Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129781
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar procedente el recurso de queja presentado in pauperis por Hugo Daniel Ledesma a fs. 33/41 vta. y ordenar a la Sala I del Tribunal de Casación Penal que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho con el alcance fijado en el punto III.
2Del presente (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
2Desestimar, con costas, el recurso de queja presentado por la defensa oficial a fs. 66/70 vta. (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
La Plata, 14 de marzo de 2018.
La presente causa P. 129.781, caratulada: "Ledesma, Hugo Daniel s/ Recurso de queja en causa n° 78.454 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 23 de agosto de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Hugo Daniel Ledesma contra el pronunciamiento de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza que, en el marco de un proceso de juicio abreviado, lo condenó a la pena de trece años y ocho meses de prisión, declaración de reincidencia, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por la condición de personal policial de la víctima en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, imponiéndole pena única de trece años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, manteniéndose la declaración de reincidencia, comprensiva de la anterior y de la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento y costas, impuesta en causa 864/15 del registro de dicho Tribunal (v. fs. 109/113).
Para arribar a tal decisión, afirmó que se cumplió con la exigencia del monto de la pena del art. 494 del ritual.
De seguido, explicó que la defensa desarrolló dos agravios. El primero, no puede prosperar pues consiste en tópicos procesales ajenos a la vía en trato.
En lo que hace al segundo, vinculado con la infracción al principio de congruencia y con el tránsito aparente por la instancia casatoria, lo descartó pues consideró que la parte se limitó a exponer una mera opinión discrepante.
Indicó que no se advierten cuestiones federales que estén involucradas de manera directa e inmediata que permitan dejar de lados las limitaciones formales de la vía en trato. En su apoyo, citó precedentes de esta Corte.
Concluyó que el recurrente se desentendió de lo efectivamente fallado. Trajo a colación jurisprudencia de este Tribunal.
Por último, descartó el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 citado.
II. Hugo Daniel Ledesma, presentó recurso de queja en forma paureris (v. fs. 33/41).
Denunció que el Tribunal de Alzada omitió tratar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad presentados por derecho propio, afectando el debido proceso y la defensa en juicio de las personas privadas de libertad (v. fs. 35 vta./37 vta.).
De seguido, tildó de arbitraria la desestimación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y alegó que es injustificado y arbitrario brindar un desigual tratamiento a las partes, todo lo cual vulnera el acceso a la jurisdicción federal (art. 16, Const. nac., fs. 39).
Luego, solicitó se incluyan dentro del concepto de "ley sustantiva" las normas constitucionales y los tratados internacionales incorporados a ella, a los fines de garantizar el derecho a un recurso amplio, sencillo y eficaz (arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac. -fs. 39 y vta.-).
Entendió que las argumentaciones del doctor Coriolano son aptas para superar los recaudos formales de la vía en trato (conf. "Strada" y "Di Mascio" -fs. 39 vta./40-).
Por último, indicó que en el recurso extraordinario de nulidad se denunció la omisión de tratamiento de los agravios en torno a la calificación legal y al quantum de la pena impuesta. Según el apelante, tal situación generó un perjuicio concreto por lo que pidió se anule la decisión en crisis y se dicte un nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov. -fs. 40-).
III. Por su parte, el defensor oficial, doctor José María Hernández, presentó queja (123/134 vta.).
Tachó de arbitraria la desestimación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley pues en base a fórmulas genéricas y dogmáticas se descartaron agravios de índole federal (arts. 31, 75 inc. 12, 116, 121, 124 y concs., Const. nac. -fs. 128 vta.-).
Indicó que la cita efectuada por el a quo de la causa P. 106.222 no es aplicable al caso (v. fs. 128 vta./129).
A continuación, explicó que se desarrollaron agravios de índole federal ya que se denunció la violación del principio de congruencia y, con ello, las garantías de defensa en juicio y debido proceso (arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac., 8.2. b y c, CADH; 14.3. a. y b., PIDCP -fs. 129 y vta.-).
También se cuestionó el incumplimiento del derecho a la revisión amplia de la sentencia de condena (arts. 8.2.h, CADH y 14.5., PIDCP; conf. "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte nacional). Señaló que el modo en que el a quo abordó el pedido de cambio de calificación de la figura del art. 80 inc. 8 del Código Penal a la del art. 79 del citado cuerpo de leyes infringió el derecho a la doble instancia y el principio de congruencia, defensa en juicio y debido proceso. Resaltó que el sentenciante se negó a tratar el agravio referido a la calificación legal por estimar que eventualmente le sería aplicable otro tipo penal que prevé la misma pena (art. 80 inc. 7) lo que implicó una modificación en la plataforma fáctica de manera notoria: matar por condición de policía de la víctima por la de matar para procurar la impunidad de otro delito. En su apoyo, citó el fallo "Sircovich" de la Corte nacional (v. fs. 132 vta./134).
Concluyó que el a quo de manera arbitraria negó la existencia de cuestiones federales vinculadas de manera directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso. A todo evento, se dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 494 del ritual (v. fs. 83 vta./85).
III. En lo que respecta a la queja presentada in pauperis por Hugo Daniel Ledesma, cabe recordar que es doctrina reiterada de esta Corte la que admite la presentación del propio imputado a la par de la vía recursiva emprendida por su defensor técnico, en tanto tienen distinta naturaleza procesal, siendo la del encausado una clara expresión del ejercicio de su defensa material (conf. P. 41.190, sent. 8-IX-1992; P. 43.905, sent. de 23-II-1993; P. 49.356, sent. de 4-IV-1995; P. 40.639, sent. de 2/ IV/1996; Ac. 102.725 -y su acumulada Ac. 102.844, 15-IV-2009; P. 101.324 -y su acumulada P. 101.272-, sent. de 25-VIII-2010; P. 103.205, sent. 22-VII-2010, entre muchos otros).
También surge de tales precedentes que la presentación suscripta por el imputado no escapa al cumplimiento de las formalidades propias de la vía emprendida (conf., por todos, P. 101.324 y su acumulada P. 101.272, cits.).
III. 1. Sentado lo anterior, el recurso de hecho del acusado es procedente (art. 486 bis, CPP).
Es que tal como lo puso de manifiesto Ledesma, el Tribunal de Casación Penal al efectuar el juicio del art. 486 del Código Procesal Penal examinó la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida por la defensa oficial pero ninguna consideración hizo respecto de los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley presentados por Ledesma; ni siquiera los reseñó.
III. 2. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a la queja y ordenar a la Sala I del Tribunal de Casación Penal que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, examinando la admisibilidad de los carriles extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos in pauperis por Hugo Daniel Ledesma.
IV. La queja presentada por la defensa oficial es improcedente (art. 486 bis, CPP).
IV. 1. En efecto, el quejoso no logró remover de manera eficaz el argumento del órgano revisor que desestimó los agravios de pretensa índole federal por no haberse demostrado la relación directa e inmediata entre esto y lo debatido y resuelto.
La defensa oficial insistió en la violación de las garantías de defensa en juicio (principio de congruencia), debido proceso y derecho al recurso pero no demostró que tales planteos se hubieran desarrollado con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de la admisibilidad.
En definitiva, sin perjuicio del acierto o error de lo decidido por el Tribunal de Alzada al descartar el pedido de cambio de calificación de la figura prevista en el art. 80 inc. 8 del Código Penal al art. 79 del mismo cuerpo de leyes (v. sentencia a fs. 77/85 vta., en especial, fs. 80 vta./81 vta.), el quejoso -tal como lo puso de manifiesto el órgano revisor en el juicio de admisibilidad negativo; -v. punto I. del presente- no demostró la relación directa e inmediata entre lo fallado y dichas garantías (arts. 14 y 15, ley 48).
IV. 2. A raíz de lo expuesto en los párrafos anteriores y de la reseña efectuada en el punto I. del presente, corresponde desestimar la denuncia de arbitrariedad en tanto el examen de admisibilidad negativo cuenta con la fundamentación suficiente que lo deja salvo de la tacha intentada.
IV. 3. Por último, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal carece de virtualidad en la medida que lo decidido por el Tribunal de Casación y aquí confirmado, no se fundó en las limitaciones allí establecidas sino en que no se hallaban exteriorizados de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Declarar procedente el recurso de queja presentado in pauperis por Hugo Daniel Ledesma a fs. 33/41 vta. y ordenar a la Sala I del Tribunal de Casación Penal que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho con el alcance fijado en el punto III. 2. Del presente (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
2. Desestimar, con costas, el recurso de queja presentado por la defensa oficial a fs. 66/70 vta. (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo ordenado en el punto 1 y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia