Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128325
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa particular a favor de Marcelo Isidro Rodríquez, con costas (arts. 486 bis , CPP).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios del doctor Camilo Jorge Rizzolo por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 128.325-RQ, caratulada: "Rodríguez, Marcelo Isidro s/ Recurso de queja en causa N° 78.270 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. Según se desprende de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado el 24 de noviembre de 2016, desestimó por inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, inconstitucionalidad y nulidad interpuestos por la defensa particular contra el decisorio de dicho órgano por el cual -rechazando la vía homónima- confirmó el fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul que -en puridad- confirmó la resolución del Tribunal en lo Criminal que no hizo lugar al sobreseimiento por extinción de la acción penal (v. fs. 39/42).
II. Contra dicho decisorio, el defensor particular -doctor Camilo Jorge Rizzolo- interpuso recurso de queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 43/52 vta.).
Señaló que el órgano casacional denegó erróneamente el carril receptado en el art. 494 del código de rito mediante una aplicación mecánica y automática de dicha norma, lo que resulta incompatible con lo normado por los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (v. fs. 43 vta.). Expuso que las limitaciones fijadas deben ceder ante los estándares supranacionales, y afirmó que se desarrolló "de forma concreta, acabada y fundada" la existencia de dichas circunstancias para sortear el valladar aludido (v. fs. 44).
Aclaró que la parte no solo se quejó de la arbitrariedad del decisorio, sino que "incluyó otra categoría de agravios" (fs. cit. in fine ). Arguyó que el órgano casacional ignoró lo normado por el art. 8.2.h de la Convención citada -entre diversa cita normativa de carácter local e internacional-, y afirmó que resulta pertinente aclarar los alcances del concepto de ley sustantiva (v. fs. cit. y vta.).
A renglón seguido, postuló que resulta aplicable la doctrina emanada de los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la Corte federal, y se pronunció por el carácter sustantivo de las normas de raigambre constitucional (v. fs. 44 vta./45).
Confrontó con la mera discrepancia que le reprochó el auto adverso y mencionó aplicable lo fallado por este Tribunal en P. 112.218 (v. fs. 45 vta.). Discrepó -asimismo- con la falta de demostración de absurdo o arbitrariedad, y adjetivó de "dogmáticas" las afirmaciones vertidas por el a quo (v. fs. 46).
Mencionó diversas garantías constitucionales, halló configurado un supuesto de gravedad institucional, y -en puridad- razonó que se encuentra planteada una cuestión federal. Ello, con cita de precedentes de la Corte IDH y el Máximo tribunal nacional (v. fs. 46 vta./48).
En un acápite específico se ocupó de los fundamentos denegatorios del remedio de nulidad (v. fs. 49). Transcribió parcelas del decisorio adverso y denunció que "la transcripción mecánica y automática invocación" de precedentes soslaya los estándares citados de la instancia supranacionales, lo cual -afirmó- resultan incompatibles con lo esgrimido por el a quo (v. fs. 49/50).
Concluyó en que corresponde que esta Suprema Corte declare admisibles las tres vías incoadas (v. fs. 50 in fine ). Citó numerosos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 50/52).
III. Ahora bien, el órgano casacional razonó que el decisorio atacado "resulta una sentencia incuestionablemente definitiva", y se han cumplimentado las exigencias de los arts. 481 y 483 del Código Procesal Penal (v. fs. 34).
De seguido, se abocó -en primer lugar- al tratamiento del remedio incoado en los términos del art. 494 del código ritual. Halló inabastecidas las exigencias allí fijadas y entendió que la parte tampoco logró desarrollar de "forma concreta, acabada y fundada" la existencia de circunstancias excepcionantes. Ello, con cita de lo resuelto por esta Suprema Corte en P.108.624 (v. fs. cit. y vta.). A continuación, especificó que si bien el impugnante tacha de arbitrariedad lo decidido, "desconoce o hace caso omiso a lo resuelto, esgrimiendo -en puridad- una opinión discrepante, y reeditando agravios ya tratados. Concluyó en la falta de aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que se hallen involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales (v. fs. 34 vta.).
A continuación, se ocupó de lo argüido a tenor del recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 35 vta.). Expuso, con remisión a criterios de esta Corte, que -a los fines del tratamiento del planteo de confronte constitucional- resulta indispensable la indicación concreta del derecho federal invocado y su conexión con la materia del pleito (v. fs. cit.).
Finalmente, sindicó que la vía del art. 491 del Código Procesal Penal, no contaba con el "debido desarrollo y fundamentación necesaria para poseer viabilidad" (v. fs. cit. in fine ); mencionó las causales de admisibilidad y razonó que -en el caso- la parte efectuó una crítica a las respuesta formuladas, lo que no constituye un planteo a tenor del art. 168 de la Constitución provincial, pues intentó controvertir el acierto o sentido de lo resuelto. Trajo a colación diversos precedentes de esta Suprema Corte (v. fs. 36).
IV. El juicio de admisibilidad negativo desplegado por el Tribunal Casatorio debe mantenerse, aunque por diverso fundamento.
Lo sustancial para la improcedencia de las vías intentadas radica en que las sentencias que no hacen lugar al sobreseimiento por extinción de la acción penal no terminan la causa ni impiden su continuación, ergo, no pueden considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal, criterio que ha sido soslayado por el órgano al efectuar el juicio de acuerdo a lo normado en el art. 486 del código ritual.
Es que, la decisión impugnada, en tanto tiene como consecuencia la obligación de que el imputado siga sometido a proceso no constituye sentencia definitiva, ni representa un supuesto de equiparación a ella, en tanto, por sus efectos, lo resuelto no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior, que requiera tutela judicial inmediata (P. 103.812, res. del 16-II-2011, P. 116.856, res. del 12-XII-2012; P. 115.680, res. del 3-VII-2013; P. 122.210, res. del 29-XII-2014; P. 120.046, res. del 11-III-2015; P. 122.632, res. del 18-V-2016; e/o.)
IV. Por último, la invocación de garantías constitucionales o de arbitrariedad no suple la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (CSJN, Fallos: 254:12; 256: 474; 267: 484; 276: 366; 296: 552; 304: 1344; etc.) en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de estas problemáticas.
V. Sólo resta señalar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos(conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017)..
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa particular a favor de Marcelo Isidro Rodríquez, con costas (arts. 486 bis , CPP).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios del doctor Camilo Jorge Rizzolo por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3051
Fin de la sentencia