Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128592
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Mauricio Orlando Vicente, con costas (art. 486 bis CPP).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.592-RQ, caratulada: "Vicente, Mauricio Orlando s/ recurso de queja en causa N° 78.047 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado 2 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que desestimando la vía homónima- confirmó el fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro que revocó el auto de concesión de la eximición de prisión dictado por el Juzgado de Garantías n° 3 departamental a favor de Mauricio Orlando Vicente (v. fs. 30/34 vta.).
II. Contra dicha forma de resolver, se alzó el señor defensor oficial Adjunto, doctor Nicolás Agustín Blanco, mediante recurso de queja art. 486 bis, CPP- (v. fs. 36/41).
En primer lugar, se ocupó detalladamente de los antecedentes de la causa (v. fs. 36 vta./38 vta.).
A continuación, denunció que el carril fue erróneamente denegado (v. fs. 38 vta.). Señaló que deviene aplicable al caso la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los Fallos "Strada", "Christou" y "Di Mascio"- (v. fs. cit.).
Consideró que la resolución que motiva la queja en trato importa privación del rol institucional básico que le asiste a este Tribunal, ello es, velar por la administración de justicia arts. 5 y 31 de la Const. nac.-. Tachó de arbitrario lo decidido, y denunció que se funda "de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas" (fs. cit.).
De seguido, manifestó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte nacional, toda vez que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad revisten naturaleza federal interpretación constitucional del derecho a la libertad durante el proceso, derivado de la presunción de inocencia, conf. art. 18, Const. nac.-; como también la denuncia de arbitrariedad por haberse desechado la solicitud de eximición de prisión en base en la pena en expectativa (v. fs. 39).
Advirtió que el a quo omitió considerar la inexistencia de riesgo procesal alguno, pues su asistido se encuentra a disposición de la justicia y cuenta con domicilio fijo, por lo que afirmó- no existe motivo para decidir de modo adverso (v. fs. cit.).
Esgrimió que resulta erróneo, dogmático, genérico e inaplicable al presente el argumento por el cual el órgano negó la concurrencia de la cuestión federal, su suficiencia y la demostración de la relación directa con el caso (v. fs. 39). Explicó que se demostró que la interpretación y aplicación de las normas procesales desnaturalizó la garantía de presunción de inocencia y el derecho a permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso (art. 18, Const. nac.).
Agregó que además- el órgano casacional adjetivó al planteo como de corte procesal alcance del art. 186 del CPP, en conjunción con la manda del 169-, y que si bien advirtió la presencia de un planteo de naturaleza federal sobre el tópico, agregó que el mismo no fue acompañado con la debida explicitación (v. fs. 40). Sostuvo que no advierte qué otra fundamentación podía portar el carril en tanto reiteró- se tachó el decisorio de arbitrario por obturar la eximición a partir de parámetros que no se referían a peligros procesales concretos. Asimismo, se señaló el perjuicio concreto que dicho resolutorio causaba a Vicente, y se citó jurisprudencia en refuerzo de ello (v. fs. 40 y vta.).
En virtud de lo expuesto, halló probada la aptitud del carril denegado (v. fs. 40 vta.).
Finalmente, entendió que el valladar del art. 494 del ritual debe ser inaplicado o declarado inconstitucional (v. fs. 40 vta.).
III. La queja no prospera.
En efecto, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, luego de tener por satisfecho los recaudos de los arts. 482 con especial mención al carácter de equiparable a definitivo del decisorio- y 483 del Código de rito, afirmó que si bien el remedio contemplado en el art. 494 del mismo cuerpo legal es el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, en el caso las denuncias de arbitrariedad y violación a las garantías de presunción de inocencia y libertad no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesaria conf. "Strada" y "Di Mascio" de la Corte nacional- (v. fs. 31 vta./32).
Por un lado, ancló dicho incumplimiento a la simple referencia a mandatos de raigambre constitucional "como marco de una reiteración meramente dogmática" de las objeciones llevadas en instancias anteriores, "sin ocuparse de una crítica concreta y razonada" del resolutorio en crisis (v. fs. 32). De seguido, destacó que las críticas esbozadas se vinculan en rigor- con tópicos procesales alcance de los arts. 186 y 169 del digesto adjetivo- respecto de los cuales no se evidenció la existencia de una relación directa e inmediata con las pautas constitucionales supuestamente afectadas ni con lo fallado. Extendió dicha falencia al planteo de la arbitrariedad (v. fs. cit. in fine y vta.).
De seguido, trajo a colación precedentes del Máximo Tribunal nacional, y juzgó que la parte se limitó a exponer un mero criterio discrepante con lo decidido (v. fs. cit./33). En ese raciocinio, indicó que los argumentos sobre los que se descartó la arbitrariedad del fallo de Cámara, "dando cuenta de la existencia de peligros procesales a tenor del art. 148 del C.P.P., y circunstancias que impiden la concesión del beneficio" en los términos del art. 169 inc. 3 de dicho cuerpo normativo (valorando específicamente circunstancias del hecho, calificación posible, pena en expectativa y la actitud del imputado ante la convocatoria a la rueda de reconocimiento) no fueron controvertidos eficazmente (v. fs. 30 y vta.).
Finalmente, desestimó el confronte constitucional del art. 494 del ritual en la medida que las limitaciones que porta no dirimieron el decisorio, sino la deficiente formulación del planteo federal (v. fs. 33 vta./34).
IV. De lo reseñado se advierte que el impugnante no removió de manera eficaz la falta de suficiencia y carga técnica necesaria con que, a criterio del Tribunal de Casación Penal, se desarrollaron los embates de pretensa índole federal (art. 486 bis del CPP).
En efecto, la defensa oficial se limitó a reeditar los planteos llevados oportunamente en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, insistiendo en que no es posible afirmar la existencia de riesgos procesales en base a la pena en expectativa que podría imponérsele a Vicente.
Dicha técnica deviene infructuosa en tanto como se puso de relieve en el juicio de admisibilidad negativo- no se evidenció que tales cuestionamientos trascendieran una mera opinión discrepante con el modo en que el órgano casatorio, al confirmar el fallo de la Cámara, interpretó los arts. 148, 186 y 169 del código de procedimientos.
V. Por otra parte, la denuncia de arbitrariedad no es de recibo pues el juicio de admisibilidad negativo cuenta con la fundamentación suficiente que lo deja salvo de la tacha intentada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Mauricio Orlando Vicente, con costas (art. 486 bis CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia