Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129453
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Corresponde poner en conocimiento de la Procuración General, ante la posible situación de que no se hayan tomado en cuenta las pautas establecidas en el Protocolo para la recepción de testimonios de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años- víctimas o testigos de alguno de los delitos tipificados en el Libro II Título III del Código Penal (SC, resolución 903/12, 25 de abril de 2012), a sus efectos.
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.453, "Octavo, Willy. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 78.602 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de marzo de 2017, rechazó el recurso de la especialidad articulado por la defensa oficial de Willy Octavo, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza que lo condenó a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (v. fs. 62/70).
La señora defensora oficial adjunta ante aquel Tribunal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 76/95), el que fue declarado inadmisible por el órgano recurrido (v. fs. 96/100).
Contra esa decisión, la defensa articuló recurso de queja (v. fs. 175/185 vta.). Por resolución del 28 de marzo de 2018, este Cuerpo admitió la misma y concedió la vía extraordinaria en trato (v. fs. 189/194).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 202/204 vta.) dictada la providencia de autos (v. fs. 205) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En la sentencia de grado se condenó por el delito de abuso sexual con acceso carnal, sin embargo, los artículos citados no corresponden al delito atribuido véase que citó los arts. 166 inc. 2, segundo párrafo y 189 bis inc. 2, tercer párrafo del Código Penal- (v. fs. 20 y vta.), lo que, cabe entender, se debió a un error material, toda vez que el sentenciante expresó en la primera cuestión referida a la calificación legal que "...quedó probado que existió un acceso carnal en la niña [...], siendo que el abuso sexual surge 'ipso iure' de la propia norma prevista en el art. 119 del C.P., cuando el abusado fuere menor de 13 años" (fs. 18 vta. y 19), condenándolo a la pena mínima establecida en el art. 119 tercer párrafo con relación al primero del Código Penal. Por lo demás, el punto no fue materia de reclamo.
II. La señora defensora oficial ante el Tribunal de Casación alegó la errónea revisión de la sentencia de condena. Denunció, además, la violación al debido proceso, la defensa en juicio y a los principios de inocencia e in dubio pro reo (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP).
Señaló que el Tribunal de Casación realizó una exploración formal de los elementos probatorios para dar por acreditada la materialidad ilícita y la autoría de su asistido, sustrayéndose así del examen integral que se le impone por la garantía convencional del "doble conforme" (v. fs. 78 vta. y 79).
Sostuvo que el tribunal se limitó a convalidar la sentencia de condena, reeditando la de grado, sumando para responder a los agravios de la defensa, meras fórmulas genéricas y afirmaciones dogmáticas sin efectuar un análisis propio sobre las constancias de la causa.
Indicó que con su accionar el órgano casatorio estaría consagrando que en cada juicio oral por el principio de oralidad e inmediación no va a explorar todos y cada uno de los elementos recolectados en la causa, vulnerando así el debido proceso, defensa en juicio, así como el principio de in dubio pro reo y la garantía del doble conforme.
Refirió que, si el tribunal intermedio hubiera revisado la totalidad de las constancias de la causa, habría advertido que la investigación comenzó con un acta de procedimiento y aprehensión de fecha 24 de agosto de 2014, en la que se dio aviso a la autoridad policial de que civiles estaban intentando linchar a una persona Octavo- por un presunto abuso sexual, para luego continuar con el pedido de prisión preventiva por parte del fiscal en fecha 22 de septiembre de 2014, imputándole a su asistido el haber accedido carnalmente a la menor E. S. en fecha indeterminada "...pero aproximadamente entre el 21 de diciembre de 2013 y el 21 de marzo de 2014...", o sea en una fecha que no pudo situarse en qué día o mes dentro de un lapso de tres meses, de acuerdo a las declaraciones testimoniales de la madre y la madrina de la menor (v. fs. 86 y vta.).
En ese sentido cuestionó no solo que la investigación preliminar fuera insuficiente, sino que no se le haya recibido testimonio a la menor de acuerdo a lo establecido en el art. 102 bis, segundo párrafo del Código Procesal Penal, siendo que el informe psicológico efectuado dio cuenta de que se encontraba en condiciones de prestar declaración.
Criticó, también, que el órgano casatorio no se preguntara por qué en el curso del debate, se desistieron todos los testigos (un total de 43 personas) entre los cuales se encontraba la menor y la señora K. P.-, y que con tal sólo la declaración de la progenitora de la menor, la Licenciada Andrea Megna y la testigo E. S., el fiscal haya considerado atenuantes y agravantes solicitando la pena de once años de prisión, siendo un delito cuya escala penal parte de un mínimo de seis a un máximo de quince años (v. fs. 89 y vta.).
Finalmente reiteró que, si el Tribunal de Casación hubiese cumplido debidamente con su tarea revisora de la sentencia de grado, habría aplicado el estado de duda beneficiante solicitado, anulando la condena y no convalidándola arbitrariamente como lo hizo.
Requirió por último se case la sentencia impugnada y se reenvíe al a quo a fin de que debidamente integrado- dicte una nueva decisión conforme a derecho (v. fs. 94 vta.).
III. El señor Subprocurador General al emitir su dictamen propició el rechazo del recurso interpuesto (v. fs. 203/204 vta.). Coincido con él.
IV. El embate no prospera.
La materialidad ilícita que el a quo tuvo por acreditada da cuenta que "...en fecha indeterminada, pero aproximadamente entre el 21 de diciembre del año 2013 y el 21 de marzo de 2014, en el interior de la habitación ubicada en el domicilio de la calle De Los Incas entre … y B…, de la localidad de Isidro Casanova, Partido de La Matanza, Willy Octavo penetró con su pene vía vaginal, por la fuerza, a la menor E. L. S." (fs. 64).
Destacó la Casación que "La conclusión condenatoria del tribunal a quo se halla debidamente motivada, y encuentra adecuado respaldo en las diversas piezas probatorias analizadas por el tribunal..." y añadió que "Las piezas de la investigación penal preparatoria incorporadas al debate conforme el art. 366 del ritual, aunadas a la auditada en el mismo, determinaron un plexo probatorio suficiente para otorgar certeza tanto respecto del ilícito como de la autoría responsable del encausado" (fs. cit.).
Al respecto explicó que el desenlace incriminatorio "...tuvo por punto de partida el motivado examen del testimonio prestado por la madre de la niña S., E. A. y la madrina de la menor, E. S.". Asimismo, señaló que el a quo, los complementó con el resto del plexo probatorio analizado: "...el informe médico ginecológico practicado a la niña, el informe psicológico de la menor y del imputado, el informe del C.T.A. elaborada por la licenciada Pereyra y la declaración de la perito psicóloga que entrevistó a la menor" (fs. 64 vta. y 65).
En respuesta a la ausencia de declaración por parte de la víctima, el órgano casatorio señaló que, si bien no se contó con el relato directo de la víctima, el tribunal de juicio computó que sus familiares tomaron conocimiento de lo sucedido a través de sus propios dichos y por la directa imputación que la menor le atribuyó al encartado, no observando que tuvieran motivos para incriminar a Octavo en un hecho ajeno (v. fs. 65).
Enfatizó que "El grado de credibilidad que el sentenciante le ha otorgado a los dichos de la madre y madrina de la víctima no logra ser enervado por el recurrente, desde que sin brindar mayores razones, su crítica se ciñe a afirmar que responsabilizan a Octavo en un hecho que le resulta ajeno, lo cual resulta a todas luces insuficiente, si, además, se toman en cuenta las apreciaciones sentenciales que dan cuenta de no haber advertido ninguna circunstancia que permitiera descalificar su relato" (fs. 66 vta.).
Asimismo, destacó que los relatos de la madre y la madrina se solidificaron con la armónica valoración de la declaración de la perito psicóloga Andrea Megna. En ese sentido, expresó que la profesional declaró en el debate que la menor le había relatado pormenorizadamente, "...cómo el imputado la llevó con engaños hasta la habitación donde vivía, que luego la obligó a desvestirse, la tiró en la cama, sintiendo un fuerte dolor en su vagina" y que "...no tenía dudas de que se trataba de una vivencia real de la niña, y no fabulada", indicando que los test realizados arrojaron índices de abuso sexual infantil, "...a lo que se adunan las características de quienes padecen dichos ataques, ello conforme el relato de sus familiares, introspección, baja en el rendimiento escolar y violencia manifiesta contra el género opuesto" (fs. 68).
Por otra parte, el Tribunal de Alzada dio respuesta a la crítica del recurrente respecto a los tests o la entrevista practicada con la menor, considerándola ineficaz no sólo porque no vislumbró suposiciones o inferencias personales sino también porque la parte no demostró que hubiera interrogado a la profesional al respecto o que ésta hubiera omitido dar explicación alguna.
De la misma forma, resaltó que la versión exculpatoria brindada por el imputado no fue desapercibida por el juez de origen, quien destacó el conocimiento barrial entre él y la menor, esencialmente a través de medios informáticos, lo cual fue admitido por el propio acusado (v. fs. 68 vta.).
La Casación con relación a lo puntualizado por la defensa en cuanto a que el relato de su asistido se corroboró con el testimonio de la señora B. K. P., advirtió que fue desistida su declaración en el debate, lo que impidió su interrogatorio (v. fs. 69).
Finalmente refirió que no podía ser atendida la crítica basada en la pesquisa practicada sobre la página de Facebook de la menor, donde no hallaron intercambio de mensajes con el imputado, toda vez que fue él quien declaró en el debate el haberlos tenido (v. fs. cit.). En este aspecto es pertinente explicitar que Octavo, de veinte años de edad al momento del hecho, manifestó haber tenido comunicación por mensajes de Facebook con la niña (v. fs. 5 vta./7) quien tenía diez años.
Rechazadas entonces las críticas defensistas en torno a la valoración de la prueba se ocupó luego el tribunal de la alegación vinculada a que se aplique "duda beneficiante", manifestando que no puede ser atendida, toda vez que "Ningún pasaje del pronunciamiento permite vislumbrar siquiera mínimamente duda en el ánimo del juzgador, que explicó adecuadamente los válidos motivos ...[para]... tomar la decisión que adoptó" (fs. 69).
V. De la lectura del fallo, transcripto aquí en forma parcial, surge la justificación de la cual deriva la resolución final. El a quo se ha ocupado de responder los agravios llevados ante esa instancia y explicar los fundamentos por los que consideró según se viera- ajustada a derecho la sentencia dictada al cabo del juicio.
La recurrente se limita a denunciar la existencia de arbitrariedad por afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los pronunciamientos judiciales y alega la "...errónea revisión de la sentencia de condena" así como afectación de la garantía de defensa en juicio y debido proceso (art. 18, Const. nac.), pero tales supuestos no ocurren en el sub lite. En efecto, en oposición a lo transcripto en los párrafos que anteceden, las diversas aseveraciones formuladas por la parte no logran evidenciar en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.), así como tampoco el desconocimiento de la doctrina que emana del precedente "Casal".
Es que, más allá de que la defensa expresa su oposición a la actividad valorativa, no evidencia que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia. Cabe recordar que el objeto de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia de Nación "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234), y, en el presente caso, la señora defensora oficial no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado (art. 495, CPP).
La recurrente pretende que el órgano intermedio debió "...revisado la totalidad de las constancias de la causa..." (fs. 85 vta., 87, 88 y 89 vta.) sin hacerse cargo de que lo que la doble instancia impone es abordar los planteos que la parte hubiera formulado en el recurso de casación, lo que así hizo.
Por otra parte, el a quo no se limitó a trascribir los fundamentos del veredicto punto de partida del cual, además no podía prescindir- sino que justificó por qué razón eran ajustados a derecho.
Con relación al in dubio pro reo, las objeciones de la impugnante solo exhiben una mera discrepancia con el criterio del tribunal sin lograr evidenciar, ni siquiera prima facie, que se haya incurrido en un desacierto palmario o en contradicciones de tal magnitud que descalifiquen el pronunciamiento en términos de arbitrariedad de la sentencia con aptitud para interesar la garantía constitucional que se dice afectada.
Si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello la recurrente ha logrado aquí justificar (causa P. 103.093, resol. de 14-VII-2010).
VI. Sin perjuicio de que en este caso los tribunales intervinientes conformaron un cuadro probatorio que sustentó la condena aunque no se recibió declaración a la niña víctima, corresponde poner la situación en conocimiento de la Procuración General a sus efectos, ante la posibilidad de que no se hubieran tomado en cuenta las pautas establecidas en el Protocolo para la recepción de testimonios de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años- víctimas o testigos de alguno de los delitos tipificados en el Libro II Título III del Código Penal (SC, resolución n° 903/12, 25 de abril de 2012).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Negri, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Corresponde poner en conocimiento de la Procuración General, ante la posible situación de que no se hayan tomado en cuenta las pautas establecidas en el Protocolo para la recepción de testimonios de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años- víctimas o testigos de alguno de los delitos tipificados en el Libro II Título III del Código Penal (SC, resolución 903/12, 25 de abril de 2012), a sus efectos.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia