Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129840
En la ciudad de La Plata, a 12 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.840, "Farías, Jorge Miguel s/ Recurso de queja en causa n° 77.596 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de marzo de 2017 rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, que condenó a Jorge Miguel Farías a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple y con acceso carnal bajo la modalidad de delito continuado, en concurso ideal con corrupción de menores (arts. 119 primer y tercer párrafos, 125 primer párrafo y 54, Cód. Penal) -ver fs. 214/229, con relación a fs. 106/137 vta.-.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 233/265), el que habiendo sido declarado inadmisible por la citada instancia (v. fs. 273/278) motivó la deducción de recurso de queja (v. fs. 439/455 vta.). Esta Corte mediante resolución del 30 de mayo de 2018 la admitió y concedió el medio extraordinario antes referido (v. fs. 456/459 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 476/479), dictada la providencia de autos (v. fs. 487), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, se alzó el señor defensor oficial adjunto ante la instancia casatoria merced al recurso de inaplicabilidad de ley que articuló a favor de Jorge Miguel Farías, formulando cuatro agravios:
I.1. Denunció en primer término la violación a la doctrina legal de esta Corte (conf. causa P. 121.625, resol. de 7-XII-2016), como también a la defensa material, debido proceso y derecho a ser oído en el marco del ejercicio de la garantía de la doble instancia (arts. 18, Const. nac.; 9.1, 14.5, PIDCP; 8.1 y 2 "c" y "h", CADH; 10, Const. prov.; 456 y 458, CPP; v. fs. 235).
Sostuvo que de conformidad con el pedido de Farías, esa defensa había solicitado a los jueces de casación la celebración de una audiencia a fin de que tomaran contacto directo con él previo a dictar sentencia, sin embargo el tribunal a quo se pronunció y confirmó la condena impuesta en la instancia sin brindarle la posibilidad de intervención pese a su expreso pedido, privando a su pupilo de ejercer su derecho material de defensa y agotar "los esfuerzos" para que el tribunal tomara en cuenta su descargo en relación con los graves hechos que se le imputan (v. fs. 235 y vta.).
Se refirió a lo normado por los arts. 456 y 458 del Código Procesal Penal y destacó que la voluntad de Farías de mantener la audiencia con los jueces -expresamente manifestada (v. fs. 202/203)-, no debió cercenarse por el desistimiento expreso que de la audiencia prevista por el citado art. 458 efectuó su propia defensa (v. fs. 235 vta./237).
Seguidamente extractó un párrafo del precedente de esta Corte que estimó vulnerado y señaló que su asistido "...se vio privado de tener un contacto directo con los jueces [...] que iban a revisar su condena para que conocieran a partir de sus propias palabras su versión de los hechos, su historia de vida, su situación personal actual, y demás circunstancias que pudieran influir sobre la decisión final", y de esa manera arribar a una solución distinta (v. fs. 237 vta. y 238).
I.2. En segundo lugar denunció la violación al debido proceso y calificó la sentencia de arbitraria, autocontradictoria y vulneratoria de la doble instancia (v. fs. 238 vta.).
Sostuvo que en el recurso de casación el señor defensor planteó como cuestión previa la nulidad del juicio y el fallo condenatorio debido a que la magistrada brindó los fundamentos de la sentencia transcurridos diez días de concluido el debate oral y, previo a ello, intervino en tres juicios orales independientes (v. fs. cit.).
Consideró violentado el principio de continuidad de conformidad con lo normado por los arts. 371 y 375 del Código Procesal Penal.
Luego de reseñar la respuesta brindada por el Tribunal casatorio al rechazar el planteo, afirmó que la decisión fue arbitraria por apartamiento de las constancias de la causa al desconocer "...los tres juicios orales independientes celebrados entre la clausura del juicio oral seguido contra Farías y la lectura de los fundamentos del veredicto condenatorio", y consideró autocontradictorio que, por un lado, afirmara que lo decisivo era si el tribunal había realizado actividad jurisdiccional intermedia en el lapso de tiempo comprendido entre el final del debate y la lectura del veredicto, y, por el otro, no tuviera en cuenta que la jueza intervino en tres juicios orales independientes realizados en dicho lapso temporal (v. fs. 239 vta./241).
Sin perjuicio de lo anterior entendió que además se realizó una revisión aparente y contraria a los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la doctrina emergente del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de los precedentes P. 99.804 y P. 89.939 de esta Corte (v. fs. 241 y vta.).
En conclusión consideró que la interpretación que del art. 374 del Código Procesal Penal se realizó en la sentencia impugnada, resultó arbitraria. Con lo cual, solicitó la absolución de su pupilo por aplicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Sandoval" (S.219.XLIV; 31-VIII-2010), en punto al alcance que cabe asignar a la garantía del ne bis in idem (v. fs. 243).
I.3. Por otro lado invocó infracción a normativa supranacional (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), ello debido al tránsito aparente de la causa por la instancia intermedia (v. fs. cit.).
Afirmó que habiendo acudido al tribunal a quo en procura de la revisión del modo (infracción del in dubio pro reo ) en que se habría considerado probada la intervención de Farías en los hechos enrostrados, la respuesta consistió en una reiteración de las razones de su antecesor, agregando afirmaciones genéricas y abstractas desvinculadas del caso concreto.
En sustento de su postura citó los fallos "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte federal, como también los precedentes P. 99.084 y P. 89.939 de este Tribunal (v. fs. 243 vta. y 258).
Seguidamente hizo una reseña de los hechos, detalló los agravios llevados por el señor defensor en el recurso de casación, y, finalmente, hizo referencia a la respuesta brindada en la instancia de revisión (v. desarrollo de fs. 244 vta./257 vta.).
Destacó que la decisión del tribunal de mérito como la del Tribunal de Alzada, quebrantaron el principio del in dubio pro reo , sumando -a su criterio- otra nueva arbitrariedad (v. fs. 258).
I.4. Por último, alegó errónea revisión de la sentencia de condena por ausencia de fundamentación del monto de la pena (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), como también de los arts. 40 y 41 del Código Penal y violación a la doctrina de la Corte federal en el marco de la revisión del fallo de la instancia de mérito (v. fs. cit.).
Señaló que esa defensa se agravió ante la casación de la mensuración de la pena por el excesivo monto impuesto, y cuestionó la ponderación de la agravante referida al "...daño psíquico causado en la [v]íctima", solicitando que de conformidad con las pautas ponderadas se impusiera el mínimo de la escala penal (v. fs. cit. in fine ).
Luego de efectuar una reseña de lo decidido por el tribunal intermedio, centró su crítica en dos aspectos "...el proceso lógico de construcción de la pena", y la "fundamentación" (fs. 260).
Con relación al primero afirmó que "...no surge cómo se llegó a determinar dicho monto punitivo, de conformidad con la objetiva y razonada valoración de las pautas de mensura que prevén los arts. 40 y 41 del C.P. No surge de ella cual ha sido su proceso de formación para el caso concreto, de manera que esta falta de conocimiento acerca de esta construcción impide que [...] pueda controlarse si [...] resulta razonable y ajustada a derecho" (fs. cit.).
Indicó que "...a partir de la consideración de la escala legal aplicable, para adecuarla al caso en concreto, se obtiene un punto fijo del cual partir a los efectos de ponderar desde allí las atenuantes y agravantes", y que "Ese punto fijo del cual partir ha sido llamado punto de ingreso, y tanto la doctrina [...], como la jurisprudencia indican que es el mínimo legal", para luego evaluar "...la existencia de agravantes y atenuantes" (fs. 260 y vta.); a las cuales consideró que correspondía asignarles "...un monto de punición para luego de sumados y debitados ellos llegar al monto fijo final que será la pena a aplicar" (fs. 260 vta.).
Sobre el segundo, señaló que el Tribunal de Casación Penal no realizó estudio alguno de la escala penal, ni sobre el modo en que impactaron las pautas atenuantes y agravantes ponderadas, es decir "...efectuó un examen parcial y arbitrario al estimar adecuada la sanción impuesta, a la vez que no dio respuesta aceptable a los agravios de la defensa" (fs. 261).
Consideró que la indebida revisión de la pena impuesta por parte de la casación, implicó desoír la doctrina de la Corte federal y de este Tribunal que originó la afectación a los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 263).
Finalmente en sustento de su postura citó los precedentes P. 83.260 y P. 87.172 de este Tribunal y los Fallos "Miara, Samuel y Castillo de Miara, Beatriz" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 263/264 vta.).
Por todo lo expuesto, solicitó que se case el fallo impugnado y se reenvíen los autos a la instancia anterior, para que debidamente integrado, se dicte una nueva sentencia acorde con sus reclamos (v. fs. 140 vta.).
II. El señor Procurador General propicia en su dictamen de fs. 476/479 hacer lugar parcialmente al recurso, en el entendimiento de que el agravio deducido en primer lugar debía prosperar por haberse restringido indebidamente el derecho de defensa material de Farías, con lo cual -a su juicio- resultaba inoficioso abordar los demás planteos.
III. Disiento con el representante del Ministerio Público Fiscal, pues considero que el primer planteo no es de recibo.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el embate relativo a que el órgano casatorio dictó su pronunciamiento sin haber tomado previamente conocimiento de visu del procesado, en infracción -según lo afirma la parte- al criterio establecido por este Tribunal en el precedente P. 121.625, como a la defensa material, el debido proceso, el derecho a ser oído y a la revisión amplia (arts. 8.1 y 2 "c" y "h", CADH y 9.1 y 14.5, PIDCP), se dirige -en lo esencial- a poner en evidencia un supuesto déficit en el procedimiento anterior a la sentencia del Tribunal de Casación que se vincula -en principio- con cuestiones típicamente procedimentales (conf. arts. 456 y 458, CPP), sin que en el caso se logre evidenciar adecuadamente el compromiso directo de garantías y derechos constitucionales y supranacionales que imponga su abordaje en esta instancia, en los términos que se mencionan.
Hay que destacar que -en rigor- se trata de una pretensión meramente formal desde que el recurrente omite señalar un concreto gravamen, lo cual conduce a la ineficacia del pedido. En efecto, no ha indicado los perjuicios que la omisión de haber sido convocado ante el órgano casatorio antes del dictado de la sentencia -pese a expresa solicitud del letrado-, le ha generado a sus derechos, o qué defensas se privó de ejercer, sin que la genérica mención de que se le impidió manifestarse en torno a "...su versión de los hechos, su historia de vida, su situación personal actual, y demás circunstancias..." (fs. 237 vta. y 238), pudiera suplir dicha falencia.
Por lo demás, el precedente de esta Corte invocado (causa P. 121.625, resol. de 7-XII-2016) -en lo que atañe a los costados federales de la problemática en examen; ver fs. 237 vta.- exhibe características fácticas que lo diferencian sustancialmente de la situación planteada en la presente, de las cuales la defensa se desentiende por completo.
En cuanto interesa, allí fue analizado un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa del encartado, contra la decisión del Tribunal de Casación Penal que resolvió casar parcialmente el fallo de primera instancia en cuanto a la determinación de la pena impuesta, reduciendo el quantum punitivo de veinte años de prisión a quince años, sin haber cumplido con la audiencia de visu solicitada por el encartado; con posterioridad a que su defensor hubiera desistido de la audiencia de informes, aludiendo a que no había respetado su decisión de que se celebrase y estar presente.
En este caso, el tribunal intermedio se limitó a desestimar el recurso y a confirmar la sentencia de condena en todos sus términos.
De otra parte, queda sin debida explicación el desistimiento efectuado por la defensa de la audiencia prevista ante casación (arts. 456/458, CPP) que -entre otras cosas- hubiera permitido viabilizar la de visu que reclama (conf. art. 41 inc. 2, Cód. Penal), cuando tampoco repara en que el último de los preceptos referidos condiciona la exigencia del contacto directo con el acusado a través de la locución "...en la medida requerida para cada caso", esto es, conforme el razonable margen de apreciación del magistrado de estimar la necesidad, conveniencia y medida de ese conocimiento y que bien pudo considerarse innecesario ante el propio proceder ambivalente de la defensa, máxime cuando no existió como en el precedente que invoca (causa P. 121.625) un reclamo expreso del propio imputado aludiendo a un interés distinto al de su defensa técnica (conf. doctr. causa P. 115.612, sent. de 24-IX-2014).
III.2.a. El agravio por el que tacha de arbitrario el fallo casatorio al haber rechazado el planteo de nulidad del juicio y la sentencia condenatoria, por brindar los fundamentos del fallo transcurridos diez días de concluido el debate oral, tampoco tendrá favorable acogida.
En forma preliminar cabe decir que se trata de una cuestión de eminente carácter procesal, ajena -por vía de principio- a la materia asequible por esta Corte, salvo demostración de una directa vinculación con garantías de raigambre constitucional que imponga sortear esa valla (doctr. art. 494, CPP), que como seguidamente se señala no ha sido evidenciada.
La defensa no logra rebatir eficazmente los fundamentos brindados por el a quo en referencia a que la sanción de nulidad pretendida no se encuentra prevista en la ley, ni tampoco en cuanto sostuvo que no demostró el perjuicio sufrido, lo que permite concluir en la insuficiencia de su reclamo (doctr. art. 495, CPP).
Sobre el punto el Tribunal de Casación Penal rechazó in totum la pretensión de la defensa. Detalló que el debate ante el tribunal constituido en forma unipersonal comenzó el 10 de noviembre de 2015, que se extendió hasta el 1 de diciembre del mismo año. Que con la anuencia de las partes se convocó a la lectura de los fundamentos del veredicto y sentencia el día 9 de diciembre de ese año, mientras que la lectura por secretaría se llevó a cabo el 11 de diciembre (v. fs. 215 vta.).
Destacó que desde la clausura del debate y la fecha de lectura del veredicto y sentencia -teniendo en consideración el "feriado largo"-, se aseguró una "...razonable proximidad entre las secuencias del proceso", sin que existieran elementos que habilitasen inferir que durante ese lapso de exceso contemplado por el art. 374 del Código de rito, haya realizado otra actividad jurisdiccional intermedia con "aptitud" para afectar el principio de inmediación y del debido proceso legal (v. fs. 216 y vta.).
Sin perjuicio de ello, recomendó a la señora jueza que en las sucesivas oportunidades debería ceñirse a los plazos expresamente establecidos por el Código ritual o los eventuales acordados por las partes, ello ante la posibilidad de "...perderse la frescura propia de la inmediación con la prueba ventilada en el debate" (fs. 216 vta.).
Con cita del precedente "Camiña, Jorge Orlando S/ recurso de casación" del 8 de julio de 2003, dictado por la Sala II, indicó que no correspondía la anulación pues configuraría un claro exceso, sobre todo cuando las propias partes consintieron de común acuerdo la presunta irregularidad al ser notificadas de la fecha en que se daría lectura a los fundamentos del veredicto. A juicio del tribunal revisor sorprendió el planteo nulificatorio pues en estos casos -según dijo- cobraba relevancia la teoría de la "responsabilidad de los actos propios" (fs. cit.).
Añadió que nulificar una sentencia que puede ser tenida por válida, privaría al encausado del nuevo estatus alcanzado desde su dictado, correspondiente a quien ha visto una primaria culminación al proceso que se le siguiera, sin perjuicio de los eventuales recursos que pudiese interponer contra la misma, y con independencia de la satisfacción o disconformidad que le haya causado la solución adoptada (v. fs. 218).
Explicó que debía distinguirse "...entre las nulidades propiamente dichas, y aquellos elementos de los actos procesales que [podían] ser calificados como 'meras irregularidades' o 'meras inobservancias', [...] que no son más que el incumplimiento de ciertos requisitos requeridos por la ley o derivados de las exigencias contenidas en ella, que no tienen la misma intensidad en cuanto a su necesidad y que, salvo una disposición en contrario que expresamente cambie la naturaleza del vicio en el cumplimiento de los mismos, no desmerece la validez del acto. Ello así, por cuanto la simple inobservancia de alguno de esos requisitos rituales no provoca por sí misma la nulidad del acto que la contenga, siempre que, conforme lo antes dicho, no se vulneren garantías constitucionales o se trate de requisitos fundamentales para la validez de los actos" (fs. 100 vta. y 101).
Resaltó que el plazo previsto en el art. 374 del Código Procesal Penal no ha sido establecido bajo sanción de nulidad con lo cual "...su inobservancia sólo podrá ocasionar la invalidez del acto en la medida que haya entrañado la conculcación de las garantías constitucionales protectoras de los derechos y facultades de las partes" y que "...la determinación de un plazo relativamente breve para la lectura de los fundamentos del pronunciamiento se vincula con la regla de la inmediación que rige en el sistema procesal vigente, en cuanto se pretende la proximidad en el tiempo entre las audiencias de juicio en las que se produjeron pruebas y alegatos, y el desarrollo de las razones por las cuales el 'a quo' resolvió en determinado sentido, de manera que, en la conciencia del juzgador, permanezca el recuerdo de lo acontecido ante su presencia" (fs. 218 vta. y 219).
III.2.b. Ahora bien, como se reseñó en el punto anterior, el tribunal intermedio abordó el reclamo de la defensa y lo desestimó. En esa senda, dio respuesta al reclamo llevado en el recurso de casación (v. en particular fs. 144/145 vta.), ocupándose del planteo nulificante por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, brindando las razones que lo llevaron a resolver de ese modo.
De tal manera, el pronunciamiento dictado por el Tribunal
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