Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129526
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar la queja articulada por la defensa particular de P.C.A.P.C (arts. 484, 486 bis y concs., CPP).
II. Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada por el doctor Sergio Daniel Mercado ante esta instancia, a los fines regulatorios (art. 30, decreto ley 8409/77; Ac. 3871 y res. I-73016).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 129526-RQ, caratulada: "P.C., P.C.A. s/ Recurso de queja en causa 77.703 y su acum. 77.705 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. Según se desprende de las copias acompañadas por el quejoso, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, el 6 de junio de 2017 rechazó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el doctor Gustavo Javier Ballent, por entonces defensor de confianza de P.C., contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad interpuesto contra el decisorio del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Tandil y condenó a Pedro Carlos Pedemonte a seis años de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, por resultar autor responsable de abuso sexual agravado por la situación de convivencia preexistente y hurto agravado por escalamiento, ambos en concurso real (v. fs. 4-5).
II. El doctor Sergio Daniel Mercado, abogado particular del nombrado, dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 28-31 vta.).
Señaló que el recurso debió ser concedido, pues la decisión impugnada suscita un agravio de insusceptible reparación ulterior.
Consideró que el a quo omitió valorar otros elementos criticados, como la arbitrariedad denunciada, puesto que los fundamentos dados se sustentaron en una interpretación de las reglas legales.
Estimó que si bien es cierto que los jueces inferiores sustentaron sus decisiones en las normas infraconstitucionales aplicables, lo cierto es que las impugnantes cuestionaron tal hermenéutica tanto en el recurso de casación cuanto en la presentación del recurso extraordinario; ello, al amparo de la mirada sobre esta cuestión que imponen los instrumentos internacionales de Derechos Humanos (art. 9.3 del PIDCP).
Puso de relieve que las afirmaciones del tribunal apelado resultan dogmáticas y en modo alguno dan respuesta a las alegaciones de la recurrente, pues precisamente lo que controvirtió el recurso extraordinario fue tanto la interpretación de las normas infraconstitucionales en función del bloque de constitucionalidad federal (cuestión federal simple) cuanto la invocación de la pretendida gravedad del hecho.
Concluyó con ello, que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debió ser concedido con el objeto de reparar los agravios denunciados por la recurrente y que, además, compromete la responsabilidad internacional del estado.
III. La queja no puede prosperar (art. 484 y 486 bis CPP).
El a quo sustentó la inadmisibilidad de la vía de inaplicabilidad de ley en que, sin perjuicio de no encontrarse cumplidos los requisitos del art. 494 del Código Procesal Penal -conforme ley 13.812-, aunque de todas formas la vía elegida constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de cuestiones federales que pudieran estar involucradas a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48) conforme lo ha establecido la Corte de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou", los pretendidos planteos constitucionales sólo son enunciados pero no demostrados, ya que la cita al art. 18 de la Constitución nacional no abastece la exigida demostración.
Frente a ello, el autor de la presentación directa sólo ha esbozado críticas generales y dogmáticas a dicho decisorio sin ningún anclaje en las particulares características del caso, más aún, ni siquiera adjuntó el recurso de casación que resultaría una pieza útil para demostrar que las cuestiones de pretensa índole federal que sostiene que no han sido abordadas por el a quo, fueron oportunamente llevadas ante el Tribunal de Casación Penal (conf. doctr. art. 486 bis, CPP). En definitiva, la presentación en análisis no cumple con las exigencias del art. 484 del CPP.
Cabe recordar que el recurso de queja tiene como único objeto la decisión que emitió el juicio negativo de admisibilidad y su finalidad estriba en la remoción de los obstáculos que impidieron dicho acceso, nada de lo cual aconteció en el presente.
IV. Lo decidido, precedentemente importa la declaración de inoficiosidad de la labor profesional del letrado interviniente.
En el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. res. I-73016 de 8-X-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
I. Desestimar la queja articulada por la defensa particular de P.C.A.P.C (arts. 484, 486 bis y concs., CPP).
II. Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada por el doctor Sergio Daniel Mercado ante esta instancia, a los fines regulatorios (art. 30, decreto ley 8409/77; Ac. 3871 y res. I-73016).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia