Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129818
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja traída por la defensa técnica de José Marcelo Giordano, con costas (art. 486 bis, CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
La Plata, 14 de marzo de 2018.
La presente causa P. 129.818-RQ, caratulada: "Giordano, José Marcelo s/ Recurso de queja, en causa n° 77.202 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de octubre de 2017, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley incoados por la defensa técnica de José Marcelo Giordano, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente al resolutorio de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín, que revocó la suspensión del proceso penal a prueba concedida al encartado (v. fs. 15/18).
Para así resolver, juzgó que la sentencia atacada no reunía el requisito de definitividad previsto en el art. 482 del Código Procesal Penal, ni resultaba un supuesto de equiparación a definitiva.
II. Ante tal escenario, el señor Defensor Particular -doctor Mauricio Muñoz- articuló recurso de queja, en los términos del art. 433 del Código Procesal Penal (v. fs. 20/24).
Básicamente, discrepó con la respuesta otorgada por la sede casatoria, en punto a la ausencia de definitividad del decisorio en crisis. Señaló -de tal forma- la afectación al doble conforme y a la doble instancia, con la consecuente transgresión al derecho de defensa.
En abono de su postura, enunció diversos precedentes sobre el tópico y citó normativa nacional e internacional.
Finalmente, tachó de arbitrario lo resuelto.
III. Más allá de la impertinente cita del art. 433 del Código Procesal Penal, lo cierto es que la queja intentada no es de recibo.
Ocurre que la decisión arribada en la etapa intermedia resulta acertada y conteste con la doctrina edificada por este Cuerpo sobre la materia.
En efecto, esta Corte tiene dicho que la denegatoria de la suspensión del proceso penal a prueba, al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del ritual y tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf. P. 104.366, res. del 4-XI-2009; P. 109.251, res. del 3-III-2010; P. 111.313, res. del 19-XII-2012; P. 120.757, res. del 4-XI-2015; P. 124.101, res. del 4-XI-2015; P. 124.556, res. del 9-III-2016; P. 124.876, res. del 9-III-2016, entre muchos otros).
Frente a ello, la defensa particular no removió con eficacia el mentado óbice formal sino que trajo a colación diversos precedentes de forma genérica, mas sin demostrar el modo en el cual resultarían aplicables al sub examine.
En definitiva, la parte se limitó a sostener una mera interpretación discrepante en torno a la ausencia de definitividad concluida -precisamente, la no equiparación a sentencia definitiva del pronunciamiento en crisis- con basamento en argumentos dogmáticos, técnica ineficaz para conmover el temperamento adoptado en la instancia casatoria.
IV. Por otra parte, como bien se expuso en el juicio de admisibilidad negativo, los agravios de pretensa índole constitucional tampoco suplen la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.) en tanto la justificación de ese extremo es, lógicamente, anterior a la consideración de estas problemáticas (P. 122.306, res. del 17-VI-2015; P. 122.397, res. del 1-VII-2015; P. 123.664, res. del 1-VII-2015; P. 123.664, res. del 1-VII-2015, e.o.).
V. En función de lo expuesto en los puntos precedentes, la denuncia de arbitrariedad quedó huérfana de sustento argumental.
VI. Solo resta señalar que, en atención a los lineamientos efectuados por esta Corte en el Acuerdo 3871 del 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido de art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja traída por la defensa técnica de José Marcelo Giordano, con costas (art. 486 bis, CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia