Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128986
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, por improcedente, la queja interpuesta por la defensa particular de Héctor Daniel Román, con costas (arts. 484, 486 bis y concs. del C.P.P.).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Rubén Adrián Picado por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. Ley 8904/1977).
La Plata, 20 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.986-RQ, caratulada: “Román, Héctor Daniel s/ Recurso de queja en causa N° 78.879 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
I. De las copias aportadas por la parte se desprende que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, por auto dictado el 19 de abril de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular de Héctor Daniel Román contra la sentencia de dicha sala por la que se confirmó su condena a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma blanca (fs. 29-32 vta.).
II. El doctor Rubén Adrián Picado, letrado particular del nombrado, interpuso queja en los términos del art. 486 bis del CP. (fs. 33-40).
Recordó los agravios que había llevado en el escrito de interposición de la vía de inaplicabilidad de ley (fs. 34 y vta.) y puso de relieve que se ha inobservado y aplicado erróneamente el art. 42 del CP (fs. 35).
Afirmó que Román no tuvo una disposición efectiva de los bienes sustraídos –una campera, una billetera- más allá del posterior hallazgo o no del otro objeto –un celular- y que ello se sustentó en abundante jurisprudencia de esta Corte que contrariaba lo fallado por el a quo (fs. 35-36), siendo –además- que la sentencia cuestionada contenía omisiones de gravedad extrema que la tornaban arbitraria y la descalificaban como acto jurisdiccional válido (fs. 36 y vta.).
Expresó que no se había acreditado que los intervinientes en el hecho lo hicieran de manera común y con base en un acuerdo previo, dando cuenta de los elementos que deben justificarse en los supuestos de coautoría funcional, y que por descartar esas pautas la decisión también resulta arbitraria e inválida (fs. 36 vta.-37).
Enfatizó en la arbitrariedad del fallo, el control que debe hacer este Tribunal y en que el remedio intentado se adecuó perfectamente a lo resuelto por la Casación a la luz de las deficiencias denunciadas que sustentan el vicio endilgado en lo referente a la errónea aplicación del art. 42 ibídem y al razonamiento ilógico para determinar la coautoría de Román en el hecho, demostrándose la relación directa entre lo fallado y las garantías constitucionales que se reputan conculcadas (fs. 37/40).
III. La queja resulta improcedente.
En efecto, la presentación directa importa la renovación de los agravios que se llevaran en la vía de inaplicabilidad de ley pero no se dirige a controvertir lo efectivamente resuelto en el auto que obturó el acceso a esta Corte, siendo que –por ende- la misma no fue formalizada de acuerdo al objeto y a la finalidad del medio de impugnación utilizado, en contradicción a lo dispuesto en el art. 484 del CPP.
Es que la queja tiene como único objeto el auto que emitió el juicio negativo de admisibilidad y su finalidad estriba en la remoción de los obstáculos que impidieron dicha acceso.
IV. Así, aun cuando ciertas parcelas de la motivación del decisorio de la Casación pudieran avanzar sobre aspectos que no atañen estrictamente al juicio de admisibilidad –v.gr. fs. 31 “in fine” y vta.-, en puridad, su núcleo basal se ciñe a establecer que no dándose los presupuestos de la recurribilidad objetiva que exige el art. 494 del C.P.P. no basta para dejar de lado tales limitaciones la mera invocación de cuestiones federales sino que es menester su correcto planteamiento para analizar la cuestión desde el prisma de los fallos “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en ese contexto, no resulta hábil la discrepancia subjetiva sobre cuestiones de derecho común.
A ello sumó que tampoco puede predicarse por tales falencias la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que se dicen conculcadas y, dado el carácter excepcional de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias no ha demostrado que la misma sea el fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con las pruebas habidas en la causa, en tanto su denuncia no configura un supuesto de una tercera instancia ordinaria (fs. 31-32).
V. Como corolario de lo expuesto, cabe desestimar la queja en razón de que no se autoabastece en los términos del art. 484 del CPP ya mencionado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, por improcedente, la queja interpuesta por la defensa particular de Héctor Daniel Román, con costas (arts. 484, 486 bis y concs. del C.P.P.).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Rubén Adrián Picado por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. Ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia