Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128578
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- la queja articulada por el defensor particular a favor de Jairo Emanuel Rivero, con costas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios por la labor profesional desarrollada ante esta instancia por el doctor Gustavo De Simone (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"RIVERO, JAIRO EMANUEL S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 78.175 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA I".
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.578-RQ, caratulada: "Rivero, Jairo Emanuel s/ recurso de queja en causa N° 78.175 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado 29 de diciembre de 2016, declaró inadmisibles los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por la defensa particular contra el decisorio de dicho órgano que -en lo que aquí interesa- rechazó el recurso homónimo y confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Isidro en cuanto condenó a Jairo Emanuel Rivero a la pena de siete años de prisión, entre otras declaraciones, por resultar partícipe necesario del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego, por su comisión en lugar poblado y en banda, y por efracción (v. fs. 20/25).
Para así fallar, sindicó abastecidas las exigencias de los arts. 482 y 483 del Código Procesal Penal. De seguido, señaló que no se cumplía con lo normado por el art. 494 del código ritual, pues el imputado había sido condenado a una pena menor a la allí señalada. Agregó que tampoco la parte desarrolló "de forma concreta, acabada y fundada la existencia de circunstancias que permitan excepcionar dichos requisitos objetivos" (v. fs. 20 vta./21). Trajo a colación lo fallado por esta Corte en P.108.624 (v. fs. cit. y vta.).
Señaló que si bien tampoco podía observarse un supuesto de infracción a la ley sustantiva, lo cierto es que la parte intentó sortear dicha circunstancia mediante la tacha de arbitrariedad (v. fs. 21 vta.). Agregó que esgrimió una opinión discrepante, reeditando agravios ya tratados, sin rebatir concretamente los argumentos del decisorio que cuestionó. Reforzó ello con el precedente P. 112.218 de este Tribunal (v. fs. 21 vta./22).
En virtud de lo expuesto, advirtió que no se hallaban involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas, dejando de lado el valladar de la norma ritual (v. fs. 22).
A continuación, exteriorizó que si bien los planteos de absurdo o arbitrariedad podrían sortear el valladar de la norma ritual, lo cierto es que -en el caso- no resultaban eficaces. Explicó que, bajo un pretendido ropaje federal, los planteos se vinculaban con cuestiones de orden probatorio y derecho procesal, Ello, a partir de citas del criterio sentado en P. 106.222 de esta Corte, y P. 106.514 en punto al desentendimiento de lo fallado (v. fs. 22/23).
Recordó el carácter excepcional que configura la vía, y desestimó la aptitud para reeditar planteos, en pos de una tercera instancia (v. fs. 23).
En segundo término, examinó el remedio del art. 491 del código de rito (v. fs. 23 vta.). Advirtió que el mismo carecía del debido desarrollo y fundamentación necesaria. Enumeró las causales de viabilidad y -con cita de lo fallado en P.116.124- indicó que la parte intentó controvertir el acierto o el sentido de lo resuelto. Finalmente, descartó que se encuentre configurado algún supuesto en el marco del art. 168 de la Constitución provincial, así como "agravio federal suficiente" que permita excepcionar dicha carencia (v. fs. cit./24).
II. En objeción a ello, la mentada defensa -doctor Gustavo Adolfo de Simone- interpuso recurso de queja en los términos del art. 486 bis , Código Procesal Penal (v. fs. 27/30).
Desarrolló su crítica a partir de dos cuestiones: el monto de la condena y la inaplicabilidad de la ley (v. fs. 27 vta. y fs. 29 vta.).
Respecto al primero, discrepó con la falta de desarrollo de circunstancias excepcionantes del límite ritual -art. 494, CPP- (v. fs. 27 vta.). Recordó que fue esgrimida la inaplicabilidad del valladar, en tanto "el recurso contra la NULIDAD impetrada no tiene un límite fijado por ley (conforme art. 491 al 493 CPPBA)" (fs. 27 vta. in fine /28). Resaltó que también fue esgrimido un supuesto de gravedad institucional -art. 2, ley 13.812- (v. fs. 28).
Explicó que el carril porta la denuncia de apartamiento de ciertas probanzas, y arbitraria valoración de otras, en franco quebranto a los principios de inocencia, debido proceso e in dubio pro reo ; así como la denuncia de vulneración al derecho al recurso y a una revisión amplia -arts. 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP- (v. fs. cit.). Concluyó que debe dejarse de lado la limitante en virtud de las cuestiones federales debatidas, a las que agregó la garantía de la defensa en juicio (v. fs. cit. in fine y vta.).
Para finalizar, trajo a colación los arts. 161, 168 y 171 de la Const. prov. y resaltó que esta Suprema Corte conserva el control casatorio de los fallos, sin perjuicio de la creación del a quo (v. fs. 29).
En lo que hace al restante motivo de crítica, denunció la absurda y arbitraria aplicación del art. 45 del Código Penal, y afirmó que "en el peor de los casos" debió aplicarse la figura del art. 46 del mentado cuerpo normativo (v. fs. 29 vta.).
III. La queja no prospera.
El quejoso no removió los obstáculos formales en base a los cuales el Tribunal intermedio desestimó los carriles extraordinarios, dejando incontrovertidos sus fundamentos.
Por un lado, respecto a la vía extraordinaria de nulidad, las alegaciones de la parte no están dirigidas a demostrar que -contrariamente a lo afirmado por el Tribunal de Alzada- los cuestionamientos allí esgrimidos encajasen en alguno de los motivos previstos por el art. 491 del Código Procesal Penal. Por otro, en lo que hace a la vía del art 494 de dicho digesto, el recurrente esgrime una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo , en tanto se limita a señalar que aquel medio recursivo contenía embates aptos para sortear la admisibilidad.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
IV. Sólo resta señalar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente- la queja articulada por el defensor particular a favor de Jairo Emanuel Rivero, con costas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios por la labor profesional desarrollada ante esta instancia por el doctor Gustavo De Simone (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3116
Fin de la sentencia