Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128637
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs., CPP).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajo realizados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Ac. 3871 de esta corte, de 25-X-2017).
La Plata, 20 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 128.637-RQ, caratulada: "Martínez, Iván Roberto s/ Recurso de queja en causa n° 78.273 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 14 de febrero de 2017 declaró inadmisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa particular de Iván Roberto Martínez contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, declaró improcedente la queja (art. 433, CPP) y por ende bien denegado el recurso de casación contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza que confirmó lo resuelto por el Juzgado de Garantías n° 5 del mismo, al convertir en prisión preventiva la detención que venía sufriendo el nombrado (v. fs. 33/37).
Para arribar a tal decisorio, afirmó que la resolución impugnada no encuadra dentro del art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 35).
Sin perjuicio de ello, recordó que el remedio extraordinario de inaplicabilidad constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional), situación no configurada en el caso pues si bien la parte alegó la afectación de garantías constitucionales, sus manifestaciones se limitaron a insistir con los mismos cuestionamientos de neto corte procesal (v. fs. cit./36).
Por último, trajo a colación la doctrina sobre arbitrariedad y aseveró que el planteo de la parte no constituyó una crítica concreta y razonada de los argumentos en que esa Sala sustentó el fallo impugnado, lo que evidencia la falta de vinculación entre los agravios de pretensa índole federal y lo resuelto en el caso (v. fs. cit.).
II. Frente a lo así decidido, el defensor particular, doctor Jonatan Wajswajn Pereyra, dedujo queja (v. fs. 38/48 vta.).
Alegó que el remedio de inaplicabilidad de ley fue mal denegado, pues la respectiva resolución no presentó "…ningún fundamento explícito" para así resolver, agregando que no "…propone una explicación que exteriorice de qué manera la totalidad de los argumentos defensistas [...] resultarían [...] despreciados a partir de la enunciación de una mera fórmula" (fs. 41 y vta.).
Agregó que el a quo "Se basta en agotar una tarea interpretativa, razonada y fundada -que le era exigible- a través de la sola enunciación dogmática de la propia denegatoria: se achaca no haber presuntamente fundado una [c]uestión [f]ederal, pero al tiempo se concluye ello sin un respaldo argumentado" (fs. cit. vta.).
A continuación rememoró los agravios llevados en el recurso de inaplicabilidad de ley, en el que había articulado cuestiones federales, a las que se refirió en detalle (v. fs. cit. vta./48).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis, CPP).
El juicio de admisibilidad negativo debe confirmarse aunque por motivos distintos a los expuestos por el a quo .
En rigor, la causal de desestimación no radica en el incumplimiento de los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal ni en la supuesta deficiencia en el planteamiento de los agravios de pretensa índole federal -como equivocadamente lo sostuvo la Casación- sino en que la resolución impugnada no es definitiva ni equiparable a ella (conf. art. 482, CPP).
En efecto, el art. 482 cit. es una de las reglas generales, entre otras (v. arts. 479 a 488), que deben cumplir todos los recursos extraordinarios. De ahí que recién cuando se abastezcan todas ellas, se podrá ingresar al examen particularizado del objeto y finalidad de cada una de las vías impugnativas específicas (conf. arts. 489, 491 y 494, CPP; conf. P. 128.487, res. de 3-V-2017 mutatis mutandi ).
Es decir, en el caso, para adentrarse al estudio de las exigencias formales del art. 494 cit. y, en dicho marco, eventualmente, decidir si correspondía aplicar la doctrina de los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional -como lo hizo el Tribunal de Casación Penal-, previamente se debió certificar que se hubiera sorteado el recaudo formal del art. 482 cit. por ser un presupuesto lógicamente anterior al examen particularizado de los agravios propios del carril impugnativo en cuestión.
IV. Sentado ello, y conforme se lo adelantara, la sentencia del Tribunal de Casación Penal que rechazó el recurso de queja contra la decisión que desestimara, a su vez, el remedio casatorio incoado contra la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Campana que confirmara la resolución del juez garante que dispuso convertir en prisión preventiva la detención que venía sufriendo el causante, no abastece el recaudo al que se refiere el art. 482 del ceremonial.
En efecto, cabe aquí aplicar la arraigada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –seguida por este Supremo Tribunal- que establece que las decisiones que decretan la prisión preventiva del imputado no constituyen sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48 (cfe., Fallos: 314:451 y la profusa individualización de citas allí efectuada; 320:212; 324:3952 – cons. 3°, primer párrafo y sus citas-; 327:5456 – cons. 4°-; P. 105.750 y P. 107.752, res. de 14-X-2009, e/o).
En el considerando 5º del primero de los fallos citados, se precisó el alcance de esa doctrina al establecer que la exclusión de “las apelaciones extraordinarias contra autos que decretan la prisión cautelar del imputado en juicio penal reposa en la circunstancia de que ello no impide, por sí sólo, la obtención de la tutela jurisdiccional de la libertad ambulatoria mientras no se destruya el estado de inocencia del sospechoso de haber cometido un delito”, puesto que, “Por lo general, esa tutela puede ser obtenida por medio de la articulación de la excarcelación y, en su caso, mediante la interposición del recurso extraordinario contra la sentencia que la deniega y que definitivamente coarta la posibilidad de tutela inmediata de la libertad”.
V. En lo que concierne a los honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs., CPP).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajo realizados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Ac. 3871 de esta corte, de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia