Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130670
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.670, "Agüero, Alejandro s/Recurso de queja en causa n° 77.681 del Tribunal de Casación Penal, Sala II" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, el 11 de abril de 2017, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el señor defensor oficial contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes que -en lo que interesa destacar- condenó a Alejandro Antonio Agüero a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas procesales por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, declarándolo reincidente (v. fs. 108/113 vta.).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial adjunta de casación -doctora Ana Julia Biasotti- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 128/153), que fue denegado por la mentada Sala Segunda el 20 de marzo de 2018 (v. fs. 163/167 vta.).
Presentada la queja respectiva (v. fs. 309/322), esta Corte mediante pronunciamiento de fecha 19 de diciembre de 2018, la admitió y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 328/330).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 339/342), dictada la providencia de autos (v. fs. 343) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora defensora oficial adjunta denuncia, en primer lugar, la desnaturalización de la tarea revisora de la sentencia de condena (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP).
Sostiene que el tribunal intermedio no cumplió a cabalidad con ese cometido al limitarse a reeditar lo dicho por el de grado en su decisión, sin realizar un análisis propio y amplio de la totalidad de las constancias de la causa (v. fs. 134).
Luego de transcribir -en lo que estimó pertinente- la sentencia atacada (v. fs. 134 vta./137), señala que de haberse analizado la totalidad de las actuaciones el a quo hubiera concluido que la investigación preparatoria resultó "caótica y deficiente" y repleta de las irregularidades y falencias a las que aludió (v. fs. 139 vta. y 140).
También realiza consideraciones sobre la valoración de diversos elementos de prueba (las declaraciones de Rolleri y Olazar, el apodo atribuido a su asistido; la ausencia de cotejo de rastros papilares levantados en el lugar del hecho que hubiera arrojado o descartado la presencia de Agüero).
En particular destaca que la prueba de cargo se sustentó prioritariamente en el testimonio de Rolleri, pese a que nunca antes había declarado en más de cuatro años que duró el proceso. Alega que el órgano revisor no analizó los motivos de la demora ni verificó la verosimilitud de sus dichos, sino que se limitó a resolver dogmáticamente lo analizado en la instancia anterior (v. fs. cit./149 vta.).
En sostén de su postura invoca los fallos "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 148 vta. y 149).
I.2. En subsidio, denuncia la transgresión de la regla de in dubio pro reo, como derivación del principio de inocencia (v. fs. 149 vta.).
Considera que "...por los mismos elementos probatorios que fueron criticados en el punto anterior, el tribunal de juicio debió haber resuelto la absolución de Agüero del mismo modo que, ante el desistimiento del fiscal de la acusación para con los imputados De La Cruz Nuñez y Fernández [acusados por el representante del particular damnificado] los magistrados de grado los absolvieron" (fs. 150 vta.).
Reitera sus críticas a la valoración de los dichos de los testigos Rolleri, Olazar, Ricci y al apodo supuestamente adjudicado a su asistido y concluye que, pese a la pobreza y orfandad probatoria existente para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, se condenó a Agüero cuando los elementos obrantes en la causa, por su notoria insuficiencia impedían objetivamente concluir con certeza de ese modo (v. fs. 151 vta. y 152), motivo por el cual solicita su absolución.
II. El señor Procurador General dictaminó a fs. 339/342, aconsejando el rechazo del recurso interpuesto.
III. Coincido con su opinión.
IV.1. La decisión del a quo respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
La materialidad ilícita que tuvo por legalmente comprobada el tribunal de primera instancia da cuenta que "...el día veintidós de Marzo de 2012 alrededor de las 18:30 horas, varias personas, al menos cuatro de sexo masculino, que en esa oportunidad se trasladaban a bordo de dos vehículos, un Torino y el otro un Ford Escort, interceptaron en la calle Francia entre Blas Parera y 7 de Agosto a Cristian Calió que iba conduciendo un automóvil Peugeot 206 gris, [cuando] se encontraba acompañado por Lucas Ricci, siendo que transportaban [en] un bolso en el interior del vehículo gran cantidad de dinero. Fueron interceptados transitando por la arteria Francia cuando el aludido Torino cruzó por delante de ellos y en modo imprevisto frenó con la finalidad de detener la marcha del rodado Peugeot 206, cerrándole el camino, llevándolo para el lado izquierdo, lugar donde efectivamente lo encerró. En ese momento dos personas de sexo masculino bajaron del Torino, una de ellas con un elemento contundente rompió el vidrio del acompañante y el segundo se posicionó del lado del conductor y efectuó un disparo contra la persona de Cristian Calió, logrando herirlo en su abdomen. El primero de los sujetos al mismo tiempo se dirigió a la parte posterior del vehículo específicamente al baúl, lo levantó y sustrajo el bolso que contenía gran suma de dinero, huyendo con la misma, subiéndose los sujetos a un Ford Escort que estaba detrás donde además iban otros dos sujetos dejando en el lugar al Torino y en su interior un teléfono celular Motorola con servicio de Nextel entre los dos asientos, el cual era utilizado por el conductor. Que aquel disparo le provocó lesiones a Cristian Calió que el día siete de abril de 2012 lo llevaron a su fallecimiento. Además, todo esto se llevó a cabo por la indispensable participación de otra persona de sexo masculino que no se encontraba en el lugar de los hechos, pero brindó un aporte sin el cual no se podría haber llevado a cabo" (fs. 42 y vta.).
Al interponer el recurso de casación, la defensa denunció la arbitraria valoración probatoria con relación a la determinación de la autoría de su asistido. En concreto, criticó que se hubiera acreditado la presencia de aquél en el escenario de los hechos y que fuese el autor del disparo mortal, ello a partir de una resolución dictada por la Cámara departamental durante la instrucción que daba cuenta que Agüero para ese entonces estaba detenido. Cuestionó además que se lo vinculara con el celular secuestrado y la valoración de los dichos de Gladys Rolleri por entender que la nombrada trató de incriminarlo debido a la mala relación que tenían (v. fs. 85/90).
La Sala Segunda del Tribunal de Casación comenzó señalando, a partir del voto del doctor Mancini -a quien adhirió el doctor Ordoqui-, que los magistrados del juicio al decidir acerca de la acreditación de la autoría de Agüero en el hecho "...siguieron un camino lógico y argumental inobjetable, con total apego a lo normado en los arts. 1, 106, 209, 210 y 373 del ordenamiento ritual, sin que en dicho mecanismo valorativo se adviertan los vicios denunciados por el recurrente" (fs. 110).
Precisó luego que el extremo discutido surgía de la valoración armónica de los dichos de Olazar y Lucas Ricci, los de Villegas y su correspondencia con el acta de fs. 29, de la cual se desprendió que en el celular secuestrado existía un contacto identificado como Néstor Kirchner, que es el apodo con el que se identificaba al imputado siendo advertido por los jueces el parecido físico que lo justificaba (v. fs. cit.).
Expresó que la ausencia de inmediación con la que cuenta dicha instancia revisora no le permitía verificar la arbitrariedad denunciada pues, aún, realizando el máximo esfuerzo en la tarea de fiscalización del fallo, quedan marginadas aquellas cuestiones solo perceptibles por quienes presenciaron el debate. No obstante lo cual, estimó correcto su razonamiento pues "...el indicio vinculado con [...] la concurrencia de múltiples llamados entre Agüero -apodado Néstor Kirchner- y el resto de los miembros de la banda, que comenzaron a las 17.30 hs. aproximadamente y se prolongaron durante el resto del día 22 [...] no fue el único indicador evaluado por el juzgador para arribar a su convencimiento respecto del protagonismo de Agüero en los hechos juzgados" (fs. 110 y vta.).
Sostuvo que la testigo Rolleri "...no dudó en afirmar que el sujeto que había sido objeto de las recriminaciones era justamente su yerno, Agüero"; y que también señaló "...que el teléfono en cuestión había sido tomado ese día por el encartado, según le dijera su hijo [...] que su yerno se encontraba en un régimen de salidas transitorias, pero desde hacía un tiempo él le mencionaba que manejaba la situación y conseguía salir" (fs. 110 vta. y 111).
Ante la crítica relativa a la mendacidad de la testigo, recordó que "...los jueces estimaron que sus dichos les resultaron creíbles, lo cual también fundamentaron en su correspondencia con otros testimonios". En ese marco, indicaron que "...el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada a ellos por la ley, en tanto encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, por lo que no es posible por la vía casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano, lo cual no se ha logrado comprobar en el sub lite a partir de una ponderación parcializada del plexo probatorio evaluado por el a quo, o las genéricas e incomprobadas denuncias del recurrente que atribuyen animadversión al testimonio insuficientemente atacado" (fs. 111).
Bajo tales consideraciones, descartó el reclamo de la defensa en punto a que resultaba imposible que el acusado hubiera estado en el escenario de los hechos fundado en que "...el punto ha quedado aclarado a partir de los válidos dichos de Rolleri que ya fueron analizados, siendo que ello tampoco puede ser desmerecido a partir de la invocación de una resolución de otro organismo jurisdiccional que, además, estuvo contextualizada en los inicios de la investigación penal preparatoria, cuando todavía no podría haberse hablado de un cuadro probatorio completo y exhaustivo como el que se presentó al momento de dictarse la resolución que ahora se recurre". En adición, sostuvo que "...el modo irregular en que el encartado cumplía su detención, surgió claramente también de los dichos de la testigo Biaggini. Y tanto fue así que, inclusive, el encartado llegó a profugarse finalmente del penal, como también fue tenido en cuenta por los sentenciantes" (fs. 111 vta.).
En respuesta a la crítica recaída sobre la indicación del testigo Olazar en cuanto a las características físicas del sujeto que disparó de un modo diverso al mostrado por Agüero, refirió que en la sentencia impugnada se explicó que ciertos detalles pueden haber sido desdibujados en la memoria del testigo por el paso del tiempo, sin que por eso lograra conmover la directa imputación que surgió de las manifestaciones de Rolleri y otros elementos que ya fueron analizados (como las comunicaciones telefónicas producidas en el caso) que fueron demostrativos del protagonismo y rol específico que tuvo Agüero en el suceso investigado (v. fs. 112).
Finalmente, destacó que "...también resultaron incriminantes los dichos de Ale, a partir de la cual se dio cuenta de las conversaciones vinculadas con el hecho que se produjeron entre Aguirre y Biaggini, siendo que ésta última también las corroboró"; pudiendo el juzgador formar su juicio de certeza respecto de la participación que cupo al encausado "...sobre la base de prueba de indicios, siempre y cuando los mismos gocen de la característica de univocidad" (fs. cit.).
Por último, concluyó que la evaluación en conjunto de los elementos no presentaba caminos ambiguos, logrando dar certeza a los hechos conocidos y probados y formar juicio lógico inductivo sobre los hechos desconocidos, siendo impróspero el camino emprendido por el recurrente "...avocándose a la tacha individual de cada uno de los indicios, lo cual no constituye una adecuada técnica recursiva puesto que soslaya el categórico señalamiento que surge de su valoración conjunta y armoniosa" (fs. 112 vta.).
IV.2. De la reseña efectuada se aprecia que la casación desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos de la parte, los descartó, y proporcionó las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio. El recurrente no ha logrado evidenciar la restricción cognoscitiva denunciada en función de la doctrina y jurisprudencia que cita.
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis para arribar a la confirmación del fallo de condena, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal", en tanto incluyó un juicio crítico de las constancias probatorias (conf. doctr. causa P. 98.459, sent. de 3-IV-2008).
En rigor, las críticas del recurrente están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido- y de los elementos de convicción tenidos en cuenta y por ello, temática que escapa al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (arts. 494 y 495, CPP).
IV.3. Por otra parte, tal como refiriera el a quo, la defensa formula otras interpretaciones posibles respecto del valor de convicción de los indicios aislados, pero omite hacer un análisis conjunto de todos ellos, tal como fueron considerados por el tribunal del juicio -y convalidado por el revisor- para fundar los extremos de la imputación (conf. doctr. causa P. 112.623, sent. de 6-VIII-2014 y su cita -CSJN, Fallos 326:8, a contrario sensu-; e.o.). Por ello, no encuentro arbitrarias las formulaciones del tribunal casatorio en tanto brindó respuesta a cada una de las defensas de la parte recurrente y expuso los argumentos y razones para confirmar la condena, según se reseñara, no desde la apreciación aislada de los diversos elementos de prueba, sino con una visión de conjunto (conf., entre varias, causas P. 112.623 cit.; P. 117.109, sent. de 26-X-2016; P. 116.541, sent. de 7-VI-2017; y P. 128.872, sent. de 5-XII-2018).
IV.4. La aducida vulneración de la regla in dubio pro reo planteada en subsidio, no corre mejor suerte. La defensa exhibe su disconformidad con el criterio de valoración probatoria realizado, pero no ha evidenciado vicio o defecto alguno que justifique la intervención de este Tribunal en el terreno probatorio y la eventual descalificación del fallo recurrido como acto jurisdiccional válido.
Si bien se sabe que la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el Tribunal de Alzada- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva (doctr. causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; entre muchos otras).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia