Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129044
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor particular de Juan Manuel Mateos contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 129.044-RQ, caratulada: "Mateos, Juan Manuel s/ Recurso de queja en causa n° 78.889 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI",
I. La Sala VI del Tribunal de Casación Penal, el 28 de abril de 2017, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el defensor particular de Juan Manuel Mateos, doctor Julio Ricardo Beley, contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez rechazó -por improcedente- la queja promovida por la misma parte en oposición al resolutorio de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata que no concedió el recurso casatorio incoado contra el fallo de dicho órgano que, por mayoría, revocó la nulidad de la requisitoria fiscal de elevación a juicio y dispuso la remisión de la causa al juez de primera instancia a los fines de dar tratamiento a la cuestión (v. fs. 67/69 en función de fs. 47/51).
Para arribar a tal conclusión, juzgó que la decisión impugnada no encajaba en las causales previstas por el art. 494 del ordenamiento adjetivo (v. fs. 67 vta./68).
Luego, en atención a que sostuvo que el recurso deducido era el idóneo a los fines del tratamiento de las cuestiones federales planteadas, se adentró a su análisis, concluyendo que la parte no había demostrado la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías denunciadas en razón de que se desentendió de lo resuelto e insistió con la existencia de un caso de gravedad institucional a la par que efectuó consideraciones genéricas y abstractas sobre el mérito de la prueba y el alcance de normas procesales, sin demostrar tampoco la arbitrariedad endilgada (v. fs. 68 vta./69).
II. Frente a ello, el mencionado doctor Beley, el día 22 de mayo de 2017, presentó queja en los términos del art. 433 del Código Procesal Penal (v. fs. 70/77).
III. La impugnación es improcedente.
De modo liminar, debe señalarse que la defensa no dedujo la vía idónea prevista para poner en jaque el juicio de admisibilidad efectuado por el Tribunal de Casación Penal respecto de los recursos extraordinarios locales, cual es la específicamente regulada en el art. 486 bis del ordenamiento de forma; sino que interpuso la contemplada en el art. 433 del mencionado cuerpo normativo, lo que de por sí podría acarrear la declaración de inadmisibilidad de la presente.
Aun soslayando tal déficit, corresponde convalidar el juicio negativo pero por motivos diversos.
Es que la decisión impugnada mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -revocatoria de la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio- no resulta definitiva ni equiparable a tal en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal, en tanto implica que Juan Manuel Mateos continúe sometido a proceso (conf. mutatis mutandi P. 109.510, resol. del 14-VI-2010; P. 109.252, resol. del 14-VI-2010; P. 106.905, resol. del 22-IX-2010; P.107.576, resol. del 21-IX-2011; P. 101.782, resol. del 31-X-2012; P. 124.754, resol. del 18-VII-2015, e.o.).
Tampoco es un supuesto de equiparación a definitiva ya que, por sus efectos, no configura un agravio de insuficiente o insusceptible reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata.
Además, las cuestiones de índole federal no suplen la ausencia de definitividad de la resolución (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.) en tanto la justificación de tal extremo es -lógicamente- anterior a la consideración de estas problemáticas (conf. P. 116.052, resol. del 26-III-2013; P. 117.596, resol. del 19-III-2014; P.120.547, resol. del 30-IV-2014; entre otras).
Finalmente, el planteo de gravedad institucional esbozado (v. fs. 72/73) tampoco puede tener acogida favorable, en tanto dicho extremo está íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no observándose en el caso un supuesto de tales características. En esta línea de pensamiento, se ha resuelto que no cabe hacer lugar a aquélla, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de tal circunstancia (conf. doctr. Ac. 88.681; Ac. 99.627; Ac. 99.994; Ac. 99.008; Ac. 99.007 y Ac. 106.372, 15-IV-2009; P. 105.783, resol. del 9-XII-2009; conf. CSJN, Fallos: 303:221).
IV. En el caso, en atención a los lineamientos efectuados por esta Corte en el Acuerdo 3871 del 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.9674, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido de art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor particular de Juan Manuel Mateos contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2543
Fin de la sentencia