Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130049
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.049, "Ortiz, Juan Domingo s/ Recurso de queja en causa n° 78.115 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de septiembre de 2017, desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de ese mismo órgano que rechazó el remedio de la especialidad deducido frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 de Lomas de Zamora que condenó a Juan Domingo Ortiz a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por acceso carnal y por la comisión con armas en concurso real con amenazas y violación de domicilio (v. fs. 97/99 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- articuló queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 216/220). Por resolución del 21 de noviembre de 2018, esta Corte admitió la misma y concedió la vía extraordinaria en trato (v. fs. 228/230).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 235/237 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 238, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El señor defensor oficial denuncia la violación a la garantía del juez imparcial, debido proceso y defensa en juicio y la afectación al principio de congruencia (v. fs. 202 vta.).
Sostiene que el tribunal de origen valoró una circunstancia agravante que no había sido requerida por el fiscal en su alegato.
Señala que la Fiscalía en dicha oportunidad solicitó que se pondere al determinar la pena "...el mayor disvalor de la acción que conlleva que la destinataria de la acción ilícita por parte de Ortiz fuera no solo una persona conocida, sino aquella que le brindara asistencia con motivos del accidente sufrido" (fs. 203 vta. y 204, el destacado figura en el original), sin hacer mención alguna al vínculo de pareja o relación afectiva que pudiese unir a los aquí involucrados.
Refiere que el señor defensor oficial de la instancia formuló agravios señalando que esa extralimitación en la que había incurrido el a quo , afectaba la garantía de juez imparcial en tanto se aplicaba una sanción no requerida por el Ministerio Público Fiscal.
Reseña lo resuelto por el Tribunal de Casación y cuestiona el argumento utilizado para el rechazo del planteo, pues a su entender, "...no es cierto que el Fiscal peticionara la valoración, como agravante, de la relación afectiva previa entre la víctima y el imputado..." (fs. 204 vta.). Explica que más allá de la existencia del vínculo de pareja entre ambos, esa circunstancia no fue solicitada por la fiscalía al momento de expresar los alegatos como una pauta aumentativa de la pena.
Reitera que el requerimiento fiscal se limitó únicamente al hecho de que la víctima fuera una persona conocida y que la misma le haya brindado asistencia con motivo del accidente sufrido por su defendido, y que nada señaló con relación al vínculo de pareja que otrora los uniera. "El hecho del conocimiento previo y la asistencia brindada de modo alguno permite presumir que la Fiscalía, al momento de referirse a la aumentativa de pena, se estuviese refiriendo a la relación afectiva que existiera entre la víctima y el victimario" (fs. cit.).
Alega que los elementos considerados por el Ministerio Público a efectos de discernir el monto de pena a imponer y los finalmente ponderados por el a quo resultan disímiles entre sí, lo que genera -según su criterio- la imposibilidad de defenderse de manera efectiva.
Aduce que la arbitraria adición de una circunstancia agravante importa un avasallamiento de la facultad acusatoria que violenta el principio de imparcialidad judicial y que debe ser remediado por el ejercicio imperativo del control de constitucionalidad y convencionalidad (v. fs. 205).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera (v. fs. 235/237 vta.).
III. El acta de debate da cuenta -en lo que aquí interesa- que, en oportunidad de formular sus alegatos, la fiscalía requirió se valore como agravante de la pena "...el mayor disvalor de la acción que conlleva que la destinataria de la acción ilícita por parte de Ortiz fuera no solo una persona conocida sino aquella que le brindara asistencia con motivos del accidente sufrido, y esto ha quedado acreditado no solo por los dichos de la damnificada sino de los propios dichos del imputado..." (fs. 8 vta.).
En la cuestión quinta del veredicto -a tenor de la materialidad ilícita acreditada, en la que la víctima refiriera que había sido pareja del imputado y que lo había cuidado tras un accidente que éste sufriera (v. fs. 13/14 vta.)- el sentenciante valoró como agravante "...el hecho de resultar la víctima no sólo una persona conocida del agresor, sino con quien había mantenido una relación afectiva y más aun luego de la ruptura continuaban frecuentándose, lo que importa un mayor reproche de su conducta" (fs. 25).
Por su parte, el Tribunal de Casación, ante el mismo agravio llevado a su conocimiento (planteado ahora en esta sede en términos constitucionales) expuso que "...a contrario de lo argumentado por el recurrente y conforme surge de fs. 8 vta. del presente legajo, el Fiscal peticionó la valoración, como agravante, de la relación previa entre la víctima y el imputado, estableciendo que el vínculo entre ellos se encontraba acreditado en virtud de los dichos de ambas partes, razón por la que fue receptada por el Tribunal. Consecuentemente y en argumento que comparto, entendió el 'a-quo' que lo señalado importaba un mayor reproche a la conducta del encartado, en virtud de la confianza existente entre ambos que se vio reflejada en la asistencia mutua por diferentes motivos, incluso después de la ruptura del vínculo sentimental" (fs. 72 vta.).
IV. El recurrente no consigue demostrar la transgresión a los principios y garantías constitucionales que alega como vulnerados (art. 495, CPP).
En particular, no evidencia la existencia de una variación trascendente de los hechos fijados a lo largo del proceso de manera que haya podido tomar por sorpresa al imputado y que, de ese modo, se haya afectado la necesaria correlación entre acusación y sentencia que lo haya privado de su defensa. En el caso, la parte tuvo la posibilidad de cuestionar la prueba, debatir y defenderse del mismo evento fáctico por el cual se lo condenó (art. 495, CPP).
La defensa se ciñe a la literalidad de lo expresado en la cuestión quinta del veredicto, pero, frente a la respuesta dada por el órgano intermedio a dicho agravio, tampoco intenta demostrar que la agravante que alude a la relación de pareja entre imputado y victima resulta diferente de aquella solicitada en los alegatos por el señor Fiscal cuando requirió que se pondere la circunstancia del conocimiento entre ambos (art. 495, CPP).
Tampoco indica cuál fue el perjuicio concreto que le ocasionó al encausado, o qué defensa se privó de ejercer para otorgarle al caso la solución pretendida por la parte.
Por otro lado, la posibilidad que el tribunal de origen tenía para valorar la agravante puesta en crisis como elemento del reproche -posibilidad legitimada por el órgano casatorio en los términos ya expuestos- es una cuestión ajena a las garantías que la parte entiende vulneradas. En efecto, la consideración jurídica que debe darse a un hecho conocido por la defensa, en tanto no resulte sorpresiva y se encuentre debidamente acreditado, es una atribución de los magistrados en ejercicio de su jurisdicción (conf. causas P. 59.972, sent. de 12-III-2003; P. 67.346, sent. de 23-IV-2003; P. 81.901, sent. de 3-XII-2003; P. 100.821, sent. de 26-VI-2013; e.o.).
Desarticulado este planteo, cae -por derivación lógica- la alegada afectación al debido proceso y la defensa en juicio.
Por último, y en lo que hace a la imparcialidad del juzgador, tampoco se puso en evidencia que el tribunal actuara con falta de neutralidad, prejuicios o interés personal, a tenor de lo resuelto (arts. 18, Const. nac. y 495, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia