Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129079
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 129.079-RQ, caratulada: "F.R.J. s/ Recurso de queja en causa n° 77.904 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 14 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de F.R.J. contra el pronunciamiento de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Mar del Plata que lo condenó a la pena de dos años de prisión y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo doblemente agravado por haberse cometido con efracción y escalamiento y robo agravado por haberse cometido con escalamiento, ambos en grado de tentativa (v. fs. 64/71 vta.).
Para arribar a tal decisión, afirmó que la denuncia de violación a los principios de culpabilidad, ne bis in idem e in dubio pro reo por haberse valorado las condenas anteriores como pauta agravante no se desarrolló con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar las exigencias formales del art. 494 del ritual (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional -fs. 40/41-).
Explicó que la defensa se desentendió de lo efectivamente fallado y no demostró que la "doctrina legal" de los precedentes jurisprudenciales de la Corte nacional no resultaran aplicables al presente ni trajo nuevos argumentos que permitieran apartarse de los criterios fijados por el citado tribunal (v. fs. 41 y vta.).
Agregó que las argumentaciones de la parte no constituyen una crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo casatorio ni se vinculan de manera directa e inmediata con éste (v. fs. 41 vta.).
Concluyó que no se demostró que la sentencia sea el fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, inconducentes o inconciliables con la prueba producida en la causa (v. fs. 42).
Por todo lo expuesto, indicó que siendo que el art. 494 citado no se constituyó en un obstáculo para la concesión de la vía en cuestión, no correspondía expedirse sobre el pedido de inconstitucionalidad de dicha norma (v. fs. cit.).
II. El defensor oficial, doctor José María Hernández, presentó queja (49/54 vta.).
Alegó que resulta aplicable la doctrina de los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional en tanto el decisorio en crisis privó a esta Corte de su competencia como "cabeza de la administración de justicia de la provincia" (arts. 31, 75 inc. 11, 116, 121, 124 de la Const. nac. -fs. 51 vta.-).
De seguido, tachó de arbitraria la resolución y refirió que su fundamentación es aparente pues se valió de fórmulas genéricas y abstractas (v. fs. 52).
Puntualizó que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se desarrollaron planteos de índole federal (valoración de la condena anterior como pauta agravante quebranta las garantías de culpabilidad por el acto, in dubio pro reo y ne bis in ídem) que se los vinculó de manera directa e inmediata con lo debatido y resuelto (v. fs. 52/54).
A todo evento, dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 494 del ritual (v. fs. 54).
III. El recurso de hecho es improcedente en tanto el quejoso no logró remover de manera eficaz la falta de suficiencia y carga técnica necesaria con que a criterio del Tribunal de Casación Penal se desarrollaron los embates de pretensa índole federal (art. 486 bis, CPP).
III. 1. En efecto, se limitó a realizar una síntesis de los planteos llevados oportunamente en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 55/66), insistiendo en que la valoración de la condena anterior como pauta agravante vulnera las garantías de culpabilidad por el acto, in dubio pro reo y ne bis in ídem.
Sin embargo, esta técnica resulta infructuosa en tanto no se evidenció que dichas críticas trascendieran de una mera opinión discrepante con el modo en que el a quo -al confirmar el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Mar del Plata- interpretó los arts. 40 y 41 del Código Penal y, con cita de precedentes jurisprudenciales de la Corte nacional y provincial, estimó que la valoración de condenas anteriores como pauta agravante no quebrantaba las garantías constitucionales mencionadas por la defensa oficial (v. sentencias de casación a fs. 14/23 vta., en especial, fs. 18 vta./21 vta.).
En definitiva, la parte no demostró la relación directa e inmediata entre las argumentaciones expuestas en el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 28/38), las garantías constitucionales supuestamente afectadas y lo fallado por el Tribunal de Casación Penal.
III. 2. En suma, a raíz de lo expuesto en los párrafos anteriores y de la reseña efectuada en el punto I. del presente, corresponde desestimar la denuncia de arbitrariedad en tanto el examen de admisibilidad negativo cuenta con la fundamentación suficiente que lo deja salvo de la tacha intentada.
III. 3. Por último, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal carece de virtualidad en la medida que lo decidido por el Tribunal de Casación y aquí confirmado, no se fundó en las limitaciones allí establecidas sino en que no se hallaban exteriorizados de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia