilidad objetiva importaron el ingreso en el acierto o no del reclamo y en la defensa de su propia decisión, lo que desnaturaliza el juicio del art. 486 del Código Procesal Penal, tal como habría sido puesto de relieve por esta Corte en P. 85.977 (v. fs. 46 vta.-47).
Explicó que, además, analizó -en apariencia- los elementos de prueba con los que tuvo por probada la autoría atribuida a M.P.E., desatendió los planteos referidos a que i) la víctima en su primera declaración mediante Cámara Gesell no realizó manifestación alguna en contra de su progenitor, lo que generó que se proceda al archivo de las actuaciones; ii) un año después -período durante el cual el nombrado no tuvo contacto con su hija- la madre de la víctima solicitó el desarchivo y se realizó una segunda Cámara Gesell donde la menor señaló a su padre como el autor de abusos contra ella y iii) las contradicciones de la víctima en sus manifestaciones y la alta influencia de su entorno en sus declaraciones, repercutiendo ello en la violación al derecho de defensa en juicio de su pupilo al convalidar la acreditación de su autoría en clara violación del principio in dubio pro reo (v. fs. 48-49 vta.).
III. La queja resulta improcedente.
El argumento basilar para no admitir el recurso de inaplicabilidad que utilizó el a quo fue que, no dándose los recaudos previstos en el art. 494 ibídem en razón del monto de la pena impuesto, los agravios intentan obtener una tercera revisión de los hechos y su prueba de manera oblicua al sustentar la violación de las cuestiones federales vinculadas con la revisión aparente del fallo, la frustración del derecho al doble conforme, del principio in dubio pro reo, de la presunción de inocencia y del derecho de defensa, no siendo suficiente para ello la simple referencia a la conculcación de mandatos de raigambre constitucional (v. fs. 36).
A ello sumó que tampoco se formuló un planteo suficiente en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias al no evidenciar la relación directa e inmediata entre las aludidas pautas constitucionales y lo debatido y resuelto en el caso, en el ámbito excepcional que la caracteriza (v. fs. 36 vta.-37 vta.).
Y que, como consecuencia de esos aspectos, se mantienen en pie los límites a la recurribilidad objetiva contemplados en el art. 494 ya mencionado.
IV. El autor de la presentación directa ofrece una perspectiva diversa sobre la forma en que debió efectuarse el juicio de admisibilidad, mecanismo inidóneo para reflejar un agravio que pueda ser atendido por esta Corte, máxime cuando adiciona en su embate el exceso en dicho examen sin contemplar que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal articulada es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs., CPP según ley 14.647; P. 125.455, resol. de 13-V-2015, P. 125.523, resol. de 20-V-2015; P. 125.506, resol. de 3-VI-2015; P. 125.630, resol. de 17-VI-2015; P.125.577, resol. de 17-VI-2015; entre otros).
A lo expuesto cabe sumar que a pesar de la reedición de los argumentos llevados en la vía de inaplicabilidad de ley sobre la acreditación de la autoría de Minetti en los hechos atribuidos, el quejoso no ha refutado lo efectivamente decidido por la Casación sobre el tópico en lo que se refiere a que no es posible que bajo el ropaje de la articulación de cuestiones de pretenso cariz federal por vía oblicua se intenten exponer los hechos y su prueba de una manera que importe una tercera revisión incompatible con el tipo de control que se lleva a cabo en este Supremo Tribunal, incluso en el ámbito de la arbitrariedad de las sentencias.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar la queja articulada por el defensor oficial Adjunto a favor de M.P.E., con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia