Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129289
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por Juan Mariano Moyano con el patrocinio letrado de la doctora Francisca Grioli (art. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
La Plata, 21 de marzo de 2018.-
La presente causa P. 129.289-RQ, caratulada: "Moyano, Juan Mariano s/ recurso de queja en causa N° 77.617 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI",
I. De acuerdo a las copias aportadas por la parte, la Sala VI del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por Juan Mariano Moyano -con patrocinio letrado- contra la decisión de ese mismo órgano que, a su vez, había rechazado la acción de revisión intentada por el nombrado contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 10 de Lomas de Zamora, que lo había condenado a la pena de diez años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego (v. fs. 21/23 vta.).
Para fallar como lo hizo, en primer lugar consideró que la sentencia impugnada no encuadraba en las hipótesis previstas en el art. 494 del Código Procesal Penal. Luego, se abocó al análisis de las cuestiones federales planteadas (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou", CSJN). En ese marco, en torno a la tacha de arbitrariedad, consideró que el recurrente se había desentendido de lo efectivamente resuelto. Recordó que la acción de revisión había sido rechazada exponiéndose los motivos por los cuales se había advertido que la solicitud no encuadraba en los supuestos previstos en el art. 467 del Código Procesal Penal; por ello afirmó que la parte no conseguía demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estimaba comprometidas. Concluyó que la pretensa cuestión federal no constituía una crítica razonada de los argumentos brindados por la Sala en su fallo, con lo cual no había sido planteada con la suficiencia y carga técnica necesarias a los fines pretendidos (v. fs. 21/23 vta.).
II. Frente a esa decisión, Juan Mariano Moyano, por derecho propio, con el patrocinio letrado de la doctora Francisca Grioli, dedujo queja (v. fs. 25/30).
Señaló que la decisión en crisis no dio respuesta a los agravios de la parte, por lo cual denunció la infracción de los arts. 210 y 106 del Código Procesal Penal (v. fs. 25 vta./26).
Tildó el pronunciamiento de arbitrario por cuanto se expidió sobre la fundabilidad de los reclamos, vedando la habilitación de la instancia superior y la revisión de la condena (v. fs. 26/27).
Explicó que el tribunal intermedio se excedió en el tratamiento de los agravios, sin hacerse cargo de los argumentos introducidos en el recurso extraordinario local y pronunciándose prematuramente sobre cuestiones de fondo. Agregó que lo decidido por el a quo vulneró la doctrina de esta Corte sentada en Ac. 116.451 (v. fs. 27/28).
Dijo que la concesión del recurso fue denegada por causas ajenas a los requisitos de admisibilidad legalmente establecidos, esto es, la presunta ineptitud de los motivos esgrimidos por la parte, lo que -denunció- constituye un exceso en la jurisdicción (v. fs. 28 vta.).
Por último, planteó la inconstitucionalidad de la ley 14.647 con fundamento en que diseña un sistema en el que los mismos jueces que dictaron la resolución impugnada replican las críticas formuladas por los recurrentes a sus sentencias, subvirtiendo el rol de juez imparcial, para transformarlos en jueces y defensores de sus propios actos (v. fs. 29).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis).
Ello en tanto los desarrollos de la parte no se encaminaron a controvertir los fundamentos dados por el a quo para la desestimación del carril extraordinario, reseñados en el acápite "I" de la presente.
En efecto, el quejoso no hizo ningún esfuerzo por conmover el déficit señalado por el a quo , de modo tal de evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que decía afectadas y la arbitrariedad argüida se vinculaban con lo debatido y resuelto por la Casación en el fallo impugnado (art. 15 de la ley 48).
Por otra parte, el pretendido exceso en la extensión del juicio de admisibilidad efectuado tampoco es de recibo. En efecto, más allá de las fórmulas empleadas para adoptar la resolución recurrida, no se observa que el a quo hubiera avanzado en el análisis de la procedencia del recurso, sino que -ausentes los recaudos de la recurribilidad objetiva previstos por el art. 494 del CPP- se limitó a constatar si las cuestiones federales planteadas habilitaban el conocimiento de este Tribunal, análisis que integra el juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P. 125.455, resol. del 13-V-2015, P. 125.523, resol. del 20-V-2015, P. 125.506, resol. del 3-VI-2015, P. 125.630, resol. del 17-VI-2015, P. 125.577, resol. del 17-VI-2015, e.o.).
Por último, el pedido de inconstitucionalidad de la ley 14.647 -más allá de su genérica formulación- es el producto de una reflexión tardía, ya que no fue introducido en la primera oportunidad posible en el curso del proceso, cual era el recurso extraordinario local, cuya admisibilidad se resolvería al amparo de la normativa cuestionada. Es doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia que resulta exigible como condición indispensable para el abordaje de las cuestiones de ese tenor, su planteamiento tempestivo (CSJN, Fallos: 328:4755; 331:419 y 2561; id., causas F.274.XLIII, "Fontenova", sent. 3-VII-2007, doctr. T.400.XLIV, "Trova", sent. 10-XI-2009).
IV. En lo que concierne a los honorarios profesionales, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por Juan Mariano Moyano con el patrocinio letrado de la doctora Francisca Grioli (art. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°300
Fin de la sentencia