Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128784
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta a favor de Héctor Nahuel Márquez (art. 486 bis del CPP).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales del doctor César R. Sivo por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.784-RQ, caratulada: "Márquez, Héctor Nahuel s/ Recurso de queja en causa N° 78.358 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 14 de febrero de 2017, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que rechazó el recurso de la especialidad deducido contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial La Matanza que -en el marco de un juicio abreviado- había condenado a Héctor Daniel Márquez Silva o Héctor Daniel Márquez a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de armas (v. fs. 2/6).
Para así resolver, luego de aludir a lo normado por el art. 494 del Código Procesal Penal, expuso que en el caso de autos no se encuentra abastecido el requisito del monto de pena como así tampoco la naturaleza de los agravios vertidos en la impugnación.
Agregó que si bien el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, la admisibilidad del reclamo en dicho marco no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza.
En efecto, sostuvo que la defensa se desentiende de lo efectivamente resuelto por el tribunal del recurso ante el mismo agravio planteado "sin evidenciar arbitrariedad y falta de fundamentación en lo definitivamente pronunciado".
De seguido, consideró que los argumentos defensistas no lograban demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que estimaba comprometidas, "atento haberse abordado la cuestión y otorgado los fundamentos de su rechazo".
En sustento de ello, trajo a colación lo dicho por este Tribunal en las causas P. 118.283, 109.476 y P. 105.206.
En lo demás, recordó el objeto de la doctrina de la arbitrariedad.
Explicó que la índole de las críticas no habilitaba vía alguna de excepción "pues se vincula[ban] -en rigor- con temáticas de neto corte procesal y de derecho común, como es la determinación de la pena en el caso concreto, la que conforme su naturaleza resulta impropia de una eventual cuestión federal, argumento éste que si bien fue expuesto no ha sido acompañado de la debida explicitación a los fines perseguidos por la defensa".
En función de lo dicho, entendió que la invocación de violación de garantías constitucionales no reunía la suficiencia y carga técnica necesaria que dicho tipo de demandas tiene que evidenciar en la medida que los hechos debatidos no tienen vinculación directa con un agravio federal.
Sumo a ello que "no hubo demostración de que exista una relación directa e inmediata entre la cláusula constitucional invocada (art. 18 de la C.N.) y lo debatido y resuelto en el caso, como así tampoco se demostró que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el recurrente con fundamento en aquélla" y que "de los argumentos expuestos no se advierte que el recurrente refute, en forma concreta y razonada, los fundamentos otorgados en el pronunciamiento impugnado a partir de los que instaura su reclamo".
Por último, rechazó el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal.
II. Contra lo así resuelto, el letrado de confianza de Márquez, doctor César Raúl Sivo, articuló recurso de queja (v. fs. 33/36 vta.).
Razonó que las limitaciones a la recurribilidad objetiva no pueden ser obstáculos para tratar la violación de derechos que se enraízan en nuestra Carta Fundamental. (v. fs. 35).
Señaló que si bien el art. 494 del Código Procesal Penal delimita la procedencia de dicha vía recursiva, no es menos cierto que tales limitaciones deben ceder en supuestos excepcionales; en tanto -puntualizó- los rigorismos establecidos por la ley formal deben hacerse a un lado cuando se imbriquen derechos y garantías de raigambre constitucional en razón de que en estos supuestos esta Corte constituye el tribunal superior de la causa.
Adujo que el sostenimiento de la sentencia de primera instancia elusiva de la tarea de valoración jurisdiccional de todas aquellas circunstancias particulares del encausado que pudieran derivar en la merma del reproche punitivo, atenta directamente contra el principio de culpabilidad por el acto y las garantías constitucionales de doble conforme, defensa en juicio y debido proceso, por errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 35 vta.).
Recordó que se puso de resalto que el Tribunal de Casación con dos argumentos cuya arbitrariedad fue evidenciada, "convalidó un pronunciamiento que imponía una pena sin adentrarse en la valoración de las pautas que pudieran aminorar su intensidad, obturándole a [su] asistido el acceso a una pena respetuosa de sus circunstancias particulares y, en definitiva, justa y equitativa" (fs. cit.).
Asimismo, manifestó que el auto materia de queja no dialoga con las críticas oportunamente formuladas sino que, con una cuestionable técnica jurisdiccional, se limitó a reproducir entendimientos extraños al caso de autos (v. fs. 36).
III. La queja es improcedente.
Si bien de la reseña efectuada en el apartado primero se advierte que el Tribunal revisor efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites formales del art. 486 del Código Procesal Penal -punto sobre el que el quejoso nada dijo-, lo cierto es que el argumento central que derivó en el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se basó en la falta de suficiencia y carga técnica necesaria en el planteamiento de las pretensas cuestiones federales.
En oposición a tal temperamento, las alegaciones de la parte no resultan idóneas para remover dicho obstáculo formal pues no hizo ningún esfuerzo por evidenciar la relación directa e inmediata entre el agravio desarrollado en la vía contemplada en el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 7/14 vta.), las supuestas garantías constitucionales vulneradas y la sentencia casatoria (v. fs. 16/22; arts. 14 y 15, ley 48).
En suma, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (arts. 486 y 486 bis, CPP).
IV. Por último, y en lo que hace a la regulación de honorarios, cabe destacar que de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta a favor de Héctor Nahuel Márquez (art. 486 bis del CPP).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales del doctor César R. Sivo por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia