Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129300
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación Penal a favor de Pablo Raúl Miranda Santillán; con costas (arts. 486, 486 bis y concs. del CPP -según ley 14.647-).
La Plata, 29 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 129.300-RQ, caratulada: "Miranda Santillan, Pablo Raúl s/ Recurso de queja en causa n° 78.894 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. Conforme surge de las copias acompañadas por la parte, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Necochea, mediante el pronunciamiento del 4 de julio de 2016 hizo lugar al recurso Fiscal y revocó el auto dictado por el juez de Ejecución de Mar del Plata que había incorporado a Pablo Raúl Miranda al régimen abierto en la ejecución de la pena, concediéndole las salidas transitorias por un período de cuarenta y ocho horas mensuales (v. fs. 3/6). Contra lo así decidido, la defensa interpuso recurso de casación que, denegado, motivó la presentación de queja en los términos del art. 433 del Código Procesal Penal (v. fs. 18/25 vta.).
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, el 15 de diciembre de 2016, hizo lugar a la presentación y rechazó por improcedente- el recurso de la especialidad oportunamente incoado (v. fs. 26/31 vta.). Frente a ello, la asistencia técnica de Miranda dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, por inadmisible, fue desestimado por la citada Sala el 9 de mayo de 2017 (v. fs. 44/47 vta.).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto, doctor José María Hernández, articuló recurso de queja (v. fs. 53/61).
Sostuvo que la impugnación extraordinaria fue erróneamente desestimada. Alegó que la decisión impugnada es contraria a lo dispuesto por la Corte nacional en los fallos "Strada", "Christou" y "Di Mascio" y tildó de arbitraria la negativa del a quo por fundarse de modo solo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas (v. fs. 58 y vta.).
Resaltó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal por vía del recurso extraordinario en atención a que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad de ley son de índole federal (infracción a la garantía de la doble instancia, arbitrariedad y afectación al derecho a ser oído). Sumó a ello que la cuestión federal fue oportunamente planteada y que el gravamen es actual, habiéndose vinculado la misma de manera directa con la solución del caso (v. fs. 58 vta.).
Expuso que los límites objetivos del art. 494 del Código Procesal Penal que expresamente se consignaron en la resolución impugnada, deben ser inaplicados o, en su caso, declarados inconstitucionales (v. fs. 59 vta.). Concluyó que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no solo porta la fundamentación mínima requerida sino que demuestra directamente su procedencia y la vinculación existente entre la declaración de las infracciones constitucionales denunciadas y su consecuencia directa: la arbitrariedad de los órganos judiciales de privar a su defendido de las salidas transitorias (v. fs. 60 y vta.).
III. La queja no prospera en tanto el recurso ha sido bien denegado.
1. De la lectura del decisorio impugnado surge que el órgano intermedio, luego de señalar que en el caso no se encontraban satisfechos los requisitos que prevé el art. 494 del Código Procesal Penal, recordó que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, advirtiendo que la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza no satisface la admisibilidad del reclamo, siendo menester su correcto planteamiento (v. fs. 45 y vta.).
En este sentido, respecto a la invocación de arbitrariedad, indicó que la parte solo esbozaba una simple discrepancia personal, desentendiéndose de los argumentos brindados para desestimar el recurso y omitiendo realizar una crítica concreta y útil que evidenciara los extremos de la doctrina alegada (v. fs. cit./46). Asimismo, sostuvo que la infracción al derecho a la doble conformidad carecía de fundamento suficiente por cuanto se había declarado admisible el recurso de casación, analizado los motivos de agravio interpuestos por la defensa y se los había rechazado sin oponer ningún tipo de formalidad al respecto.
Por ello, afirmó que la defensa no conseguía demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que estimaba comprometidas (v. fs. cit.).
2. Sin perjuicio de otras consideraciones que cabría efectuar en cuanto al juicio de admisibilidad llevado a cabo por el a quo, el recurso extraordinario articulado ha sido bien desestimado.
Resulta pertinente aclarar que si bien la defensa, al interponer la vía de inaplicabilidad de ley denunció la revisión aparente de la sentencia, la arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa y la infracción al derecho a ser oído, sus planteos no se hicieron cargo de lo dicho por el órgano intermedio que frente a los agravios articulados en el remedio de la especialidad- juzgó que la cuestión federal planteada por el recurrente (inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12256) no guardaba relación directa e inmediata con lo fallado. En efecto, la judicatura intermedia expuso que dicha circunstancia no se había erigido como impedimento para revocar el beneficio, consideró ajustada a derecho la decisión de la Cámara y entendió que ésta había brindado argumentos suficientes y atendibles para fundar el temperamento adoptado al apoyar su conclusión en el dictamen desfavorable realizado por el organismo técnico criminológico del Servicio Penitenciario Bonaerense, el que a su vez se encontraba motivado en el análisis del desempeño institucional del interno (v. fs. 30 y vta.).
En este escenario, el análisis sesgado que la defensa realiza en torno a los fundamentos por los cuales sus reclamos fueron desatendidos en sede casacional, dejó indemostrada la relación directa e inmediata entre las cuestiones federales planteadas y lo debatido y resuelto en el caso.
Por lo demás, insiste el recurrente en su pretensión de desplazar los requisitos contenidos en el art. 494 del Código Procesal Penal para el tratamiento de las pretensas cuestiones federales, cuando dicha norma no resultó un obstáculo para su abordaje sino la defectuosa formulación de los mismos.
En función de lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad de aquella norma carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación, ratificado por esta Corte, no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación Penal a favor de Pablo Raúl Miranda Santillán; con costas (arts. 486, 486 bis y concs. del CPP -según ley 14.647-).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia