Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130045
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, Negri, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.045, "González, Juan Alberto s/ Recurso de queja en causa n° 78.746 y acum. n° 78.645 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de septiembre de 2017, desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de ese mismo órgano que rechazó en lo que aquí interesa- el remedio de la especialidad deducido frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que condenó a Juan Alberto González a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego, robo calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y abuso de armas calificado por dirigirse contra personal policial por su función y para procurar impunidad (v. fs. 179/182).
El señor defensor oficial ante aquella instancia doctor Nicolás Agustín Blanco- articuló queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 259/267 vta.). Por resolución del 11 de julio de 2018, este Cuerpo admitió la misma y concedió la vía extraordinaria en estudio (v. fs. 273/276).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 282/286), dictada la providencia de autos a fs. 287 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial ante la instancia casatoria interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que planteó dos motivos de agravio.
I.1. En primer lugar, denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por haberse ponderado a su entender- indebidamente circunstancias agravantes; y la infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana (arts. 1 y 28, Const. nac.)-, el debido proceso y el derecho de defensa (v. fs. 158).
Sostuvo que el fallo impugnado constituyó un tránsito aparente por la instancia revisora que frustró el derecho al doble conforme, a la vez que incurrió en arbitrariedad al ratificar circunstancias agravantes valoradas en la sentencia de primera instancia. Agregó que también era arbitrario por no haber dado respuesta a los agravios en los que se denunciaba ausencia de fundamentación del monto de pena impuesto (v. fs. 158 vta. y 159).
Alegó que el Tribunal de Casación reeditó las razones dadas por la sentencia de mérito, frustrando el derecho al doble conforme (v. fs. 159).
De seguido, se ocupó de las pautas agravantes valoradas, cuestionando la respuesta que el a quo le dio a cada una de ellas.
En orden a la pluralidad de intervinientes sostuvo que los argumentos brindados resultaron reiterativos e incongruentes con las circunstancias concretas de la causa, pues la afirmación de que la pluralidad asegura o proporciona impunidad, además de aumentar el peligro corrido por la víctima, por un lado, no se condice con el resultado del evento (en que ambos agresores terminaron detenidos y condenados), y por el otro, "...pues resulta claro que la ventaja que podían aprovechar los agresores respecto de sus víctimas estaba dada no por la pluralidad de intervinientes, sino por la utilización de armas de fuego..." (fs. 160).
Con relación al uso de armas de fuego, entendió que el fallo casatorio era arbitrario, toda vez que no explicó su incidencia concretamente en los hechos, más allá del incremento de la sanción que ya se encuentra contemplado por la figura del robo agravado por el uso de armas de fuego (v. fs. 160). Indicó que al no hacerlo incurrió en una doble valoración prohibida.
Atacó que el órgano casatorio haya estimado que la utilización de un vehículo para llegar al lugar aseguraba un mayor éxito de la empresa delictiva. Adujo que bastaba con repasar las constancias de la causa para comprobar que dicha afirmación resultaba arbitraria. "Los condenados no se sirvieron del vehículo para arribar a un lugar de difícil acceso, ni lo utilizaron para cargar y transportar el producto del delito, tampoco fue empleado para huir, por el contrario, lo dejaron abandonado en el lugar por lo que no existió un real aprovechamiento del rodado" (fs. 160 vta.). Indicó que la sentencia no explicaba por qué la circunstancia de llegar al lugar del hecho con un vehículo podía importar una facilitación para la consumación del robo que no se vinculara con la posibilidad de usarlo para huir (v. fs. 160 vta. y 161).
Con relación al "riesgo creado hacia terceras personas por los disparos efectuados" expuso que de las constancias de la causa no surgía que efectivamente se hubiese generado un riesgo a terceros. En tal sentido, hizo referencia a que la misma sentencia indicó que los menores fueron apartados del lugar antes de que se efectuara disparo alguno, por lo que resultaba contradictorio afirmar luego que los disparos representaron un riesgo para los mismos, si ya habían sido puestos a resguardo (v. fs. 161). Sostuvo que el tribunal al deducir que por la hora en que ocurrió el acometimiento había más gente en la vía pública, se contrapuso con la circunstancia derivada de las condiciones que presentaba el clima en esa jornada garúa y frío-, que sugerían como altamente presumible que no se hallara a mucha gente en la calle (v. fs. 161 y vta.).
Por último, cuestionó que el órgano revisor haya ratificado que el haber apuntado con un arma en la cabeza a un niño conllevaba un mayor grado de injusto, desentendiéndose de la crítica defensista que afirmaba no haberse constatado que su asistido fuera quien apuntó al menor con un arma, por ello concluyó que no podía tal conducta serle reprochada para agravar la pena (v. fs. 161 vta.).
En definitiva, solicitó la casación del fallo y la desconsideración de las pautas agravantes erróneamente valoradas.
I.2. Luego, alegó la errónea revisión de la sentencia de condena en lo que hace a la ausencia de fundamentación del monto de la pena (v. fs. 162).
Adujo que el a quo no trató la cuestión "...o lo hizo de modo parcial, pues sólo hizo referencia al monto de pena impuesto, y a la no obligación de partir del mínimo legal de la escala penal, pero sin dar ninguna respuesta en relación a la falta de fundamentación del monto de pena" (fs. 162 vta.).
Por un lado, sostuvo que no surgía de la sentencia en crisis la escala penal elaborada ni su proceso de formación, lo que a su entender- le impidió a la defensa controlar esa operación intelectual (v. fs. 162 vta. y 163).
Citó el voto minoritario del doctor Zaffaroni en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Estevez" y añadió que "...extraída la escala penal aplicable para adecuarla al caso en concreto, se obtiene un punto fijo del cual partir a los efectos de ponderar desde allí las atenuantes y agravantes" (fs. 164). Y que una vez enumeradas dichas pautas, correspondía asignarle a cada una un monto de punición para luego de sumadas y debitadas, llegar al monto fijo final que será la pena a aplicar (v. fs. 164 vta.).
Por el otro, aludió a la fundamentación de la pena de prisión, refiriendo que el Tribunal de Casación se limitó a expresar que no se evidenciaba en el caso un supuesto de notoria arbitrariedad o desproporción de la pena impuesta (v. fs. cit.), sin dar una sola razón de cómo y por qué arribó a dicha conclusión. En consecuencia, sostuvo que no elaboró ningún tipo de análisis sobre la escala penal ni sobre el modo en cómo impactaron las pautas atenuantes y agravantes ponderadas, sin brindar respuesta al planteo de esa parte acerca de la falta de fundamentación de la pena, lo que a su modo de ver no se condecía con una adecuada revisión integral de fallo. Consideró necesaria la cuantificación de cada pauta mensurativa de la sanción, ya que "...no se trata de una operación traducible en términos aritméticos al estilo 'tantos agravantes, menos tales atenuantes, igual a once años para González', sino que es menester la exteriorización de los fundamentos pertinentes para precisar el modo en que cada pauta agravó o atenuó el monto, y para el monto final en sí, como reflejo de los principios de culpabilidad y proporcionalidad para cada imputado" (fs. 166).
De este modo, concluyó que el tratamiento dado al agravio implicó un tránsito aparente por la instancia casatoria. Aseguró que ese proceder vulneró el debido proceso, la defensa en juicio y el derecho del imputado a obtener un examen integral del fallo de condena, a la luz de los arts. 18, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por último, y en apoyo de su tesitura, trajo a colación segmentos de los precedentes de esta Corte en causa P. 83.260, sentencia de 8-IX-2004 y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa M.303.XXXII "Miara, Samuel" y "Castillo de Miara, Beatriz s/ suposición de estado civil", sentencia de 15-VII-1997, y causa S.597.XXXIX, "Squilario, Adrián, Vazquez, Ernesto Marcelo s/ defraudación especial", sentencia de 8-VIII-2006 (v. fs. 168/169).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la vía intentada.
III. Coincido con la solución propuesta. El recurso extraordinario deducido debe ser rechazado.
IV.1. En lo que hace al primero de los agravios, el Tribunal de Casación sostuvo que el planteo por el cual la defensa de González solicitaba la readecuación de la pena impuesta en función de los arts. 40 y 41 del Código Penal no podía prosperar, toda vez que las pautas ponderadas en la quinta cuestión del veredicto no merecían reproche (v. fs. 96).
En esa tarea, indicó que "La pluralidad de intervinientes resulta perfectamente meritable como agravante de la pena en los términos de los artículos mencionados desde que, como tiene dicho esta Sede ' [...] resulta válido invocar como agravante en el robo la pluralidad de intervinientes, sin que interese que haya mediado concierto previo entre los partícipes o que una vez en el teatro de los acontecimientos optaran por apoderarse de lo ajeno, habida cuenta que en uno y otro supuesto esa pluralidad asegura o proporciona impunidad, además de aumentar el peligro corrido por la víctima' [...]. A su vez, coincido con la jurisprudencia del Superior en cuanto a que '[...] desde un análisis gramatical dos constituyen una pluralidad y fácticamente la concurrencia de dos personas en la comisión de un hecho es demostrativa de mayor peligrosidad' [...]" (fs. cit.).
Agregó que tampoco podía ceder la agravante referida a la pluralidad de armas. "Entiendo al igual que el 'a quo' que las armas de fuego empleadas en el acontecer delictivo y ambas aptas para el disparo aumentan considerablemente tanto la intimidación como el mayor riesgo para las víctimas, toda vez que se potencian así riesgos para quienes soportan la empresa delictiva" (fs. 96 y vta.).
Sumó a lo dicho que la utilización de un vehículo en el escenario de los hechos implicaba un mayor disvalor del injusto, toda vez que aseguraba un mayor éxito de la empresa delictiva, precisando justamente que: "En el caso, llegaron al lugar dejando la camioneta en marcha lista para huir raudamente luego de perpetrar el atraco" (fs. 96 vta.).
Consideró, a su vez, que los disparos propios del enfrentamiento potenciaron y alimentaron el riesgo serio y cierto creado para terceras personas, sobre todo por tratarse de un horario donde los niños salían de la escuela y la zona donde ocurrió el hecho era un ámbito densamente poblado.
Por último, coincidió con el órgano de grado en que conllevaba un mayor grado de injusto el apuntar con un arma de fuego a la cabeza de un niño de un año de edad, temeridad que se encontraba manifestada por la angustia vivida por las víctimas.
IV.2. Frente a lo resuelto, el planteo formulado por la defensa se devela insuficiente (art. 495, CPP).
En efecto, la infracción a las normas del Código de fondo (arts. 40 y 41, Cód. Penal) como así también las garantías de raigambre constitucional que entiende vulneradas (debido proceso, defensa en juicio y obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana) no viene evidenciada en los desarrollos del recurrente.
Sus críticas no pasan de ser una opinión discrepante con las razones por las que el a quo confirmó el cómputo de las circunstancias agravantes ponderadas en la instancia de mérito, desde que el señor defensor oficial insiste con el mismo planteo y limita su cuestionamiento a que el tribunal revisor reeditó los argumentos dados en la sede anterior.
En este sentido, cabe destacar que el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del recurso impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; e.o.).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que "No son aptos para abrir la instancia los agravios que reiteran dogmáticamente los [...] ya vertidos sin plantear una crítica [...] razonada de todos y cada uno de los argumentos dados para desecharlos" (CSJN Fallos: 312:389; 314:481; conf. causas P. 103.053, sent. de 18-IX-2009; P. 124.969, sent. de 6-VI-2018; P. 124.633, sent. de 24-VIII-2018).
Lo así decidido impide tener por configurada la tacha de arbitrariedad que el recurrente le atribuye a las respuestas brindadas por el órgano intermedio, pues de acuerdo a lo reseñado, no se aprecia que el fallo en crisis padeciera de algún vicio que bajo el prisma de la pretoriana jurisprudencia del Máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en el amplio catálogo de la arbitrariedad denunciada.
En tal sentido, viene al caso recordar que el objeto de aquella doctrina "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234; conf. causas P. 101.193, sent. de 2-V-2009; P. 106.496, sent. de 14-IV-2010; P. 105.807, resol. de 12-X-2011; P. 110.405, resol. de 15-VIII-2012; P. 111.949, sent. de 24-IV-2013; P. 113.327, resol. de 7-VIII-2013; P. 114.590, resol. de 4-IX-2013; P. 112.443, resol. de 30-X-2013; P. 111.927, resol. de 20-XI-2013; e.o.).
V.1. Con relación al segundo de los planteos, el a quo señaló que el argumento de la parte por el que se agraviaba de la sanción impuesta no pasaba de ser un mero criterio subjetivo y de tinte dogmático que devenía irrelevante para modificar lo decidido (v. fs. 96).
Luego de sostener que "...los jueces son soberanos en la apreciación de todas las circunstancias atenuantes y agravantes, siendo sus conclusiones sólo revisables en casación cuando se acrediten absurdos, arbitrariedades valorativas o que se infrinjan las escalas penales fijadas para el respectivo delito" (fs. 96 vta.), afirmó que nada de ello sucedía en autos, desde que no se vislumbraba vicio alguno.
Entendió que en razón de los hechos que se tuvieron por legalmente acreditados en el caso, la pena aplicada a González no resultaba excesiva, encontrándose dentro de los parámetros establecidos por la legislación vigente.
A su vez dejó sentada su opinión, coincidente con la doctrina de la Suprema Corte de Justicia "...que ha descartado expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal y sostenido, que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal [...], como asimismo que no existe punto de ingreso a la escala penal [...]. Por otra parte, debo decir que no hay método alguno que permita transformar los juicios valorativos en cantidades numéricas de modo que, salvo supuestos excepcionales de notoria desproporción o irracionalidad, resulta improcedente el recurso casatorio que se limita a tildar de excesivo el monto de la pena escogido por el 'a quo'" (fs. 97).
V.2. En virtud de lo reseñado supra, se advierte que el embate traído se sustenta sólo en una visión diferente sobre la manera en cómo debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, sobre todo, tomando como premisa que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.326, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 125.842, sent. de 17-VIII-2016; P. 127.780, sent. de 18-X-2017; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; e.o.).
Sumado a que nuestro Código Penal no prevé una pauta legal determinada respecto de cómo el juez debe ingresar a la escala penal para efectuar la dosimetría (conf. causa P. 106.963, sent. de 16-V-2012).
En consecuencia, sus desarrollos no cuestionan debidamente los argumentos que con pie en la insuficiencia recursiva- llevaron al Tribunal de Casación a rechazar la pretensión defensista, traduciéndose en una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por el juzgador (art. 495, CPP).
Por otra parte, tiene dicho esta Corte que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 126.319, sent. de 23-XI-2016; P. 128.324, sent. de 29-VIII-2017; P. 126.901, sent. de 27-XII-2017; P. 120.231, sent. de 7-III-2018; P. 126.117, sent. de 3-V-2018; P. 125.831, sent. de 10-VIII-2018; e.o.).
Además, cabe indicar que la tacha de arbitrariedad dirigida contra este tramo del pronunciamiento del modo en que ha sido traída- no fue articulada con la suficiencia y la carga técnica necesaria para evidenciar lo requerido.
Es sabido que la doctrina sobre la arbitrariedad de las sentencias es particularmente restringida y que, en ese sentido, la parte que aduce la existencia de una cuestión federal bajo aquél cauce debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de esa cuestión por la vía del caso excepcional de arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren abastecidos en la especie.
Es que, la sentencia impugnada cuenta con fundamentación suficiente para ponerla a salvo de la tacha intentada, pues, en todo caso, la discrepancia se traduciría, en la incidencia que las pautas agravantes y atenuantes valoradas por el a quo debió tener en la determinación de la sanción, asunto que, por vincularse con el ejercicio por parte de los magistrados de sus facultades para graduar las sanciones dentro de los límites ofrecidos para ello por las leyes respectivas involucra de acuerdo al criterio expuesto sobre el punto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces de la causa y ajenas, por regla, al ámbito de la apelación federal extraordinaria
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.